El pueblo colombiano celebró en las calles la condena del expresidente Álvaro Uribe por sobornos para ocultar su vinculación con el paramilitarismo. Christian Arias Barona, analista político y militante de Marcha Patriótica Capitulo Argentino escribió al respecto el siguiente artículo.
Este 28 de julio de 2025 la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, emitió la sentencia condenando en primera instancia al ex presidente Álvaro Uribe Vélez como “determinador de una operación para manipular testigos” y a través de su abogado Diego Cadena, sobornarlos e incurrir en fraude procesal. Esta es la punta del iceberg que, a partir de confirmar la vinculación de Uribe con organizaciones paramilitares, permitirá impulsar otros casos en su contra.
Al analizar la causa judicial, no se observan elementos que permitan sostener que se trata de una persecución política, de un intento de proscripción o de lawfare -como se pretende caracterizar otro caso como el de Bolsonaro-, sino que por el contrario, la investigación se desarrolla en respeto al debido proceso y las garantías constitucionales propias del derecho penal.
A continuación, presentamos las claves del proceso y analizamos el efecto de la condena que marca un precedente en la historia política de Colombia y el mapa de fuerzas de cara a las elecciones de 2026.
Claves del proceso
- El 17 de septiembre de 2014 el senador Iván Cepeda realizó en la plenaria del Congreso un segundo debate sobre el paramilitarismo (el primero fue en 2012) en el cual presentó testimonios que vinculaban al ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y por entonces senador, con la organización y operatoria de grupos paramilitares de ultraderecha y narcotraficantes. Entre los testimonios estaban el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve quienes aportaron información sobre su relación con el ex presidente Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez, puntualmente, en la conformación del grupo paramilitar Bloque Metro de las AUC que operó en Medellín.
- Uribe demandó al senador Cepeda por presunto uso de falsos testigos, caso que por la investidura de ambos fue tomado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- La defensa de Cepeda presentó como pruebas una serie de testimonios recabados durante 2011 a paramilitares presos en Colombia y Estados Unidos, entre los cuales se destacan los de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraron que el Bloque Metro fue creado en la hacienda Guacharacas, entonces propiedad de la familia Uribe.
- En febrero de 2018 la CSJ declaró inválida la acusación de Uribe contra Cepeda, y al encontrar inconsistencias en los testimonios presentados, abrió investigación en su contra al detectar indicios de que sus abogados Diego Cadena y el congresista Álvaro Hernán Prada (hoy presidente del Consejo Nacional Electoral), habían intentado sobornar testigos en las cárceles. Esto cambió el curso de la causa y derivó en la acusación de soborno y fraude procesal.
- El 8 y 9 de octubre de 2019 la Sala Especial de Instrucción de la CSJ llamó a indagatoria al senador Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, y el 4 de agosto de 2020 dictó el arresto ante los riesgos de obstrucción a la justicia como las presiones a testigos; fue la primera vez en la historia de Colombia que un ex presidente era puesto en prisión.
- El 18 de agosto Uribe renunció a su banca en el senado mientras cumplía prisión domiciliaria en su finca “El Ubérrimo”, para eludir el proceso judicial en la CSJ y en busca de garantías a través de la Fiscalía General de la Nación, por entonces, a cargo de Francisco Barbosa; Barbosa había sido funcionario de Uribe y militante de su fuerza política.
- El 10 de octubre de 2020 la jueza de garantías Clara Ximena Salcedo otorgó la libertad al ex mandatario en concordancia con la posición del Fiscal General y la Procuraduría.
- El 5 de marzo de 2021 el fiscal delegado Gabriel Jaimes pidió la preclusión de la causa, aduciendo que no había elementos que indicaran responsabilidad de Uribe en la manipulación de testigos. No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió la existencia de mérito para continuar la investigación. El pedido de preclusión se reiteró por parte del ente acusador tanto en 2022 como en 2023, siendo rechazadas por cuanto la fiscalía no logró probar las motivaciones para ello.
- En abril de 2022 se reconoce a Deyanira Gómez, ex pareja de Juan Guillermo Monsalve, como víctima en el proceso tras ser hostigada por presentar un video que revela los ofrecimientos hechos por el abogado Diego Cadena a Monsalve para declarar a favor de Uribe.
- Tras varios cambios de fiscal, el 9 de abril de 2024 la causa se reactivó con el llamado a juicio al ex presidente Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En este contexto, la defensa encabezada por el abogado Jaime Granados intentó aplicar maniobras dilatorias para impedir que el juicio concluyera antes del vencimiento de términos, dado que los delitos de los que se le acusa prescriben en octubre de 2025.
- Entre febrero y junio de 2025 se desarrollaron las audiencias del juicio oral y público (de acuerdo con la ley 906/2004) donde declararon los testigos de las partes (75 de Uribe y 38 de la fiscalía) y el 25 de junio, la fiscal Marlenne Orjuela concluyó su alegato solicitando a la jueza Sandra Heredia que condene a Álvaro Uribe Vélez por los delitos imputados.
Consecuencias jurídicas de la sentencia
Uribe Vélez no es el primer máximo mandatario procesado de la historia republicana. El general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de facto entre 1953 y 1957, enfrentó un juicio político entre agosto de 1958 y abril de 1959 bajo el Frente Nacional que lo declaró indigno por “mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente de la República”, y lo despojó de derechos políticos, así como de las pensiones de ex presidente y de general en retiro, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo exoneró años más tarde, lo que le permitió participar en la contienda electoral de 1970. Ernesto Samper (1994-1998), experimentó un juicio político en el Congreso de la República, mientras estaba en ejercicio de la presidencia, del que resultó absuelto en 1997.
El caso de Uribe es inédito, al menos por ahora, por cuanto fue el primero en ser puesto bajo arresto y condenado penalmente. En términos judiciales el impacto de la sentencia abre un precedente para otras causas donde se lo denunció directamente por su vinculación con las organizaciones paramilitares,1 especialmente durante sus años de gobernador de Antioquia (1994-1997) y refuerza la tesis de su responsabilidad política en los crímenes de Estado llamados “falsos positivos” ocurridos durante su presidencia.
Por otra parte, por ser mayor de 65 años puede acceder al beneficio de la prisión domiciliaria de acuerdo al artículo 314-2 del Código de Procedimiento Penal. Además, el camino a seguir implica que, tras definir la pena por parte de la jueza, la defensa de Uribe podrá apelar la decisión y sustentarla en los siguientes 5 días; dicha apelación deberá ser resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá antes del 16 de octubre, fecha en que prescribe la acción penal. De no cumplir este plazo la condena no quedaría en firme y Uribe podría quedar libre, aunque sin demostrar su inocencia. Como último recurso, y por la naturaleza del caso, la defensa podrá apelar mediante un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
El senador Iván Cepeda ha afirmado que esta es una oportunidad para aplicar justicia restaurativa en el caso de Uribe, y que lejos de estar motivado por una venganza política o personal, su persistencia ha sido motivada por la justicia para las víctimas y la búsqueda de verdad. Esto sugiere que se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el Acuerdo de Paz de 2016 y que obtenga beneficios jurídicos a cambio de contribución a la verdad.
Por último, este mismo juicio tiene otras ramificaciones que elevan la preocupación de Diego Cadena, abogado de Uribe y ejecutor de los sobornos. El “aboganster”, como se autodenomina Cadena por su trayectoria representando jurídicamente a narcotraficantes, será indefectiblemente condenado, aunque presuma conexiones e influencias en la DEA y el FBI a través de sus agentes. Por otra parte, el ex congresista y presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, puede enfrentarse a un desenlace similar en el caso que cursa en la Corte Suprema de Justicia.
Impacto político de una sentencia penal
Las semanas siguientes a la conclusión del juicio oral estuvieron marcadas por la expectativa sobre el sentido de la sentencia. El uribismo concentró sus esfuerzos en instalar que sufre una estrategia de persecución política. Para eso, desató operaciones para desacreditar al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río y asociarlos a narcotraficantes; convocó a aliados políticos extranjeros a manifestarse (entre ellos destacan los congresistas estadounidenses con quien el ex canciller Álvaro Leyva se reunió en el complot para derrocar a Petro); aplicó presiones a la jueza Heredia a través de intervenciones mediáticas (la más activa fue la revista SEMANA) y cartas que sugerían que un fallo condenatorio hacia Uribe corroboraría la manipulación política de la justicia y, hasta se habló de lawfare contra Uribe. El contexto sirvió para lanzar precandidaturas presidenciales de acérrimos defensores del ex presidente y utilizar, una vez más, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay como parte de la supuesta estrategia de persecución política al Centro Democrático.
La convergencia editorial en algunos medios masivos de información se orientó a la victimización de Uribe. El uso de imágenes de su defensa y el ocultamiento de la contradicción ha sido el recurso más empleado para acompañar la versión de que se trata de una persecución judicial. El uso de la confrontación Uribe-Cepeda ha sido otro recurso para politizar la decisión judicial, corriendo el centro de la discusión sobre las pruebas y las motivaciones para modificar las declaraciones sobre testigos como Monsalve.
Si bien la condena sienta un precedente que desacredita a una de las figuras de liderazgo más importantes para los sectores conservadores, y en particular para el partido Centro Democrático, esto pondrá a la oposición en la disyuntiva entre apostar por la unidad en torno a la defensa a Uribe bajo la retórica de la “persecución política” o a reorganizarse internamente incentivando la competencia de nuevos liderazgos, enfrentar una posible dispersión y quedar en una situación de debilidad para enfrentar al oficialismo en 2026. Desde 2022, con la victoria presidencial de Gustavo Petro quedó planteada esta disyuntiva bajo el supuesto de que la hegemonía uribista en la derecha se había roto y era momento de reformular el proyecto político del neoliberalismo en Colombia.
La adversidad en este caso puede convertirse en un aglutinante para la actual oposición que aún se encuentra dispersa. Mientras tanto, el oficialismo que está camino a su primer ejercicio de democracia interna en octubre de 2025 tiene el desafío de desactivar las maniobras de desestabilización y movilizar masivamente a sus votantes más allá de sus núcleos orgánicos.
