¿Sáenz en modo Milei?

“Exigimos públicamente al gobierno de la provincia que acabe con el concurso, que no se desentienda ni se haga el distraído”, señaló Daniel Tort quien es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) y el Partido Comunista de Salta, al referirse al reclamo de la Mesa de Derechos Humanos de esa provincia que demanda que el gobernador, Gustavo Sáenz, convoque al concurso para renovar mandatos en el Comité contra la Tortura.

El Comité tiene estatus institucional, consta de cinco miembros y aunque el ejecutivo nunca nombró a su representante, viene trabajando bien con el resto de sus componentes: un senador y un diputado, además de los dos elegidos por concurso a propuesta de los organismos de Derechos Humanos que, en este caso, son Cristina Cobos y Rodrigo Sola. Pero los mandatos vencen el 26 de febrero de 2026 y a raíz de las demoras que se registran en el llamado a nuevo concurso, se plantea un escenario en el que el Comité va en camino de poder quedar desarticulado ese mismo día.

Por eso es que, la semana pasada, la Mesa de Derechos Humanos de Salta convocó a una conferencia de prensa en la que reclamaron que el ejecutivo provincial inicie de inmediato el proceso que fue establecido para la renovación de miembros del Comité que, tal como alertaron, puede quedar paralizado si ese procedimiento no se concreta antes de la fecha en que caducan los actuales mandatos.

Ahí, además de la Ladh, se dieron cita los restantes miembros de la Mesa, esto es, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación Lucrecia Barquet, Hijos y la Asociación Coca Gallardo, así como la Asociación Miguel Ragone. Todos coincidieron en lamentar que el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, ni siquiera haya respondido la nota que formalmente presentó la Mesa el 4 de agosto, para plantear esta misma preocupación.

Cabe mencionar que el Comité lleva adelante una tarea de monitoreo permanente en sitios de privación o restricción de libertad con la finalidad de evitar que sean escenarios donde se practique tortura y los malos tratos, pero también tiene atribución para hacer seguimiento y recomendaciones, participar en instancias de articulación interpoderes e intersectoriales a nivel provincial, nacional e internacional. Y tiene abiertas acciones judiciales como habeas corpus, provocadas por la situación que presentan comisarías del interior salteño.

Los temores que despierta el limbo al que la Gestión Sáenz parece empujar a la Comisión no son consecuencia de ningún capricho. Es que desde 2023, hay un gobierno nacional que por medio de la supresión o dejando languidecer vía desfinanciamiento, fue apagando la estructura institucional que durante muchos años se construyó para apuntalar los Derechos Humanos, y la participación del Estado argentino en políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En ese derrotero, abundan los despidos y persecuciones que van aportando al cierre de áreas clave.

¿Puede leerse lo que pasa ahora con la Comisión como un paso del gobierno provincial en tal sentido? “Es muy probable que sí”, sostiene Tort quien además es periodista y recuerda que Sáenz “tiene un alineamiento muy claro de adhesión a las políticas nacionales y, de hecho, firmó el Pacto de Tucumán, en tanto que sus legisladores votaron obedientemente la Ley Bases y el Rigi”, por lo que “aunque diga que no es libertario, todos sus actos y conductas señalan lo contrario”.

Si para muestra alcanza con un botón, después de participar en el reciente encuentro de diecisiete gobernadores convocado por Javier Milei en La Rosada, para buscar apoyos a la reforma laboral y previsional, Sáenz se apresuró a la hora de elogiar esas iniciativas diseñadas a medida del universo del capital, al calificarlas como una “modernización del mundo del trabajo”. Y, al respecto, Tort recordó que en las pasadas legislativas, la candidata a senadora que postuló el gobernador fue Flavia Royón, quien antes fungió como secretaria de Minería de Milei “y tiene un claro alineamiento con las empresas multinacionales mineras”.

En este punto, cabe insistir con que el Comité es un órgano autárquico que, entre otras cosas, tiene incumbencias sobre casos de violencia policial ejercida en las calles como, por ejemplo, aquellos que puedan ser perpetrados durante manifestaciones. “Ha tenido una actuación muy activa contra hechos de detención arbitraria y acoso policial que se produce sobre todo en barrios pobres, también en casos de represión de la protesta, aunque acá en Salta son mucho más ocasionales que en Buenos Aires y en otros de gatillo fácil”, por lo que “tenemos la impresión de que la provincia tiene la intención de desarticularlo para que no funcione”.

Es que con las regresivas reformas laboral y jubilatoria a las puertas, se puede anticipar un escenario de protesta social en las calles y sin el Comité se estaría restando la posibilidad de que exista una mirada institucional que sea capaz de actuar con rapidez sobre el accionar de las fuerzas policiales ante un hechos represivos. “Sobre todo por los dos miembros propuestos por organismos de Derechos Humanos, el Comité tiene intervención en ese tipo de casos”, recordó Tort y añadió que “el alineamiento de Salta con Milei es absoluto”, por lo que “en caso de la reacción social que se va a producir por esta regresión de derechos que marcha con la Ley Bases 2, a Sáenz le convendría tener desarticulada a una instancia como el Comité que actúa con autonomía” y, entonces, en ese escenario “sólo quedaría la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia que es absolutamente formal y burocrática”.

Por eso es que la Mesa hizo pública la preocupación existente pidiendo que el gobierno destrabe el expediente, ya que “los plazos están vencidos y urge que llamar a concursos, que se presenten los candidatos e ir al proceso de selección” porque tal como están las cosas, reina la incertidumbre acerca de qué puede pasar cuando el 26 de febrero venza el mandato que tiene la composición actual del Comité.