A un mes de las elecciones presidenciales, el juez del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça maniobra para desestabilizar al gobierno de Lula. El PCdoB repudió la separación arbitraria de los investigadores que tenían a su cargo la causa conocida como Banco Master, en la que está involucrado por sospechas de corrupción el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.
El Partido Comunista de Brasil (PCdoB) denunció un nuevo caso de lawfare a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En esta oportunidad el juez señalado es André Mendonça, integrante del Tribunal Supremo, el máximo órgano del Poder Judicial brasileño, quien apartó de sus cargos a los funcionarios policiales que estaban al frente de la investigación de un hecho de corrupción que involucra a Flávio Bolsonaro. Esta medida, que se dictaminó salteándose las instancias previas del debido proceso judicial, no puede leerse al margen del crucial momento político que atraviesa Brasil de cara a las elecciones del 4 de octubre en las que, precisamente, Bolsonaro Junior se medirá con Luiz Inácio Lula Da Silva, quien viene liderando las encuestas por una diferencia de entre un 5 y un 7 por ciento según los distintos sondeos, los que a la vez ubican al actual presidente y candidato del PT como ganador en un escenario de ballotage por un margen no inferior a los dos puntos.
La denuncia hecha por el PCdoB se fundamenta en la decisión adoptada este martes por Mendonça de separar a Andrei Rodrigues del cargo de director general de la Policía Federal, y al director de Inteligencia de la Policía Federal, Leandro Almada da Costa. Dicha decisión se tomó sin respetar el protocolo establecido en la Constitución, que estipula que previamente a una medida de este tipo, se debe notificar a la Fiscalía General de la República.
“La decisión del magistrado del Tribunal Supremo es escandalosa e inaceptable”, subrayó el PCdoB y agregó que Mendonça “se extralimitó en sus funciones para proteger al candidato presidencial Flávio Bolsonaro e impedir la continuación de las investigaciones en curso sobre su implicación en el caso Banco Master”.
El año pasado el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación del Banco Master por hechos de defraudación masiva a sus clientes, “el mayor crimen financiero en la historia de Brasil”, en palabras de Lula. En la causa está detenido con prisión preventiva desde noviembre de 2025 el financista Daniel Vorcaro, quien era dueño de esta entidad bancaria. En el marco de la investigación se filtró un audio de una conversación sostenida entre el candidato presidencial por el Partido Liberal y Vorcaro, acordando un aporte de 24 millones de dólares. Ahí, Bolsonaro Junior trata de “hermano” al banquero, preso actualmente en una cárcel de Brasilia, y le jura “lealtad en las buenas y en las malas”. También le agradece el aporte, porque servirá, entre otros gastos de campaña, para financiar una película sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro.
Entre los datos de la investigación que trascendieron a la luz aparecen también mensajes enviados por Vorcaro a un número de teléfono atribuido al juez Alexandre de Moraes, quien fuera instructor del juicio en el que en septiembre de 2025 se condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado al iniciarse el actual mandato presidencial de Lula. En la filtración se deja entrever un aporte millonario de Vorcaro a la mujer de Moraes, la abogada Viviana Barci, en concepto de “asesoría legal” a la empresa de inversiones financieras Viking Particpaçoés, de la cual el propio Vorcaro era socio accionario. En esa conversación, además, el banquero denunciado por fraude le solicitaba ayuda a Moraes para frenar el proceso judicial en su contra que terminó derivando en su arresto a fines del año pasado.
Los funcionarios de la Policía Federal que dirigían las investigaciones en torno a la causa Banco Master obtuvieron testimonios que, como resaltó el PCdoB, “demostraban la participación de la familia Bolsonaro y, en particular, de Flávio Bolsonaro”. Sin embargo, mientras los medios monopólicos de comunicación brasileros buscan centrar la atención pública del caso en denunciar a Moraes y nada dicen de las pruebas que ubican como destinatario de los fondos desviados por Banco Master a Flávio Bolosnaro, el candidato ultraderechista sigue sin ser citado por la Justicia a declarar en la causa.
El objetivo de Mendonça no es otro que “interferir en el proceso electoral y desestabilizar el país, poniendo en peligro la democracia y el futuro de Brasil”, aseguró el Partido Comunista. Por lo que expresó su enérgico repudio a “otra maniobra política” de este juez del Tribunal Supremo, que pretende “defender los intereses de la extrema derecha y el intervencionismo estadounidense, en beneficio de sus aliados y de la familia Bolsonaro”.
De hecho, es públicamente conocida la adhesión política de Mendonça al bolsonarismo. Se trata de un magistrado que proviene de la derecha evangelista, ferviente lobista contra el derecho al aborto legal, y que en más de una oportunidad manifestó su opinión a favor de indultar a los seguidores de Jair Bolsonaro condenados por su ataque al Palacio de Planalto del 8 de enero de 2023, en el que también intentaron tomar el Congreso Nacional y la sede del Poder Judicial para evitar que Lula asumiera la presidencia del país.
Tras exigir que André Mendonça sea destituido inmediatamente, el PCdoB concluyó haciendo un llamado “a las fuerzas democráticas del país para que permanezcan unidas en defensa de la integridad del proceso electoral, de la democracia y contra cualquier intento de interferir y manipular la voluntad soberana del pueblo”.
