Persecución a los migrantes y privilegios para el capital transnacional

La política migratoria del gobierno nacional ha dado un salto cualitativo con el reciente decreto que habilita al Poder Ejecutivo a restringir el ingreso y disponer la deportación de personas migrantes. Se trata de una clara y decisiva definición política de fondo que consolida a Javier Milei en la deriva racista y neofascista que encarnan sus patrones Donald Trump y Benjamin Netanyahu y que replican otros tantos personajes de ultraderecha en nuestra región y por todo el mundo. Bajo el pretexto de la “seguridad” y el “orden”, el gobierno avanza en la construcción de un enemigo interno, una figura que concentra sobre sí la estigmatización, la persecución y la exclusión. En este caso, los migrantes —en su enorme mayoría trabajadores y trabajadoras— pasan a ser señalados como una amenaza, en una operación ideológica que busca desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis social y económica. Así, se consolida un esquema en el cual los sectores más vulnerables son convertidos en chivos expiatorios, mientras se profundizan políticas que benefician a las élites económicas. La historia enseña que este tipo de medidas no son nuevas, sino que forman parte de repertorios conocidos de gobiernos autoritarios que necesitan disciplinar a la sociedad para avanzar con sus programas de saqueo y ajuste.

Esta ofensiva represiva contra los migrantes no puede analizarse de manera aislada, sino en estrecha relación con el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el oficialismo. Dicha iniciativa apunta a desmantelar los límites existentes a la propiedad de la tierra, habilitando que personas físicas, corporaciones e incluso Estados extranjeros puedan adquirir extensiones ilimitadas del territorio nacional, incluyendo zonas estratégicas como las áreas de frontera. En términos concretos, esto implica abrir las puertas a un proceso de extranjerización sin precedentes, en el cual los recursos naturales —agua, minerales, biodiversidad— quedan subordinados a los intereses de capitales que superan ampliamente en poder a la mayoría de los Estados. La medida rompe con una tradición histórica de resguardo, aunque parcial, sobre la tierra como recurso estratégico, y coloca al país en una situación de extrema vulnerabilidad y ante un virtual escenario de fragmentación territorial. No se trata simplemente de una reforma normativa, sino de un cambio estructural en la concepción de la soberanía y del rol del Estado frente al capital global.

Las advertencias provenientes de organismos de derechos humanos y de especialistas en la materia son contundentes. En Nuestra Propuesta venimos señalando que habilitar la compra irrestricta de tierras implica, en los hechos, la posibilidad de entregar la totalidad del territorio nacional a actores cuya lógica de acumulación no reconoce límites sociales ni ambientales. Este escenario resulta particularmente grave en regiones como la Patagonia, donde los recursos naturales están íntimamente ligados a las formas de vida de las comunidades locales. Allí, la expansión de actividades extractivas como la megaminería, el fracking o la explotación marítima ya ha generado conflictos sociales de alta intensidad. La posibilidad de que estas decisiones queden en manos de corporaciones extranjeras, sin regulaciones efectivas, amenaza con profundizar la degradación ambiental y la expulsión de poblaciones enteras. Además, el traslado de la capacidad regulatoria a gobiernos provinciales fuertemente condicionados por la política fiscal del Ejecutivo nacional abre la puerta a presiones y negociaciones que difícilmente prioricen el interés colectivo.

En este marco, la simultaneidad entre la flexibilización extrema para el ingreso de capitales extranjeros y el endurecimiento brutal contra los migrantes pobres no es una contradicción, sino la expresión coherente de un mismo proyecto. Para los multimillonarios del mundo, la Argentina se ofrece como un país de remate, donde pueden adquirir tierras y recursos a precio vil y sin restricciones. Para los trabajadores migrantes, en cambio, se despliega un aparato represivo que los criminaliza, los persigue y los expulsa. Esta doble vara revela con claridad el carácter de clase de las políticas del gobierno: apertura irrestricta para el capital, cierre y violencia para los pueblos. Se trata de una lógica que no sólo reproduce, sino que profundiza las desigualdades existentes, al tiempo que socava los principios más elementales de la convivencia democrática. La construcción de un “otro” peligroso, en este caso el migrante, cumple la función de legitimar el avance de medidas autoritarias que, en última instancia, afectan al conjunto del pueblo.

Frente a este panorama, resulta imprescindible señalar que la defensa de los derechos de las personas migrantes y la preservación de la soberanía territorial no son demandas separadas, sino dimensiones de una misma lucha más amplia contra el neofascismo, el colonialismo y el imperialismo. Ambas se oponen a un modelo que subordina la vida de las mayorías a los intereses de una minoría privilegiada. La construcción de alternativas pasa por recuperar una concepción de la comunidad que priorice el bienestar colectivo, que enfrente a la lógica del capital en todas sus manifestaciones y que reconozca la diversidad como un valor humano y no como una amenaza. En este sentido, la resistencia social que se expresa en distintos puntos del país —desde las luchas contra la megaminería hasta la defensa de los derechos humanos— constituye un elemento clave para frenar el avance de estas políticas y acumular fuerzas para los intereses soberanos y populares. La historia argentina demuestra que los procesos de entrega y autoritarismo no son inevitables, sino que pueden ser revertidos mediante la organización y la movilización popular.

En definitiva, la política del gobierno de Milei,  la verdadera “campaña antiargentina”, expone con crudeza un proyecto que combina la entrega de los recursos estratégicos del país con la persecución de los sectores más vulnerables. La llamada “inviolabilidad” de la propiedad privada se traduce, en los hechos, en la inviolabilidad de los intereses de los grandes capitales, mientras que los derechos de las personas quedan supeditados a criterios discrecionales del poder político. 

El decreto migratorio y la reforma de la Ley de Tierras son dos caras de una misma moneda: la consolidación de un modelo que profundiza la dependencia, debilita la soberanía y erosiona los principios democráticos, en una democracia a todas luces cada vez más restringida. Frente a ello, la tarea de las fuerzas populares y patrióticas es clara: denunciar, organizar y construir una alternativa política que ponga en el centro el derecho a una vida digna para todxs y la defensa irrestricta de la soberanía nacional contra la ofensiva del imperialismo.