Una delegación de la Corriente Nacional Agustín Tosco se hizo presente para acompañar a los operarios que fueron a declarar ante el Ministerio Público Fiscal porteño en una causa en la que se los imputa, iniciada por Emova y la Gestión Macri.
La Corriente Nacional Agustín Tosco dijo presente este lunes junto a los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) que ese día concurrieron al Ministerio Público Fiscal porteño para presentarse en el marco de una causa amañada, en la que la fiscal Celsa Ramírez impulsa una acusación por asociación ilícita a partir de una denuncia hecha por la empresa concesionaria Emova y el Gobierno de la Ciudad.
“Esta causa no tiene justificativo más que el de ser un grave ataque contra quienes luchan por sus derechos”, recalcó la CoNAT, que se hizo presente para poner en acto su solidaridad, por medio del titular de la Asociación Taxistas de Capital, Luis Fernández, de la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros de UTE, Antonella Bianco, así como a través de Clara Albisu, de la conducción del SiPreBA, y del dirigente de ATE Capital y Secretario Sindical del Partido Comunista, Ignacio Campora, entre otros representantes sindicales.
Cabe recordar que durante abril de este año, 170 trabajadores y trabajadoras del Subte que están afiliados a la AGTSyP, fueron citados por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 15 del Poder Judicial de la Ciudad, imputados bajo la figura de asociación ilícita a raíz de su participación en dos conflictos colectivos, en cuyo marco se llevaron a cabo medidas de acción en junio y octubre de 2024.
Ante esto, oportunamente la AGTSyP denunció que la medida responde a “un uso político del derecho penal” que persigue la finalidad de “acallar una acción tutelada constitucionalmente en el máximo rango de protección, que es la libertad y los derechos del sindicato de ejercer medidas de acción”.
En este sentido, desde el gremio se recordó que no es la primera vez que la fiscal Ramírez hostiga a los trabajadores del Subte, ya que durante 2018 “nos armó una causa en la cual muchos trabajadores fuimos presos; esa vez nos procesaron porque queríamos un salario digno”.
Celsa Ramírez forma parte de esa larga lista de funcionarios judiciales que están estrechamente ligados al macrismo. En particular, esta fiscal tiene un frondoso historial atravesado por la constante persecución a trabajadores organizados y hacia los sectores más vulnerables de la Ciudad, como los vendedores ambulantes y las personas que padecen situación de calle, a quienes reiteradamente el gobierno porteño ha caracterizado como “usurpadores del espacio público”.
