Una iniciativa presentada por Gerardo Milman, Lilia Lemoine y Carlos Zapata pretende desfinanciar la norma. “La alianza de extrema derecha entre el PRO y LLA intenta imponer un proyecto que plasma todo lo que ellos atacan: derechos conquistados por el colectivo Lgtb que son un avance de los feminismos, transfeminismos y Derechos Humanos básicos”, indicó Solana López.
El blanqueo del maridaje entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) decidió debutar dejando claro de qué va la cosa y lo hizo por medio de un proyecto de Ley que lleva las firmas de Gerardo Milman, Lilia Lemoine y Carlos Zapata que, si prospera, va a modificar y desfinanciar la Ley de Identidad de Género. La idea de la iniciativa apunta directamente contra derechos adquiridos por las personas del colectivo travesti-trans, ya que pretende impedir el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas destinadas a quienes quieren adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida.
El proyecto fue presentado cuando se cumplieron trece años de la sanción favorable de la Ley de Identidad de Género, norma que ya durante febrero pasado Javier Milei intentó modificar por medio del DNU 62/2025 que prohibió este tipo de tratamientos a menores de dieciocho años, pero posteriormente ese decreto declarado inconstitucional por la Justicia de Entre Ríos.
“Esta alianza de extrema derecha intenta imponer un proyecto que plasma todo lo que ellos atacan desde siempre, que son derechos conquistados por el colectivo Lgtb que representan el avance de los feminismos, los transfeminismos y los Derechos Humanos básicos” pero, asimismo, “cuestiona la idea misma del rol del Estado respecto a la Salud Pública”, tal como lo advirtió la secretaria de Géneros y Diversidades del Partido Comunista, Solana López.
En este sentido, hizo hincapié en que la iniciativa del tándem PRO/LLA, pinta con claridad de qué va el proyecto que en lo político-institucional encabeza Javer Milei, “que es cabalmente neoliberal y fascista, porque la intención es sacar al Estado de las tareas de asistencia y de aquellas que cumple como garantía de la igualdad de derechos del pueblo”, ya que “apunta contra un colectivo que es sumamente vulnerado y por ello precisa del acceso a la Salud Pública para llevar a cabo tratamientos de estas características”.
Por eso es que a nadie puede sorprender que por medio del proyecto se pretenda “negar los derechos básicos de un colectivo que históricamente es vulnerado”, pero también “quieren utilizarlo como un ejemplo para provocar miedo”, algo que representa “una actitud clásica de los fascismos”. Entonces, recalcó, Solana López, “para avanzar en una planificación de carácter neoliberal, tienen que recurrir a la represión y el disciplinamiento en su intento de que la sociedad no se rebele ni organice para construir una alternativa política y poder popular”.
Con este telón de fondo, insistió en que esta iniciativa constituye “una acción de carácter fascista que pretende ir mucho más profundo, porque busca transformar nuestra cultura solidaria que está basada en una construcción histórica atravesada por movimientos sociales y políticos, para transformarla en una cultura fascista en la que el otro diferente debe ser perseguido y aniquilado, una cultura en la que la sola condición de ser distinto resulte peligroso”.
Después de alertar que “todo eso promueve el ejercicio del terror por parte del Estado”, puntualizó que por ello resulta necesario “que sigamos sumando a las iniciativas de lucha y articulación que venimos desarrollando”, algo que “es fundamental porque la participación y las luchas es lo que va a poder revertir esta situación”.
