La solicitud se realizó luego de que las autoridades políticas y judiciales respondieron con medidas disciplinarias al inicio de la huelga de hambre anunciada por el expresidente. El PC Patria Roja denunció que “lo grave es que el expresidente no cuenta con garantía alguna de un juicio justo” y alertó que “son numerosos los casos de dirigentes políticos opositores que corren la misma suerte”.
El Partido Comunista del Perú Patria Roja pidió que se respeten los derechos del expresidente Pedro Castillo, garantizados por la ley y la constitución de su país. La solicitud se realizó luego de que las autoridades políticas y judiciales respondieron con medidas disciplinarias, que incluyen el aislamiento y la suspensión de visitas, al inicio de la huelga de hambre anunciada por el expresidente. Castillo se encuentra detenido en los umbrales de un proceso judicial, motorizado por la derecha política ultra reaccionaria del Perú, que busca condenarlo con penas que superan los treinta años por “delitos” cometidos durante la defensa de su gobierno en 2022.
A través de un comunicado, el Buró Político Buró Político del Comité Central del Partido enfatizó que “más allá de las discrepancias con el gobierno de Pedro Castillo, sus errores, y la forma cómo intentó adelantarse a los planes golpistas de la derecha, asuntos sobre los cuales nuestro Partido se pronunció oportunamente, está el hecho que los sectores ultra reaccionarios parapetados en el Congreso, con el soporte de los grandes empresarios y el poder mediático, trabajaron, desde un inicio, para vacar al presidente”. El parte, que lleva la firma de Alberto Moreno Rojas, presidente del Partido, y de Manuel Guerra, su secretario general, también recordó que “la ultraderecha, sacando provecho del paso en falso de Pedro Castillo, consumó la vacancia el 7 de diciembre de 2022, y contó con la traición de Dina Boluarte, consiguiendo, de este modo, el objetivo de burlar la voluntad popular expresada en las urnas”.
La proclama agrega que “tras el fallido intento de disolver el Congreso, Pedro Castillo y su familia fueron puestos bajo arresto y fue acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad, con una petición de condena de 34 años de prisión”.
El comunicado alerta que “lo grave es que el expresidente no cuenta con garantía alguna de un juicio justo, imparcial, apegado a las normas del derecho”. Es evidente, agregan, “que en el Perú la justicia está politizada, manoseada y manipulada por el fujimorismo y su comparsa desde el Congreso, y por los poderes fácticos que operan en diversos niveles” Sucede, entonces, que “mientras a los delincuentes fujimoristas y sus cómplices se los excluye de los casos, se archivan las acusaciones, se alargan los procesos, llegando al extremo de restaurar la firma del golpista y genocida Alberto Fujimori en la Constitución; a Pedro Castillo se le aplica todo el rigor, violando sus derechos ciudadanos, incluso adelantando opinión por quienes están encargados de juzgarlo”. Para el Buró Político “a todas luces se trata de un escarmiento público contra un líder político que en su momento canalizó esa legítima voluntad de cambio a que siguen aspirando las mayorías populares en nuestro país”.
Como sucede en toda la región latinoamericana, la manipulación de la justicia no se detiene aquí ni se dirige únicamente contra exmandatarios y funcionarios de gobiernos populares. En ese sentido, el comunicado concluye denunciado que “son numerosos los casos de dirigentes políticos opositores que corren la misma suerte; líderes sociales perseguidos, reprimidos, incluso asesinados, por el régimen dictatorial y mafioso que opera con alevosía e impunidad”.
