Diferentes organizaciones de Derechos Humanos se van a dar cita en el Palacio de Tribunales para solicitar que la Corte Suprema reactive la Comisión Interpoderes, mientras se aletargan los juicios por crímenes de lesa humanidad y la Presidencia Milei quiere poner a la venta Espacios de la Memoria.
Se espera que el miércoles venidero, por la mañana, representantes de organismos de Derechos Humanos se den cita en el Palacio de Tribunales para pedir que la Corte Suprema de Justicia brinde una respuesta al pedido, que hace más de un mes realizaron para que su titular Horacio Rosatti convoque a la Comisión Interpoderes que hace más de tres años no se reúne.
Fue en septiembre cuando casi 250 organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones solicitaron que Rosatti volviera a citar a esta comisión creada durante 2008 por el Máximo Tribunal con la finalidad de reunir a todos los actores que estuvieran involucrados para agilizar los procesos abiertos por delitos de lesa humanidad. Este espacio funcionó bien hasta 2016, pero a partir de ese momento las convocatorias comenzaron a discontinuarse y actualmente hace más de tres años que no se reúne, en un contexto en el que, hoy por hoy, una cantidad superior a la mitad de las investigaciones realizadas todavía no llegaron al correspondiente tribunal oral.
El primer impacto negativo que sufrió la Comisión fue con la presidencia de Carlos Rosenkrantz, cuando la Corte impulsó el fallo del 2x1 que el entonces titular del tribunal firmó junto a Elena Highton y el propio Rosatti el 3 de mayo de 2017. Y desde ese momento la Comisión Interpoderes no se volvió a convocar, sino hasta octubre de 2020 y después de que la diputada Vanesa Sisley iniciara el trámite de un pedido el juicio político a Rosenkrantz por la abulia que le imprimió al tratamiento de los expedientes abiertos por la comisión de crímenes contra la humanidad.
Pero todo volvió a empeorar con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, por lo que durante julio el Colectivo Mario Bosch que reúne a abogados que actúan en procesos iniciados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, reclamó que se vuelva a reunir la Comisión Interpoderes. La falta de respuesta por parte del Máximo Tribunal llevó a que los organismos de Derechos Humanos hicieran suya la solicitud y decidieran darse cita el miércoles en el Palacio de Tribunales.
Con este telón de fondo y ante la postura de la Corte, las organizaciones demandaron la concreción de la reunión para “tratar con urgencia los graves problemas que afectan el desarrollo de los juicios en distintas jurisdicciones y la delicada situación provocada por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional que afectan seriamente la obligación del Estado argentino de investigar, juzgar y sancionar los más terribles crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país en la historia reciente”.
Lo hicieron por medio de una a nota que firman la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Apdh La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Buena Memoria, nueve filiales de Hijos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
El letargo en el que la Corte se empeña en colocar a los juicios de lesa humanidad, va en sintonía con el constante pustch que la Presidencia Milei ejerce contra todo lo que tenga que ver con la política de Memoria, Verdad y Justicia. No hace mucho la presidentas de la Ladh denunció que pese a los constantes reclamos y a que la obra estaba en desarrollo en diciembre de 2023, el actual secretario de Derechos Humanos, Jorge Baños, anunció que va a continuar parada la construcción del Sitio de la Memoria que, por una ley vigente, debe emplazarse en el predio de Campo de Mayo en el que durante la última dictadura funcionó el centro clandestino de detención y tortura conocido como El Campito.
A esto se suma el decreto que la semana pasada firmaron Milei y Guillermo Francos, por el que se permite a la Administración de Bienes del Estado a “disponer, enajenar y/o transferir”, 309 inmuebles que hasta ahora son propiedad del Estado Nacional, entre ellos, dos Espacios de Memoria: La Perla que está ubicado en Córdoba y el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes.
