¡Ni Orson Welles lo hubiera hecho mejor! Gabriel Boric es el presidente electo. Se impuso en la segunda vuelta con casi el 56 por ciento de los votos. Un triunfo importante para su país y la región, que entre otras cosas, plantea un duro golpe a uno de los mitos que construyó la derecha a ambos lados de la cordillera.
“Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice”, es la frase que pronunció Cecilia Morel en un registro de WhatsApp que tomó estado público y pasó a la posteridad como la síntesis del sentimiento de estupor que atravesó a la clase capitalista que actúa en Chile ante la irrupción popular que, después de avisar varias veces, durante octubre de 2019 comenzó a decir basta.
La expresión que es todo un ejemplo del tilinguerío regional, corresponde a la esposa del Presidente Sebastián Piñera, que como la mayoría de quienes integran la clase capitalista a uno y otro lado de la cordillera, no se podía explicar por qué en cuna del neoliberalismo, en la cúspide del Milagro Chileno, en el paradigma de aquello en que el sistema pretende convertir a todo lo hay al sur del Río Bravo, miles de personas estaban hartas. Y lo estaban a punto tal que vencían el temor al brutal esquema represivo que se consolidó durante más de cuarenta años, para ganar las calles de las principales ciudades y exigir cambios estructurales.
Y esos cambios tenían una cara visible: la Constitución que parió la dictadura asesina que se instaló tras derrocar a Salvador Allende, para imponer una estructura criminal hecha a imagen y semejanza de Augusto Pinochet y su banda, al servicio de otra que rediseñó el orden económico, productivo y social a partir de un dispositivo pergeñado por Milton Fridman y sus Chicago Boy’s que reprimarizó el país, reventó el patrimonio público y concentró la riqueza en poquísimas manos.
Las consecuencias de esto son todas dolorosas, persisten y se pueden exhibir con un dato que en sí mismo es muy elocuente: Chile es junto a Colombia el país más desigual de la región y uno de los más desiguales del mundo.
Por eso hizo tanto ruido, también de los dos lados de Los Andes, cuando comenzó a romperse la probeta de cristal de este laboratorio del neoliberalismo que es Chile. Y para que eso fuera posible, el gran protagonista fue un sujeto social diverso que enfrentó la represión durante muchos años y que, desde octubre de 2019, exhibió una persistencia y tenacidad sorprendentes.
Ese estado deliberativo-popular le arrancó a la clase capitalista que se abroqueló detrás del Gobierno Piñera, la convocatoria a una Constituyente en la que, tras un proceso complejo, casi el ochenta por ciento de quienes concurrieron a las urnas el 25 de octubre de 2020, decidieron que es preciso que se redacte otra Constitución que reemplace a la que dejó Pinochet.
Buena parte de los convencionales surgieron del movimiento popular, en algún caso asociados a fuerzas políticas que como el Partido Comunista nunca transigieron con el sistema. Porque en el referéndum que le dio luz verde a la Convención, se advirtió un singular rechazo a las fuerzas políticas del esquema de la Concertación, que protagonizó el período posterior a 1990 durante el que los gobiernos de signo progresista quedaron encorsetados en la dinámica que impuso la institucionalidad legada por la Dictadura.
Esto tuvo su correlato en las Presidenciales, de las que surgió un nuevo escenario en el esquema de representación política. Lo que hasta entonces se presentaba como un centro que iba hacia la centro derecha, se corrió más a la derecha con la aparición pública de José Kast, un empresario filonazi y pinochetista explícito, que no dudó en montar su campaña electoral sobre una línea que incluso rechaza ampliaciones de derechos de ciudadanía que el propio Gobierno Piñera tomó como propias.
Del otro lado y tras imponerse en la elección interna al comunista Daniel Jadue, la candidatura fue para Gabriel Boric, un joven diputado formado al fragor de la militancia universitaria que fue ariete de buena parte de la lucha durante la etapa previa al estallido de octubre de 2019.
Desde ayer Boric es el presidente electo de Chile y va a asumir en marzo con el desafío de gobernar, a partir de de las promesas campaña que hizo la coalición Apruebo Dignidad, que se proponen avanzar en el desmantelamiento de algunos de los pilares que dejó la Dictadura.
En esa agenda se incluyen reformas del sistema de pensiones, que en Chile sigue estando en manos de bancos y fondos especulativos, así como otras al sistema tributario que es profundamente regresivo y al sistema educativo, para posibilitar que este país cuente con gratuidad en todos los niveles.
También se propone fortalecer el Ministerio de la Mujer, establecer un sistema unificado de salud y reconocer que Chile es un Estado plurinacional, en un contexto en el que desde hace muchos años, una parte importante de las comunidades mapuche vienen siendo perseguidas por el Estado. En este punto una decisión clave que va a tener que tomar apenas entre a La Moneda, es qué hacer con los presos políticos que siguen encarcelados por haber participado en las movilizaciones que se sucedieron desde octubre de 2019.
Todo esto en un contexto en el que avanza la Convención que debe redactar una Constitución que, para su aprobación definitiva, va a ser sometida a un referéndum en el que tiene que alcanzar el 66 por ciento de los votos.
Esto con un telón de fondo en que todas estas medidas, por más básicas que parezcan, van a contrapelo del país que quiere una clase capitalista muy concentrada, que disfruta de todo lo que se le entregó a partir de la privatización de casi todo el patrimonio estatal y reprirarización de la matriz productiva. Y, con unas Fuerzas Armadas y policiales, que fueron diseñadas y pertrechadas para ser el brazo ejecutor de esa clase y guardián del esquema de poder que surge de este diseño socio-político.
¿Pero en este contexto, cómo va a hacer para construir un clima social más distendido, sin que eso implique negar el derecho a la movilización? ¿Cómo se las arreglará para desmontar aquello que se construyó durante más de cuarenta años, algo que es indispensable para garantizar un país que crezca a la vez que incluye? ¿Va a poder hacerlo con un Parlamento, en donde los dos bloques que actúan dentro del esquema de representación política aparecen igualados? ¿Se va a apoyar Boric en la Convención, remozará la épica de octubre de 2019 a partir de la lucha por garantizar una nueva Constitución? ¿Va a echar mano a la construcción de formas originales de poder popular que puedan dinamizar a su Gobierno eludiendo los limitantes que impone la estructura estatal liberal burguesa?
Todo proceso que comienza presenta más interrogantes que respuestas. Pero, en este caso, los interrogantes son todavía más ya que Chile exhibe, como en pocas formaciones estatales, a una clase capitalista extremadamente parasitaria que construyó con éxito todo un andamiaje institucional diseñado para garantizar la constante maximización de su tasa de rentabilidad. Comenzar a desarmar eso es, a fin de cuentas, la tarea que tiene por delante la Presidencia Boric. Para ello, cuenta con el mandato de aquellos alienígenas que ayer festejaron y que hoy siguen pisando, nuevamente, las calles de Santiago.
