Enargas confirmó que tras el congelamiento de 2020, en mayo aumenta la tarifa de gas entre seos y siete por ciento y no es el único servicio que correrá esta suerte. Justo cuando Guzmán había pronosticado que la inflación comenzaría a bajar a partir de abril.
En medio de su gira por Europa, que incluyó una visita al jefe de la Iglesia Católica en Roma, el ministro de Economía Martín Guzman reconoció que “la inflación de marzo va a ser la más alta del año” pero inmediatamente aclaró que para abril se espera el inicio de un descenso que se extendería a lo que queda del año.
Pese a ello, Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) indicó que las tarifas de gas van a aumentar entre seis y siete por ciento para usuarios residenciales y cuatro por ciento para pymes y que sería el único aumento del año. Guzmán, la semana pasada, había dicho que habría dos subas.
El aumento comenzará a regir a partir de mayo y no es el único servicio público con precios congelados que correrá esta suerte. De esta manera, es difícil dar crédito al pronóstico de Guzmán sobre el ritmo inflacionario para lo que queda del año.
A nadie se le escapa que las tarifas forman parte de los precios esenciales de la economía nacional, que impacta de lleno en el bolsillo de la clase trabajadora —bien lo saben los usuarios que sufrieron los tarifazos del macrismo y todavía hoy no puede recuperar el valor adquisitivo de su salario— y que luego de un año de congelamiento, en el contexto de la pandemia, su actualización producirá por peso propio un incremento de la inflación.
Según informó Bernal el descongelamiento de la tarifa de gas permitirá una “recomposición” en los ingresos de las empresas transportistas y distribuidoras. Además, en el marco del Plan Gas, para que la suba en los costos de extracción no se traslade al precio final que paga el consumidor, el Estado nacional otorgará subsidios a las empresas que se adhirieron a este programa.
Recordemos que el Plan Gas 2020-2023 fue presentado en octubre del año por el presidente Alberto Fernández, con el propósito de alcanzar con su desarrollo la soberanía energética en el sector, mediante un incremento de las inversiones y de la producción. De acuerdo a los objetivos planteados por el Ejecutivo nacional, se apunta a satisfacer la demanda interna con la producción local, a sustituir importaciones y promover el desarrollo de las regiones productoras.
Es de larga data los inconvenientes que tiene Argentina en el sector energético, que obliga al país a liquidar una porción considerable de sus reservas en dólares en la importación de energía, en este caso gas, para satisfacer la demanda interna.
El objetivo es sustituir más de 18.000 metros cúbicos de gas con trabajo local. Para ello, el gobierno apuesta a que las empresas que adhirieron al programa inviertan más de cinco mil millones de dólares para promover la actividad del sector y durante este lapso se espera incrementar la recaudación en más de 2.500 millones de dólares.
Todo esto es importante porque incide tanto en las tarifas que paga el usuario como en el conjunto de la economía nacional. Conforme a lo establecido en la normativa que reglamenta la aplicación del Plan, el precio del gas se establece en el marco de esta política pública con el propósito de “armonizar la situación entre el precio necesario que fomenta inversiones (localmente más competitivas que las importaciones), junto con una especial consideración a la tarifa que puede afrontar el usuario final residencial”.
Como sucede a menudo con la implementación de políticas regulatorias del mercado, estas son bienvenidas frente a las desregulación total, que es una de las estrategias preferidas de las grandes empresas para mandar sobre el conjunto de la sociedad. Los cuatro años del gobierno de Macri constituyen acaso el mejor ejemplo.
A juzgar por los problemas estructurales de la economía nacional, la sustitución de importaciones es una medida necesaria y también bienvenida, que puede servir como torniquete para morigerar la restricción externa, que se manifiesta con fuerza en cada período en el que se intentan promover políticas de reactivación industrial.
Asimismo, pese al descongelamiento, la desdolarización del precio de las tarifas encarada por el gobierno supone un daño muchísimo menor para el bolsillo de los trabajadores. Sin embargo, queda en el debe una vez más el diseño de una política integral destinada a recuperar los servicios públicos nacionales, con fuerte participación del Estado, la sociedad y los trabajadores, como estrategia para restituir los resortes de la economía nacional en el contexto de una crisis general del capitalismo sin precedentes desde 1929.
