Alberto Fernández señaló que en 2021 los salarios debían ganarle a la inflación, pero la suba de precios en los alimentos va a un ritmo más constante y elevado que los incrementos salariales.
El Gobierno Nacional formalizó a principios de julio el adelantamiento del esquema de pago del aumento del salario mínimo, vital y móvil, quedando el mismo en 29.160 pesos para el mes de septiembre. En el DNU firmado se argumentó que el salario es “una prioridad y constituye una condición necesaria para que la economía sostenga la reactivación en marcha”.
Vale recordar que, a principios de año el Ministro de Economía, Martín Guzmán, enfatizó en entrevistas ante los medios que el salario debía estar por encima del índice inflacionario. La suba del salario mínimo, vital y móvil es un adelanto de lo que se pretendía en 2022: un claro indicio de que la carestía de vida avanza a una velocidad mayor y sigue atentando contra el poder adquisitivo de los trabajadores.
El Indec publicó en julio los datos del incremento de la Canasta Básica Total (CBT) que se ubica en 66.488,33 pesos para no estar en la línea de pobreza. El principal factor que eleva el valor de la CBT son los precios de los alimentos. Mientras que las tarifas del transporte y los servicios no tuvieron grandes aumentos, el Índice de Precios al Consumidor ya lleva un cincuenta por ciento de suba en los últimos doce meses.
El alza indiscriminada de los precios de los alimentos encuentra una retracción del consumo popular con índices históricos. Un ejemplo se da en la ingesta de carnes, donde el consumo es menor en cantidad de kilos desde el 2003. Y mientras se configura este escenario adverso para las mayorías, los grandes ganadores de la pandemia son los de siempre, entre ellos, cadenas de alimentos como Molinos.
Controlar los precios, una tarea de ayer
Es indudable que la pandemia agudizó la dinámica de transferencia de recursos que Cambiemos instaló en la Argentina en diciembre de 2015 con los tarifazos, el cierre de las paritarias y la pulverización del salario frente a esa deliberada inflación.
Desde diciembre de 2019 en la Casa Rosada hay un gobierno que llegó para ponerle un freno al robo que Mauricio Macri y el FMI le propiciaron a los argentinos. Con ese paradigma se han establecido una batería de medidas: tarjeta alimentaria, reapertura de paritarias y, al calor de la pandemia, el IFE y el ATP.
Pese a esas medidas como la reapertura de paritarias y las subas salariales, el incremento de los alimentos amenaza con el objetivo de que los salarios se ubiquen por encima de la inflación. Por su parte, con el retiro del IFE y la “localización” de la atención social que se predica desde el Ministerio de Desarrollo Social los sectores informales sufren ante la carestía de vida que sigue elevándose, generando así un incremento de la pobreza del siete por ciento según los números publicados en abril de 2021.
Una de las grandes deudas es un control eficiente y firme de la suba de los precios de los alimentos. Con ese mecanismo los empresarios especulan con la comida, algo dicho por el propio Alberto Fernández en repetidas ocasiones, pero que no pasó de declaraciones y medidas que no han tenido el impacto que se necesita para frenar el saqueo a la mesa de los argentinos.
