En el Consejo Magistratura, los representantes de los jueces no dieron quórum para que la Comisión de Disciplina avance en el análisis de las denuncias vinculadas caso de dádivas por el viaje de jueces a la mansión de Joe Lewis, en Lago Escondido, que podrían derivar en el juicio político de varios magistrados.
La semana pasada, en tándem y exhibiendo impúdicamente un espíritu corporativo, los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura dejaron sin quórum la sesión de la Comisión de Disciplina en la que se tenía que avanzar en el análisis de las denuncias vinculadas caso de dádivas por el viaje de jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, que podrían derivar en el juicio político de varios magistrados. El legajo iniciado por este caso, prescribe en septiembre venidero.
Cabe recordar que el 17 de octubre de 2022, el diario Página 12 denunció por medio de una nota titulada “Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”, que los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, junto al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, habían viajado hasta la estancia del magnate británico Joe Lewis, para participar de un encuentro en el que también estuvieron el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke, y el ex jefe de Asuntos Legales de la AFI, Leo Bergroth.
Tres meses más tarde, al hacerse público un hackeo del teléfono móvil de D’Alessandro, salió a la luz un chat de Telegram entre jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín en el que se ponían de acuerdo para evitar la difusión del viaje. Poco después, se divulgaron conversaciones de similar contenido entabladas entre D’Alessandro, el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Silvio Robles, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, y Marcelo Violante quien titular de Dakota SA, empresa de acarreo contratada por la Ciudad.
Todo esto dio origen a una causa en la Justicia Federal de Bariloche y a dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Y aunque en principio avanzó, ya en marzo mágicamente la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que la causa de Lago Escondido se investigue en Comodoro Py, por lo que pasó a tramitarse en el juzgado de Sebastián Ramos quien finalmente sobreseyó a los involucrados, argumentando que la prueba recolectada surgió de una “actividad de seguimiento irregular” por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El juez sostuvo que avanzar con la investigación sería una “excursión de pesca”, término jurídico que alude a una investigación que se hace para ver “si se encuentra algo”.
Pese a esto, el trámite abierto en el Consejo de la Magistratura continuó su curso hasta llegar a la situación actual. “Estos hechos nos demuestran la necesidad imperiosa de una reforma profunda que termine con los privilegios de verdadera casta plutocrática del sistema judicial”, recalcó desde el Partido Comunista de Quilmes, la integrante de la Columna Juana Azurduy, Laura Leonardi, quien alertó que “ningún mecanismo de control funciona si la designación de los jueces no es por voto popular”. Y, en tal dirección, hizo hincapié en que “éste es un punto fundamental de la propuesta programática de los y las comunistas”, así como “de todo el resto del campo popular”.
Vale recordar que la Columna Juana Azurduy es una de las que aportan año tras año, a la Marcha por la Soberanía a Lago Escondido que, respondiendo a la convocatoria que lleva a cabo la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), congrega a representantes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, políticas y de Derechos Humanos que se movilizan hacia el espejo de agua usurpado por el magnate británico.
