“La soberanía no se negocia, se defiende”. Con esa definición, Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM, advierte que la avanzada petrolera en Malvinas no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva imperial por los recursos estratégicos. A 193 años de la usurpación británica, el petróleo vuelve a colocar al archipiélago en el centro de la disputa global. Carrizo denuncia la complicidad del gobierno argentino con el Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Y alerta sobre la ruptura del consenso histórico que sostuvo el reclamo argentino de soberanía.
A 193 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas, la disputa por la soberanía argentina sobre el archipiélago vuelve a colocarse en el centro de la escena y recobra su arista antiimperialista. Mientras el gobierno de Javier Milei se inscribe en el escenario internacional como un aliado estratégico de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, la cuestión Malvinas se reactualiza hoy bajo una de las lógicas más agresivas del capitalismo contemporáneo: la apropiación de los recursos naturales estratégicos, en particular el petróleo, en un contexto de crisis civilizatoria del sistema y de hegemonía política y militar del imperialismo yanqui.
En este marco, la empresa israelí Navitas Petroleum avanza en la consolidación de su posición en las reservas hidrocarburíferas del Atlántico Sur, en abierta violación de la soberanía argentina y en contravención de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras persista la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. La firma acaba de suscribir un memorando de entendimiento no vinculante para adquirir el 65 por ciento de la Licencia PL001, contigua al proyecto Sea Lion, ya en desarrollo. El acuerdo establece un período de exclusividad de 90 días —prorrogables por otros 30— con el objetivo de cerrar la operación hacia mayo de 2026.
La licencia, extendida en noviembre de 2024 hasta diciembre de 2026 con opción de prórroga por una década adicional, exige un programa de perforación exploratoria y se inscribe en un proyecto de explotación petrolera estimado en unos 2.100 millones de dólares, cuya ejecución comenzaría recién a partir de 2028. Se trata, sin embargo, de mucho más que una inversión empresarial: es un nuevo paso en la consolidación del control británico sobre las islas y sus recursos, ahora asociado a capitales israelíes y al entramado corporativo energético global.
Para Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), esta ofensiva debe leerse como parte de un proceso histórico más amplio. “La usurpación actual es cualitativamente distinta a la de 1833”, explicó en diálogo con Nuestra Propuesta. “La evolución científico-técnica le permitió al imperio identificar que esta es una de las grandes zonas de riqueza del planeta. En un mundo que sigue funcionando sobre la base de la combustión interna, los recursos energéticos son centrales, y el petróleo es uno de ellos”, explicó.
Carrizo, quien combatió en las Islas siendo por esos años militante de la Federación Juvenil Comunista, remarcó que las Malvinas ocupan hoy un lugar estratégico en la disputa global por los bienes naturales, en un contexto de crisis del capitalismo y de avance de las derechas extremas. “Estamos viendo cómo se rompen los grandes acuerdos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto pone en jaque a Naciones Unidas y habilita una concepción imperial del poder basada en la apropiación de territorios”, señaló, vinculando la situación del Atlántico Sur con la ofensiva de Estados Unidos sobre América Latina y con el rol de Donald Trump como expresión política de ese nuevo ciclo imperial.
El presidente del CECIM aportó además un dato revelador a partir de su reciente visita a las islas: “En septiembre estuvimos en Malvinas y vimos una isla con apenas 2.000 habitantes, pero con un desarrollo industrial muy importante, tanto en pesca como en petróleo. Hay más autos que personas, un despliegue tecnológico enorme y sistemas de monitoreo avanzados para el Atlántico Sur y la Antártida”. Lejos de ser un enclave aislado, las islas funcionan como una plataforma geoestratégica clave para el control regional.
Ante las protestas argentinas —por vías diplomáticas y sin estridencias dada la alianza con Israel—, el gobierno de Netanyahu intentó despegarse formalmente del proyecto. El canciller Gideon Sa’ar afirmó que el Estado israelí no tiene injerencia en las operaciones de Navitas, por tratarse de una empresa privada que cotiza en bolsa. Sin embargo, Carrizo desarmó esa coartada: “Que sea privada no significa que esté desconectada del poder político. Muchos de estos privados forman parte del entramado económico que sostiene al gobierno de Netanyahu. Israel necesita importar recursos energéticos estratégicos, y estas operaciones no son ajenas a esa necesidad”.
En ese sentido, la participación de Navitas se inscribe en una trama corporativa más amplia que involucra a empresas como Rockhopper y a los intereses energéticos del Reino Unido y Estados Unidos. “Las grandes petroleras construyen acuerdos en función de las necesidades del imperio y de los territorios más propicios para la explotación”, explicó Carrizo, subrayando que Malvinas se ha convertido en una pieza codiciada de ese tablero.
El rol del gobierno argentino frente a este escenario resulta particularmente grave. Si bien desde la Cancillería se calificó el emprendimiento como “ilegítimo” y se decidió poner en pausa el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén —una de las promesas diplomáticas más simbólicas de Javier Milei, dado que tal mudanza tendría como destino un territorio palestino ocupado por el sionismo—, las medidas son claramente insuficientes. Para Carrizo, desde la asunción del actual gobierno se produjo un quiebre profundo con la posición histórica del país: “se marcó una alianza estratégica con el Reino Unido, la OTAN e Israel. El gobierno argentino ha decidido ser parte de la colonia del gran imperio norteamericano y no tiene prejuicios a la hora de entregar los recursos naturales estratégicos”.
La ruptura del consenso histórico quedó expuesta cuando el propio Milei avaló públicamente la idea de considerar la opinión de los habitantes de las islas, desconociendo la Resolución 2065 de la ONU de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Estados y rechaza la noción de autodeterminación de una población implantada. “La Argentina no solo se tapa un ojo, se tapa los dos y cierra la boca”, denunció el titular del CECIM. Y agregó: “este gobierno predica y comulga los ideales que promueven Trump y Netanyahu”.
Frente a este panorama, insistió en la necesidad de reconstruir un proyecto nacional soberano. “La soberanía hay que defenderla, no negociarla”, afirmó, rescatando experiencias como Pampa Azul y subrayando que Malvinas no es solo un problema argentino, sino regional. “La ofensiva sobre Venezuela, sobre Colombia y sobre toda América Latina forma parte de la misma lógica”, expresó.
Mientras tanto, el petróleo de Malvinas sigue en la mira del entramado anglo-israelí-norteamericano, avanzando sobre un territorio ocupado militarmente desde hace casi dos siglos. La novedad, hoy, no es solo la voracidad imperial, sino la complicidad de un gobierno argentino que ha convertido la claudicación en política de Estado y que pone en riesgo no solo la soberanía sobre las islas, sino el futuro estratégico del país y de la región.
Al celebrar el 3 de enero la invasión criminal de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su compañera, Cilia Flores, Milei “olvidó” referirse a la causa Malvinas precisamente en la misma fecha que se cumplían 193 años de la usurpación inglesa de nuestras Islas. Todo un signo de los tiempos que corren.
