El gobierno pretende modificar la ley que los protege para facilitar los negocios de la megaminería extractivista. La Ley de Glaciares es otra de las ofrendas que Javier Milei quiere hacerle a Donald Trump en el marco de las nuevas relaciones carnales que su gobierno impulsa con Estados Unidos y, en ese contexto, anticipó que pretende que se pueda ampliar la zona periglaciar, que es la que de acuerdo a la norma vigente define el perímetro donde pueden realizarse actividades mineras.
De este modo, si tal iniciativa prospera, serían las provincias las que determinen este punto que resulta clave ya que según lo que coinciden en plantear especialistas en la materia, la modificación podría provocar reducción en los caudales de varios ríos, disminución del tamaño de los glaciares y degradación del permafrost de montaña, algo que traería aparejado un impacto directo en la disponibilidad de agua para cultivos y consumo humano.
“Como Agrupación Violeta Docente que viene trabajando en las cuestiones ambientales y que celebra la Ley de Educación Ambiental, nos parece un retroceso muy importante que se intente tocar nuevamente la Ley de Glaciares”, advirtió Pablo Moren, quien recordó que hace doce años su sanción no resultó fácil, ya que esta ley “primero fue vetada por quien entonces era presidenta, Cristina Fernández, pero después volvió a ser aprobada por ella misma, que tomó conciencia acerca de que se debe preservar el agua glaciar”.
En ese sentido, Moren insistió con que “además de lo que quieren hacer con la Ley de Glaciares, hay un retroceso muy importante también en otras leyes ambientales, porque muchas corren riesgo a raíz del Rigi”. Y lamentó el desprecio que tiene la Presidencia Milei por la política ambiental, algo que quedó expresado, entre otras cosas, con la ausencia de una delegación gubernamental en la cumbre de cambio climático COP30, celebrada en la ciudad brasilera de Belém do Pará.
Asimismo, Moren, quien también es integrante de la Columna Juana Azurduy (que cada año visibiliza el derecho soberano y vulnerado sobre el Lago Escondido, usurpado por el británico Joe Lewis) repudió la detención de los activistas Liza Rule y Martín Iglesias, quienes fueron golpeados y arrastrados hasta el interior de la Legislatura de Mendoza, “transformando al edificio público en un centro de detención ilegal”, cuando participaban de una marcha exigiendo que el legislativo provincial no autorice la declaración de impacto ambiental a la minera San Jorge en Uspallata y que apruebe el área natural protegida Uspallata - Polvaredas. “Hoy seguimos teniendo detenidos a dos activistas ambientalistas a quienes se encarceló por luchar por la defensa del agua”, denunció Moren.
Tras lo cual hizo hincapié en que “los problemas ambientales que afloran en nuestro país tienen que ver con la defensa de la soberanía y por lo tanto son problemas políticos”, ya que “resulta imprescindible proteger los glaciares para resguardar el recurso que representa el agua, que es el bien común más importante que tenemos como especie humana”.
En tal sentido, sostuvo que “queremos un país que respete nuestros bienes comunes, queremos tener industrias pero que protejan el ambiente y necesitamos de la minería pero con un Estado fuerte, que la controle, que no haya derrames de cianuro”. Moren agregó que “toda acción humana tiene un impacto en el territorio y en el ambiente, pero debemos tratar de que sea el menor posible cuidando este espacio que es de todos y de todas”. Por eso, insistió, “la batalla ambiental y política es importantísima y va de la mano con la batalla por la soberanía en nuestro territorio nacional”.
