Mientras la justicia bonaerense insiste con el desalojo de la toma de tierras en Guernica y Larreta en la Ciudad de Buenos Aires privatiza el predio de Costa Salguero para el negocio inmobiliario, en Argentina más de un millón de hogares tiene problemas para pagar el alquiler
Un relevamiento elaborado por la Federación Nacional de Inquilinos arrojó datos que no sorprenden pero igualmente preocupantes. De los nueve millones de inquilinos que hay en el país, según datos oficiales, el informe arrojó que el 34,5 por ciento tiene ingresos menores respecto al mes de septiembre y el 51,6 se vio obligado a hacer uso del decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos, ante la dificultad para afrontar los gastos mensuales.
El alquiler hoy en Argentina, junto a los alimentos y servicios públicos, constituye uno de los precios claves de la economía de los sectores populares. De ahí que, según el informe, un hogar destine casi el 50 por ciento de sus ingresos totales a pagar el alquiler. Según el Indec, un hogar es una unidad económica que convive bajo un mismo techo. Por eso, lo alarmante del dato arrojado por la encuesta: en el mejor de los casos, en un hogar conviven dos, tres o cuatro inquilinos, y teniendo en cuenta los ingresos totales, así y todo deben destinar la mitad a pagar el alquiler. Por otra parte, del universo de inquilinos que paga expensas, el 35 por ciento no pudo pagarlas o las pagó parcialmente.
Se entiende, entonces, que el 75 por ciento de los inquilinos hayan tenido que recurrir, además, al endeudamiento para poder afrontar el difícil contexto económico provocado por el gobierno de Macri y ahora profundizado por la pandemia. El endeudamiento, estuvo dirigido a pagar otras deudas, más apremiantes, como por ejemplo el pago de tarjetas de crédito, que permite liberar cupo y así enfrentar algunos gastos que de otra manera son difíciles de sostener, o directamente a ayudar a otros familiares. Pero eso no fue todo: el 30 por ciento de los inquilinos ajustó todos los gastos que pudo el 10 por ciento manifestó estar vendiendo pertenencias para poder sobrevivir.
El trabajo no registrado que abunda entre los sectores populares, que no gozan de derechos básicos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo o por los convenios colectivos, es el dato más importante a tener en cuenta, para comprender la precariedad estructural a la que está sometida más del 40 por ciento de la población trabajadora. Si a ello se le suma el universo de trabajadores jubilados o pensionados, se comprende más acabadamente los índices de pobreza e indigencia dados a conocer recientemente por el Indec.
Ante este escenario, el Partido Comunista viene proponiendo con insistencia un paquete de medidas para enfrentar la emergencia económica provocada por el gobierno de Macri y la pandemia. Entre ellas, el Partido impulsa un impuesto permanente a las grandes fortunas, el cese de la precarización laboral, la implementación de una ley de abastecimiento para combatir la especulación, la inflación y el acopio de los productos básicos, como así también que se profundice en las medidas adoptadas para proteger a los inquilinos. Es necesario plantear con carácter de urgencia un plan nacional de vivienda para los sectores populares. Más que nunca, en este contexto de crisis sanitaria y económica, las condiciones de hábitat e higiene en la que viven millones de trabajadores implican un problema ambiental y sanitario que cabalga sobre las dificultades económicas del país, y de las que solo se podrá rendir cuentas para superarlas si se afecta a los grandes intereses de las corporaciones y se invierten esos recursos en mejorar las condiciones de vida de las personas.
