De cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, Martina Miravalles militante del Partido Comunista y Joaquín Beigbeder Secretario Político de la Fede respectivamente, dialogaron con Nuestra Propuesta acerca de un tema crucial para el pueblo de la Capital Federal: el modelo de Ciudad vigente impuesto por el PRO y la necesidad de construir un núcleo urbano diferente, basado en el buen vivir y la preservación de la identidad de los barrios porteños. Con el propósito de construir una alternativa desde abajo y con representación en la Legislatura para discutir entre otras temáticas esta problemática, el PC sale a disputar la agenda política con Confluencia por la Igualdad y la Soberanía.
Solo durante los últimos diez años el PRO, en alianza con el gran capital inmobiliario, construyó en la Ciudad de Buenos Aires más de diez millones de metros cuadrados en torres y edificios. Los números son tajantes: la edificación equivale a más de cinco Puerto Madero. Sin embargo, no se resolvieron ni uno solo de los problemas habitacionales que tiene la Ciudad, como el acceso a la vivienda para la juventud, la urbanización de las villas o el déficit de espacios públicos y verdes.
La problemática, que afecta a los grandes núcleos urbanos del país —Rosario, Córdoba, Santa Fe, Cipolletti, Tucumán, Neuquén, Mar del Plata o Bahía Blanca entre otros—, posee una característica especial en la Ciudad de Buenos Aires: la fusión explícita entre la principal fuerza política del distrito y el gran capital inmobiliario, consolidado durante las últimas décadas como capital puramente especulativo. Se trata de un modelo urbano destinado a la especulación y la renta, por ende, hostil al buen vivir y al pleno desarrollo de las capacidades humanas de sus habitantes.
Uno de los pilares que sostiene la estructura especulativa del desarrollo urbano porteño es el Código Urbanístico (CUR) de la Ciudad de Buenos Aires, que establece el marco normativo que rige la construcción y su relación con el espacio público. “Se trata de un código a medida del gran capital inmobiliario” dijo sobre el CUR Martina Miravalles, militante del Partido Comunista de Villa Crespo y vecina activa en la defensa del buen vivir en la Ciudad de Buenos Aires.
Miravalles, que participó de las audiencias públicas que se llevaron a cabo el año pasado para reformar el Código, recordó que el CUR vino a reemplazar un cuerpo normativo que estaba vigente desde la dictadura. En ese sentido, remarcó que “es lógico que una ciudad, si la consideramos como un organismo vivo que cambia conforme al tiempo, sufra transformaciones con el transcurso de los años”. No obstante, “el problema no es el cambio, sino cómo cambia, quienes se favorecen y quienes quedan excluidos o son perjudicados”, explicó. En la Ciudad de Buenos Aires, tras veinte años de gobierno del PRO, está claro que se impuso el modelo de la especulación inmobiliaria y del gran capital inmobiliario.
La militante del PC, que también es socióloga e integrante de la agrupación Villa Crespo Activa, señaló que como su nombre lo indica “los CUR son, ni más ni menos, códigos de construcción”. El énfasis no es redundante, ya que indica una concreta orientación política que asume la dureza de los ladrillos y el cemento. Sucede que “anteriormente se hablaba de ‘planificación urbana’, pero este concepto quedó desplazado en pos del modelo de los códigos urbanísticos, más afín al paradigma que propone el capital especulativo para el desarrollo de negocios inmobiliarios”. Esto es así, agregó, porque “el concepto de planificación implica una serie de variables y de elementos a tener en cuenta que obligan a considerar a la Ciudad desde un punto de vista integral, y no desde la perspectiva única de la ganancia”. De este modo, el PRO avanzó hacia un código normativo para la construcción sin planificación y sumamente beneficioso para el capital inmobiliario.
Según la ley, el Código Urbano debe ser sometido a evaluación y reforma cada cuatro años. Luego de la pandemia y sus contratiempos, recién a fines del año pasado se discutió la reforma del CUR establecido en 2018. ¿Qué cambió de uno a otro? “El cambio fue cosmético”, señaló sin miramiento Miravalles. “Hubo algunas modificaciones que fueron introducidas gracias a la movilización de la ciudadanía en distintos barrios, entre ellos la contemplación de más espacios públicos y de suelos absorbentes para prevenir inundaciones”, pero no mucho más. En ese sentido, más allá de los cambios conquistados, “uno de los aspectos más positivos fue el compromiso y la participación creciente de los vecinos en las luchas y discusiones sobre el espacio público”.
Pero rápidamente algunos avances positivos fueron neutralizados mediante la incorporación, sin discusión, de artículos que fueron incluidos a pedido de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Uno de los puntos más vergonzosos es la habilitación de hecho para construir a la altura del edificio más alto de la cuadra, con indiferencia a los límites establecidos por el CUR para la zona en cuestión. “Este permiso genera un efecto dominó que deja casi sin efecto al propio Código”, aseveró Miravalles. Son las trampas del capital; letra chica, estafa grande.
Por ello, la militante remarcó que “se trata de un Código que no considera ninguno de los aspectos básicos y esenciales para un buen vivir”. Pues, explicó, “el buen vivir implica, por ejemplo, que cada persona que habita la Ciudad pueda tener garantizado el derecho al sol y al aire”. En efecto, existen estándares mínimos de salud que el llamado “desarrollo” inmobiliario no solo ignora, sino que obstaculiza. “El CUR debería contemplar el asolamiento mínimo necesario”, aseveró.
Otro de los aspectos más vergonzosos del CUR es la perspectiva desde la que se considera a la zona sur de la Ciudad. “El Código plantea el desarrollo de la zona sur, sin precisar en qué consiste el mismo y sin abrir la discusión a la ciudadanía”, señaló Miravalles. Pero no hay que engañarse: “para el PRO desarrollo es sinónimo de construcción”. Esto se ve reflejado en que el CUR habilita inmediatamente a toda empresa que construya en zona sur a construir en la zona norte, donde el metro construido tiene mucho más valor, y con el beneficio de no tener en cuenta las restricciones de altura establecidas por el Código. De este modo, el Código mismo establece las condiciones para su incumplimiento y queda como letra muerta frente al vivo desarrollo del negocio inmobiliario.
Además, el nuevo Código se conformó sin una evaluación previa del CUR sancionado en 2018. “Nada de eso existió, se trató de una modificación poco seria que ni siquiera cuidó las formas”, explicó Miravalles, quien participó de los debates. “Las audiencias públicas contaron con una impresionante participación ciudadana y una brillante exposición, desde el punto de vista técnico, de los vecinos acerca de las necesidades que el nuevo código debería haber contemplado”. Sin embargo, “la mayoría de las propuestas no fueron tenidas en cuenta” y denunció que “los legisladores entendían menos que los vecinos”.
La militante del PC consideró que todos estos factores son los que determinan la fisonomía que viene adquiriendo Buenos Aires desde que el Pro gobierna la Ciudad. “Los edificios no se construyen para solucionar el problema del déficit de vivienda, sino como reserva de valor alternativa al dólar o como medio seguro para el blanqueo de capitales”, denunció y ejemplificó: “es habitual caminar por la Ciudad y ver carteles que anuncian permisos de construcción apto blanqueo”. También denunció que se construyen edificios para la recepción de turismo extranjero mediante plataformas como Airbnb, con amenities globales que homogenizan todo tipo de experiencia e identidad. “El tipo de construcción que se propone es una construcción globalizada a la que nada le importa la identidad de cada barrio y que afecta el patrimonio histórico de la Ciudad”, detalló. Y concluyó señalando que, paradójicamente, “esta tendencia daña a la industria del turismo porque Buenos Aires es Buenos Aires por su historia e identidad urbana”.
El modelo PRO y el acceso juvenil a la vivienda
Joaquín Beigbeder, Secretario Político de la Federación Juvenil Comunista (FJC) de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a legislador de Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, el espacio frentista integrado, además de por el PC, por Patria de Iguales, La Dignidad, Unidad Popular y el movimiento “La Ciudad Somos quienes la Habitamos”, que competirá en las próximas elecciones porteñas, remarcó que “la juventud necesita romper con la lógica de mutuo beneficio entre el Gobierno de la Ciudad a cargo del Pro y los sectores inmobiliarios”.
“La reforma que puso en vigencia Jorge Macri está enfocada, por un lado, hacia la construcción de edificios, es decir, más cemento y menos espacios verdes, en una de las ciudades con menos espacios verdes por metro cuadrado del mundo”, explicó el militante de la FJC. Por el otro, agregó, “las reformas plantean que uno de los objetivos se centra en el desarrollo de la zona sur de la Ciudad, pero sin aclarar en qué consiste ese desarrollo y quienes lo van a llevar a cabo”. Se trata, denunció, de una “máscara para sostener los negocios de los mismos grupos inmobiliarios de siempre”.
En ese sentido, Beigbeder remarcó que “el CUR profundiza los problemas estructurales y ambientales de la Ciudad”, dado que la reforma habilita la construcción de grandes torres en detrimento de los espacios verdes. “No se trata de un problema nuevo sino de una problemática que no hace más que profundizarse” dijo y se preguntó: “¿por qué en vez de ayudar a los grandes grupos inmobiliarios a seguir construyendo torres y departamentos vacíos no se avanza con la urbanización de villas como el Barrio Rodrigo Bueno?”.
Por todo esto, “el modelo de ciudad impuesto por el PRO en la Ciudad afecta gravemente a la juventud”. Por un lado, “la especulación inmobiliaria sostenida durante los últimos años derivó en un aumento exponencial de los alquileres, por lo que la juventud no se puede independizar, hoy es improbable que una persona se pueda ir a vivir sola antes de los 25 o 30 años”. Por el otro, “la falta de espacios verdes y el cercamiento de los espacios públicos en plazas y parques repercute en el ocio y esparcimiento de la población juvenil”, remató.
