Ya pasó lo peor…se vienen lo más difícil

Si con las Paso se tuvo que tachar La Doble, en el resultado de las Legislativas el Gobierno tiró un Full Servido que le sirvió para encontrar una inyección de optimismo, desde la que retomó su iniciativa política que el propio Alberto Fernández exteriorizó en los dos mensajes que dio el domingo 14 y en el que brindó el miércoles siguiente en Plaza de Mayo.

Un eje se dirigió hacia adentro del Frente de Todos (FdeT) y el otro buscó receptores en la oposición política y el universo corporativo-empresarial. El primero habla de la necesidad de institucionalizar el FdeT, mientras que el restante revitaliza la idea germinal de la actual coalición de gobierno, con su propuesta de construir un acuerdo de tipo transversal y policlasista que incluya a todo lo que se pueda de la oposición política, y de los universos del capital y el trabajo (Ver ¡Se va la segunda!).

Pero todo esto está atado a las negociaciones con el FMI, sobre las que durante la semana pasada, el Gobierno se encargo de hacer públicas señales de que podrían comenzar a cerrarse durante diciembre, con la firma de una carta de intención.

Específicamente sobre esto habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, que adelantó que lo medular de lo que se acuerde, va a ser incluido en el Plan Plurianual que Fernández espera enviar ese mismo mes al Congreso, previo paso por el Consejo Económico y Social donde espera encontrar el respaldo de los de los sectores empresario, sindical y de los movimientos sociales ahí representados.

Es que cuando se sepa el monto de lo que se le va a pagar al FMI durante los próximos años, va a poderse tener un panorama más claro sobre qué recursos con los que cuenta el Estado para atender las necesidades que demanda la reactivación de la actividad interna y la inversión social.

Desde La Rosada se habla de disipar la incertidumbre que provoca la situación generada por una deuda tomada por el Gobierno Cambiemos de forma ilegal e ilegítima, que casi exclusivamente sirvió para financiar fuga de divisas (Ver ¿Y dónde están los dólares?).

Cabe recordar que casi la totalidad de los 4.334 millones de dólares que entraron este año a las arcas del Banco Central por la distribución de Derechos Especiales de Giro (DEG), acaban yéndose por el repago de capital e intereses del Stand By que perpetró el Gobierno Cambiemos.

Y lo que se viene para 2022 y 2023 es absolutamente impagable, ya que hay 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos por un total de 19.115 millones de dólares para el año que viene y 19.367 millones para 2023.

En este contexto, la posición inicial que propuso el Gobierno se resume en una solución que considere la excepcionalidad del Stand-By acordado por Mauricio Macri y Christine Lagarde, pero también las irregularidades que lo caracterizan (Ver Roma no cree en lágrimas). Y, por eso, demandó menor tasa y mayor plazo que lo que prevén las dos líneas existentes, esto es el Stand By que fija un tope de cinco años y el Facilidades Extendidas que lo establece en diez.

De ahí que planteara que es preciso un abordaje basado en que la reprogramación de los plazos -de diez a quince años- establecidos por el FMI para el pago de la deuda de 45 mil millones de dólares, pero esto es algo ya descartó el Fondo.

También pidió que el organismo suspenda el recargo de la tasa, ya que ahora se ve obligada a abonar dos puntos adicionales por sobre el 1,05 por ciento, porque Macri endeudó a todos los argentinos, por una suma que excede el 187,5 por ciento de lo que le habilitaba la cuota-parte que el país tiene en el FMI.

Si prospera el planteo que hace el Gobierno sobre este punto, Argentina evitaría pagar 950 millones de dólares extra anuales en concepto de intereses, cifra que con el correr de los años aumentaría a 1.350 millones. Este último es el punto al que el ejecutivo le pone las fichas, pero fundamentalmente a que se posterguen los vencimientos hasta 2026.

Al respecto y por medio de su vocero, Gerry Rice, la semana pasada el FMI deslizó que lo de la quita en el recargo puede ser viable, pero es un tema para tratar más adelante. La cosa puede venir por el lado de la creación del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, que viene reclamando Argentina, donde vaya a parar aquello de los DEG que las principales economías del planeta no utilizan, y que podría usarse para crear una línea de financiamiento con tasas más bajas y plazos más largos.

Asimismo, insistió con su reclamo de que se acelere la reducción del déficit primario que de acuerdo al Proyecto de Presupuesto sería del 3,3 por ciento del PBI para 2022, pero también machacó con que se debe reducir la brecha entre el precio del dólar oficial y el de las otras formas en las que se comercializa. Y volvió a recalcar que, a diferencia de lo que pasó con el de 2018, esta vez, el acuerdo debe contar “con un amplio apoyo político y social”.

Todo esto va a estar explicitado en la carta de intención que el Gobierno espera poder someter a la consideración del Congreso. Y de esa reprogramación de deuda, va a depender qué límites puede tener el ritmo de la recuperación económico-productiva de Argentina, para la etapa post-pandemia que el Gobierno quiere consolidar –y acelerar- durante los próximos meses, así como qué presión hará el corsé que va a rodear a cualquier programa de desarrollo para el mediano y hasta el largo plazo.

Con la premisa de crecer

Sobre esto, algún indicio permite advertir el Plan Plurianual que fue adelantado por el Presidente, que busca aprovechar las certezas que entregaría la forma de un acuerdo con el FMI, para fomentar un escenario que propicie la reapertura del grifo por parte de los organismos multilaterales de crédito, para que el país pueda dinamizar su tasa de crecimiento.

Porque la cosa es clara. Con una tasa cercana al nueve por ciento, este año Argentina va a recuperar casi en su totalidad lo que perdió durante la pandemia, pero aún falta hacer lo propio con aquello que destruyó el Gobierno Cambiemos que dejó una caída del PBI del orden del 7,4 por ciento.

Desde La Rosada se plantea mantener un crecimiento acumulativo que esté en un rango del seis por ciento de promedio anual, algo que es indispensable para sostener el déficit fiscal, la estabilidad cambiaria y la relación salario-inflación en rangos aceptables, como así para que el Estado pueda estimular un salto hacia adelante en términos de infraestructura que –entre otras cosas- mejore las estructuras logística y energética, algo que impactaría positivamente en la matriz exportadora (Ver Crecer, pero desde el pie).

De esto va el Programa Plurianual, que pretende convertirse en una hoja de ruta para articular crecimiento con sustentabilidad fiscal, de forma tal que haya con qué enfrentar el pago de la deuda con el FMI y otros acreedores.

Como se ve, se trata de una tarea difícil, ya que implica arreglar con el FMI que tiene en buena parte de la oposición política domestica a su mejor quintacolumnista, pero también establecer un esquema bastante rígido de metas inflacionarias, fiscales y de nivel de reservas internacionales.

¿Pero de dónde piensa el Gobierno sacar los recursos para que el país crezca con esos condicionamientos y sin el mega-ajuste que le sigue reclamando la oposición político-corporativa?

El propio Fernández suministró algunas pistas durante su discurso de Plaza de Mayo. Se trata de ejes en los que el Gobierno ya viene trabajando como el fomento a la industria automotriz que está creciendo a tasa récord y la innovación que plantea la electromovilidad y la industria de las energías renovables, cuyos precios internacionales vienen registrando constantes incrementos.

Asimismo se refirió a la promoción del compre nacional, que contribuya a acelerar la recuperación industrial que ya se verifica con datos como el sostenido incremento de la inversión en bienes de capital e insumos que vienen registrando las importaciones.

Pero donde deposita más expectativas, al menos en el corto plazo, es en las divisas que puedan producir la agroindustria y los complejos hidrocarburífero y el de la megaminería que reúnen un potencial exportador de fuerte impacto, pese a que tienen varios claroscuros (Ver Crecer, pero desde el pie y ¡Es por abajo!).

De ahí que estos rubros tengan un lugar destacado en el rumbo que traza el Plan Plurianual. La previsión es que en el caso de la minería, las exportaciones crezcan un treinta por ciento durante los dos años siguientes, y una expectativa similar se tiene en lo que hace a la agroindustria con un cuarenta por ciento y en el de los hidrocarburos con un 68.

Todo esto condicionado a la sanción de tres iniciativas sobre las que La Rosada espera conseguir apoyo legislativo. El Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, para cuya sanción el ejecutivo deberá trabajar mucho si quiere conseguir el aval de las provincias productoras, que con el texto propuesto temen que se les recorten funciones de autoridad de aplicación (y recaudación) que tienen ahora.

Los otros son el Proyecto de Ley del Consejo Agroindustrial Argentino (Ver ¡Campo solidario!), que fuera confeccionado por el Consejo homónimo que agrupa a diferentes cámaras empresariales del sector, entre las que no figura Sociedad Rural. Y el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, cuyo lanzamiento el ejecutivo prevé para los próximos días.

La primera de las iniciativas que alcanza a 24 cadenas de valor de los diferentes niveles de producción y que fue enviada por el ejecutivo al Congreso en septiembre, considera y tiene la misma matriz que el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, es decir, prevé fuertes incentivos fiscales y beneficios de cara a futuras inversiones, cuya contrapartida es el compromiso de un sector empresarial –bastante concentrado y extrajerizado- de elevar las exportaciones en cuarenta mil millones de dólares y generar setecientos mil puestos de empleo.

Suena lindo hasta que se observa la letra chica. Es que, si prosperan, estas iniciativas van a darle estabilidad fiscal durante dos décadas al sector empresarial que actúa en estos rubros, con lo que el Estado resignaría la posibilidad de utilizar una herramienta que, como lo es la estructura impositiva, sirve por ejemplo para desacoplar precios internacionales de aquellos que se pagan en el mercado interno, tal como es el caso de los derechos de exportación.

Esto es que se podría estar traspasando un límite que vulnere la soberanía fiscal, pero que también puede tener consecuencias prácticas mucho más ligadas a la coyuntura. Es que si los empresarios del sector cumplen con las expectativas, se lograría tener el impacto favorable en lo que hace a las reservas del Banco Central, algo que el FMI reclama para garantizarse que el pago de deuda se cumpla. Pero a la vuelta de la esquina y sobre todo en un escenario global tan volátil como el actual, puede aparecer una situación de demanda de commodities que dispare precios internacionales que, sin la posibilidad del desacople, arrastrarían a los precios locales, lo que provocaría una espiral inflacionaria y cambiaria que, entre otras cosas, llevaría a contrariar preceptos que el propio FMI establece para la renegociación en curso.

Mr. Arroz dixit

Mientras de un lado y el otro del umbral de La Rosada deglutían el resultado de las Legislativas, ni lerdo ni perezoso Mr. Rice, se apresuró a volver con la cantinela de que si no se acelera la reducción del déficit primario, se acaba el mundo.

¿Pero será que andamos tan lejos? Los datos que suministra el Ministerio de Economía en el último informe publicado, que incluye el desempeño que hubo hasta septiembre, señalan que en términos acumulados el déficit primario alcanzaría hacia fin de año los 567.476 millones de pesos, esto es, el 1,3 por ciento del PBI, en tanto que el financiero llegaría a  1.060.704 millones, lo que representa el 2,5 por ciento del PBI. Esto quiere decir que la meta del 4,5 prevista en el Presupuesto 2021, estaría sobre cumplida.

Este ritmo es constante, incluso después de las Paso cuando –muy que le pese a Martín Tetaz- no apareció la “maquinita lanzabilletes”, ya que el renglón dedicado al gasto sólo representó un incremento del 0,3 por ciento del PBI.

¿Entonces por qué será que Rice dice lo que dice? Lo que hace el FMI en consonancia con sus voceros locales, es reclamar que se perpetre un mega-ajuste por medio de una reducción drástica de los subsidios de tarifas y un golpe a la política monetaria, a través de la suba de la tasa de interés, algo que impactaría directamente en una merma en el consumo interno y el encarecimiento del crédito. De esto va también la letanía que exige que se achique la brecha entre el precio oficial del dólar y el de la venta ilegal, algo que no tiene mucha justificación, pero que redundaría en un flor de negocio para quienes apuestan a la devaluación (Ver Qué y por qué votar).

Las dos cosas serían letales para una economía cuyo componente más dinámico es el mercado interior y que, como se dijo en este artículo, se plantea crecer a tasas sostenibles de seis puntos durante los próximos años.

En este contexto es que el Presidente lanzó la idea de avanzar hacia una convergencia fiscal, basada en un acuerdo que permita crecer sin ajustar, pero también generar un ambiente que propicie las inversiones y la creación de empleo conveniado.

Esto es clave y es uno de los puntos en los que el Gobierno va a tener que ser muy celoso a la hora de firmar el acuerdo con el Fondo. Porque si mientras que se ataca el déficit fiscal se fomenta el recorte de ingresos fiscales, lo que se hace no es otra cosa que reducir el renglón correspondiente a la inversión social y promoción de la actividad productiva y el trabajo. Por eso, en ese caso, sólo se estaría reduciendo la contribución fiscal de la clase capitalista que actúa en Argentina, con lo que se trataría de una modificación del patrón de redistribución de la renta, pero de carácter profundamente regresivo.

Va quedando más en evidencia entonces, de qué va lo que reclama el Sr. Arroz y que, al menos en este caso, lo suyo no se soluciona con dos palitos.

¿Y dónde está el superávit?

Como se ve, en esto del superávit, importa la meta pero mucho más el camino que se elija para llegar a ella. Sobre todo en un escenario en el que lo prioritario es atender las necesidades de una sociedad –principalmente a sus segmentos más empobrecidos- que padeció un año y medio de estrés provocado por la pandemia, apenas cuando comenzaba a levantar cabeza de cuatro años en los que la Presidencia Macri provocó la peor transferencia regresiva, endeudamiento, fuga de divisas y destrucción del aparato productivo que registre la historia de Argentina.

Pero para ello, es preciso sostener e incrementar el superávit de cuenta corriente que el país viene levantando, tras el saldo negativo que dejó el Gobierno Cambiemos y que lleva a que, actualmente, se registre la mejor recuperación en una década, algo que destacó el Presidente en su mensaje de Plaza de Mayo, donde también hizo hincapié en los datos auspiciosos que exhibe la recuperación del nivel de empleo conveniado.

Y, en este sentido, cabe preguntarse cómo se puede hacer para galvanizar esta recuperación, para que se pueda llegar a esa cifra mágica del piso del seis por ciento sostenido que el país necesita crecer para ir achicando la brecha entre quienes más tienen –y les fue muy bien incluso en pandemia- y aquellos trabajadores conveniados u obligados a desenvolverse en la informalidad, que están amesetados en niveles que van de la indigencia a la pobreza.

Y todo esto en un contexto en que cada medida que vaya a tomar el Gobierno, va a estar encorsetada por las restricciones que a priori establece el Estado Liberal Burgués (ELB), pero también por las que en este caso impone el FMI en tanto herramienta clave para comprender de qué va el desarrollo del actual momento que atraviesa la Crisis de Larga Duración Capitalista.

En esta tarea, una respuesta tiene que ver con que el Estado sea más eficiente con sus cuentas fiscales. Para comenzar, debe tener una actitud espartana a la hora de perseguir la evasión fiscal de los actores de la clase capitalista que actúa en el país, que poseen un arsenal de herramientas para encontrarle la vuelta a una legislación que -por supuesto- está diseñada para favorecerlos.

Es que los muchachos vienen cebados. Durante los últimos diez días, la Administración Federal de Ingresos Públicos decomisó 8.100 toneladas de maíz y 502 de soja que estaban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana, listas para ser exportadas de contrabando. Se trata de una carga valuada en 65 millones, mientras que en un operativo realizado el viernes por la Aduana en el puerto de San Pedro, se interceptó una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz partido.

Estos casos son elocuentes, en el de San Pedro, se trata de una carga equivale a más de 160 camiones, algo así como una caravana que comienza en Caballito y acaba en Avenida 9 de Julio ¿Es tan fácil trasladar y ocultar volúmenes  como estos?

Pero además de este tipo de acciones destinadas a perseguir y penalizar a chorros que manejan Range Rover ¿es posible que el Estado empiece a desenmarañar el bolonqui que es el sistema tributario de Argentina en el que la complejidad, ineficiencia, inequidad y elevada evasión se conjugan para hacer que los sectores de ingresos medios y bajos carguen con casi el ochenta por ciento del peso.

Es complicado que esto vaya a pasar, porque los que integran el selecto grupo del veinte por ciento, tienen capacidad de lobby suficiente como para abortar cualquier iniciativa parlamentaria que transite en tal sentido.

De ahí que, habitualmente, cuando se habla de esto, se acabe hablando de subsidios y, por supuesto, cuando suena esa palabra la culpa de todo la terminan teniendo “los planeros que viven sin trabajar”.

Pero más allá de esa estupidez, el ejecutivo tomó la decisión de avanzar en un abordaje de la política tarifaria, que comience a desmenuzar los componentes de los subsidios que prevé el Proyecto de Presupuesto, para garantizar que los que más tienen sean quienes contribuyan más y que eso subvenciones a la tarifa social.

En esta dirección va la determinación del Enre de instruir a las prestadoras del suministro eléctrico de la zona Amba, para que reempadronen a más de un millón y medio de personas usuarias de categoría residencial. Y, mientras tanto, busca delinear su Plan de Transición Energética 2030, que pretende construir una matriz energética “inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y ambientalmente sostenible”, en la que la participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas pase del 61 que tenía en 2019 a menos de la mitad para 2030.

Para ello el Estado debe conseguir una financiación de entre diez mil y catorce mil millones de dólares que no tiene, por lo que va a tener que salir a pasar la gorra por mercados de crédito que –según espera- van a volver a incluir a Argentina entre sus clientes, después de que arregle con el FMI.

La deuda con el FMI es ilegal e ilegítima y hay que seguir denunciando a quienes y por qué la contrajeron. Pero también es una realidad que, con o sin acuerdo, condiciona mucho a la hora de encarar cualquier proyecto de crecimiento que pueda ofrecer una perspectiva de vida mejor a los cuatro de cada diez argentinos que están por debajo de la línea de la pobreza.

Para ello, es preciso –cuanto antes- ir superando la restricción externa para reconstruir una matriz productiva ligada a la manufactura industrial y agroindustrial, que genere algo de excedente. Y, para eso, es necesario construir una matriz energética que sea sustentable, así como optimizar las de tipo logística y exportadora, algo para lo que se precisa poner en marcha capacidad ociosa y revitalizar infraestructura. Para esto hacen falta insumos y bienes de capital que en muchos casos hay que importar.

Y la paradoja es que para conseguir las divisas necesarias para ello hay que tocar a la puerta de organismos multilaterales de crédito, que para entrar piden que el acuerdo con el Fondo esté hecho.

Desde este presupuesto básico, es que el Presidente se ubica para establecer desde lo simbólico y lo concreto, un  momento-bisagra de relanzamiento del gobierno que encabeza, pero también para promover la institucionalización del FdeT, como bloque que pretende mantener la centralidad en el esquema de representación política y, desde ahí, impulsar el acuerdo social de tipo transversal y policlasista que es parte medular de la propuesta que hizo el FdeT en 2019 y que se vio postergada por las imposiciones que trajo la pandemia.  

Estos son los factores con los que el Gobierno piensa poder acumular suficiente volumen político, para enfrentar un escenario en el que no la tiene para nada fácil.

Trabajosamente la Secretaría de Comercio Interior sigue intentando enhebrar un acuerdo que pueda dar razonabilidad y sustentabilidad a los precios de consumo masivo y medicamentos, cuando acabe el congelamiento acordado con las cámaras empresarias de ambos sectores.

Pero la semana pasada y tras cuatro meses de relativa paz a raíz del acuerdo que hicieron con el Gobierno, los empresarios de uno de los sectores que intervienen en la cadena de valor de la carne bovina, metieron un aumentazo en el precio del ganado en pie que en el mercado de Hacienda de Liniers dio un salto del veinticinco por ciento.

La decisión es una patada en los tobillos a la propuesta del ministro Julián Domínguez de armonizar el consumo interno con la exportación y el precio, algo que desde La Rosada consideran necesario para poder avanzar en el Plan Ganadero, que el Gobierno presentó en junio con el aval del Consejo Agroindustrial Argentino.

A la hora de sentarse a planificar una estrategia que –así lo espera el ejecutivo- permita tener una producción bovina que garantice la exportación y el abasto del mercado interno a precios desacoplados de los internacionales, nunca se invitó al sector cooperativo. Y esto pese a que hace más de ocho meses, la Mesa de Frigoríficos Recuperados (MFR) le presentó al Gobierno una propuesta tendiente a “recuperar el precio popular de la carne”. Cabe citar que la MFR reúne a empresas recuperadas que faenan el cuatro por ciento de lo que se consume en el mercado interno, al tiempo que tiene un potencial para llegar a un diez del total.

Por eso el caso de este nuevo aumentazo del precio de la carne, puede servir como detonante para reflexionar que a la mesa a la que está convidando el Gobierno con su idea de acuerdo social, e incluso a la iniciativa de institucionalizar el FdeT, le está faltando una pata.

Porque está claro que la puja distributiva es un episodio de la lucha de clases que tuvo un capítulo álgido durante lo peor de la pandemia, vinculado -sobre todo- al tironeo por el precio de los componentes de la canasta de alimentos. Y que en el momento que ahora parece inaugurarse, la clase capitalista que actúa en el país, va por la parte del león de aquello que resulte de la recuperación que pueda experimentar la economía.

Pero también resulta evidente que desde la perspectiva liberal-burguesa, se considera casi con exclusividad que los actores de esa pulseada deben ser el universo del capital y el que comprende al trabajo asalariado formal. Por eso es prudente preguntarse dónde entran en este esquema las más de once millones de personas que viven en Argentina afuera de las relaciones existentes entre esos dos universos.

Porque la informalidad no es una condición inherente a los trabajadores, sino un estatus al que los empujan las relaciones que impone el capital, amparadas por leyes que diseña el ELB. Y por eso es que vuelve a ser evidente la necesidad de plantear una mirada no capitalista de la cosa. Esto es, una perspectiva que sea capaz de transformar a esa informalidad en otro tipo de relación que vaya por afuera de las que impone el capital. Y para esto, movimientos sociales y otros actores de la economía popular, el asociativismo y el cooperativismo, tienen que dejar de ser convidados de piedra a la hora decidir qué se va a hacer con el producto del crecimiento del PBI, pero también cómo hacer para seguir creciendo.

Porque, entre otras cosas, el mecanismo perverso que impone el sobeendeudamiento en tanto instrumento que impone condicionamientos y dependencia, es una fábrica de escasez allí donde no la hay. De ahí la insistencia en cosas como la suba de la tasa de interés que desalienta la inversión productiva, destruye el poder adquisitivo del salario y engorda los bolsillos de los que tienen dinero (¡Y mucho!). Y todo al tiempo que deliberadamente se fabrica desempleo, como herramienta para disciplinar y desarticular a las clases trabajadoras, algo que acaba impactando en la caída del consumo y la recaudación que deriva en el engorde de los déficits públicos por los que se rasgan las vestiduras los mismos que provocaron este círculo vicioso y que, en esa circunstancia, exigen más ajuste.

Por todo lo dicho, es evidente que si fracasa un acuerdo con el FMI no va a ser por culpa del Gobierno o de los actores que tienen más peso hacia adentro del FdeT. Y, asimismo, que aún con matices, esos actores abonan la idea de que es preciso avanzar hacia un acuerdo de tipo policlasista y lo más transversal posible.

Pero también lo es que integramos y defendemos a la coalición gobernante en la que tenemos espacios para disputar. Y, en este sentido, debemos sumar desde aquello que dicta nuestra propia identidad como comunistas, sin mimetizarnos, ya que sin dudas ese es el mejor aporte que podemos hacer a la coalición que, ante que todo, es una barrera para el avance de la derecha.