Desde el gobierno nacional se asevera que se va a avanzar en un paquete de medidas que, entre otras cosas, veten el acceso de personas inmigrantes que residan en Argentina, a la gratuidad en los sistemas públicos de educación y salud.
“Lo que ya se hizo y es gravísimo es la reforma de la normas vinculadas con el refugio”, advirtió el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Gerardo Etcheverry, y añadió que “ahora se está revisando la situación de una cantidad de refugiados, algunas personas con decenas de años el país como Leonardo Bertulazzi, y la posición del gobierno nacional es expulsar…quitar la condición de refugiadas a todas aquellas personas que no tengan una línea parecida a la de EE.UU. que es la que sigue al pie de la letra este gobierno”.
De este modo, el vicepresidente de la Ladh, describió cuál es el contexto que acompaña a los pasos que viene dando la Presidencia Milei desde donde recientemente se anunció que busca implementar una reforma migratoria que, entre otras cosas, pretende vetar el acceso de personas inmigrantes que residan en Argentina, a la gratuidad en los sistemas públicos de educación y salud.
“El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, dijo el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, quien fue el encargado de hacer el anuncio y tras deslizar que la decisión se inscribe en el contexto de la profundización del ajuste que viene llevando a cabo el gobierno que integra, recalcó que se van a endurecer los requisitos para la entrada de inmigrantes y se agilizarán los trámites que permitan la expulsión de extranjeros “que delincan”.
Dentro del escenario que se plantea, “una gran cantidad de personas que están refugiadas pueden perder esta condición”, reflexionó Etcheverry y advirtió que simultáneamente “se le podría dar refugio, por ejemplo, a un Bolsonaro en caso de que lo pidiera”. Estos dicho nada tienen de antojadizos, ya que la normativa en la que pretende avanzar el ejecutivo nacional, tiene como regla a la arbitrariedad, la misma que hizo posible que una cantidad difícil de determinar de individuos imputados por su participación en el intento de golpe de Estado en Brasil de principios de 2023, hayan encontrado refugio en nuestro país tras la asunción de Javier Milei a la Presidencia.
Por otro lado, el abogado de la Ladh sostuvo que “desde el punto de vista de los grandes capitales, tener migrantes ilegales les sirve para deprimir el salario”, pero también se trata de “un instrumento para la coerción social y una herramienta para presionarlos, para evitar que reclamen por sus derechos y poder explotarlos todavía más”.
Y, asimismo, el intento por poner un tema como este en la agenda pública, representa “un globo para distraer”, en momentos en los que la incertidumbre sobre el futuro económico y principalmente la depreciación del salario afectan seriamente al universo del trabajo. Por eso es que entre los argumentos gubernamentales, se intenta instalar la idea del inmigrante asociado al delito. “El porcentaje de extranjeros que comenten delitos en Ciudad de Buenos Aires es muy bajo y la mayoría son casos de mínima peligrosidad”, puntualiza Etcheverry y recuerda que en tal contexto, desde Casa Rosada y su aparato massmediático, se carga contra los inmigrantes pobres, pero “nadie habla de los grandes grupos extranjeros que actúan en el país y que, efectivamente, cometen delitos económicos”.
