En línea con lo que viene sucediendo en otros países, en la República Checa el gobierno que encabeza Petr Fiala, avanzó con la modificación del Código Penal para penalizar “cualquier forma de apoyo o promoción del movimiento comunista”.
Días atrás tuvo lugar un nuevo y peligroso giro a la derecha en Europa, cuando la República Checa siguió el camino que ya transitaron otros estados en los que el macartismo se convirtió en moneda corriente. Esta vez, la noticia es que a instancias del gobierno que encabeza Petr Fiala, se avanzó con la modificación del Código Penal para penalizar “cualquier forma de apoyo o promoción del movimiento comunista”.
Esta reforma a la legislación checa transita sobre una campaña que se extiende sobre buena parte de Europa, por la que se pretende tergiversar la historia, equiparando al nazismo con el comunismo, ocultando y bastardeando el papel que el Ejército Rojo y la Unión Soviética tuvieron en la liberación del continente, algo que se profundizó particularmente este año cuando se cumplen ochenta años de la gran victoria que culminó con la Bandera Roja ondeando en el Reichstag.
Cabe mencionar que la nueva ley fue precedida por varios años de un régimen que se ocupó por atacar la memoria colectiva y destruir monumentos históricos que conmemoraban y honraban la gesta antifascista, tal como lo hicieron otros gobiernos similares en distintos puntos de Europa. Mientras no oculta su apoyo a un régimen como el que en Kiev encabeza Volodímir Zelenski, el gobierno checo impone una legislación que constituye un paso más hacia la distorsión de la historia y la memoria del papel que tuvo el socialismo en Checoslovaquia.
Así las cosas, ya son varios los países europeos que prohíben o restringen la exhibición de simbología y la existencia de organizaciones comunistas, algo que al tiempo que limita la libertad de expresión, refuerza un esquema de control ideológico por parte de las élites capitalistas, en tanto que profundiza el avance de un Estado Policial, justamente en el corazón de quienes pretenden mostrarse como el paradigma de la libertad y la democracia.
Tras el golpe de Estado en Ucrania propiciado por EE.UU. y la Unión Europea, que acabó con el gobierno que encabezaba Víktor Yanukóvich, inmediatamente la Rada Suprema ucraniana aprobó dos normas: un brutal endeudamiento con el FMI y una ley que prohíbe la propaganda comunista que incluye la exhibición pública de sus símbolos y penaliza con cárcel la negación pública del “carácter totalitario” de ese sistema. En tanto que, para no quedarse atrás, en Polonia se castiga con hasta dos años de prisión a quienes hagan apología de la ideología comunista, algo que incluye exhibir símbolos como la hoz y el martillo públicamente. Leyes similares, por ejemplo, rigen también en Letonia y Lituania donde además se destina una partida presupuestaria a la “política de descomunización”.
Por su parte, dese 2020 en Eslovaquia hay una legislación que declara a los partidos comunistas como organizaciones criminales, por lo que prohibe su actividad, así como que se utilice públicamente sus símbolos o incluso “aquellos que se les asemejen”. A partir de algunos años más atrás, en 2013 en Hungría comenzó a estar prohibido el uso público de la simbología comunista, en tanto que un año antes se hizo un intento similar en Moldavia pero fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Además, en Estonia y Georgia hay leyes que van en idéntica dirección, tal como pasa en Croacia y Albania, aunque en estos casos con menos intensidad que en los anteriores países.
Viene al caso recordar en este contexto, que en cada territorio liberado por ejército ruso en la desnazificación de Ucrania se levanta, como símbolo de la Victoria, la bandera roja con la hoz y el martillo.
