Con los votos de los partidos de Emmanuel Macron y Marine Le Pen, se convirtió en ley un proyecto que otorga al personal policial la potestad de usar su arma de servicio, arbitrariamente en actos de “legítima defensa”. Fuerte rechazo de un amplio arco de organizaciones políticas y de derechos humanos.
“Contrariamente a lo que afirman sus defensores, esta reforma no brindará mayor seguridad a los policías y gendarmes, ni mayor protección a nuestros conciudadanos”, advirtió el Partido Comunista Francés (PCF), al referirse a la Ley de Presunción de Legítima Defensa que la semana pasada fue aprobada por la Asamblea Nacional con los votos del macronismo y la extrema derecha que responde a Marine Le Pen.
Esta norma le otorga al personal policial la potestad de usar su arma de servicio en actos de “legítima defensa”, lo que despertó una ola de repudio por parte de los organismos de Derechos Humanos y organizaciones progresistas, democráticas y de izquierda. Al respecto, el PCF puntualizó que la ley aprobada “constituye un grave desafío a los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho”, y subrayó que al crear un régimen excepcional, se “rompe con el principio de igualdad ante la ley y se debilita el papel del Poder Judicial, que debe ser el único garante de una valoración independiente e imparcial de los hechos”.
En tanto que agregó que “los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas de seguridad necesitan recursos, capacitación, una supervisión clara y un sistema de justicia eficaz; no una presunción que corre el riesgo de perpetuar la confusión entre protección legal e impunidad”.
La preocupación que hizo pública el PCF al rechazar esta ley reaccionaria propiciada por el gobierno ajustador de Macron y el fascismo de Le Pen, es la misma que manifestaron numerosas organizaciones y personalidades defensoras de los DDHH y sociales. Desde un amplio arco coincidieron en argumentar que “al invertir la lógica de la supervisión judicial esta reforma supone un grave riesgo para las libertades civiles, el derecho a un recurso efectivo y la confianza esencial entre la ciudadanía y los responsables de garantizar su seguridad”.
Con este marco dado, el PCF recalcó que “la seguridad no puede construirse en contra del Estado de Derecho” y tras sostener que lo que se plantea con esta norma “es un callejón sin salida”, hizo hincapié en que “los agentes de policía no deben ser instrumentalizados con fines ideológicos por parte de quienes perpetúan la ilusión de que desregular el uso de la fuerza resolvería los problemas cotidianos”.
En este sentido, los comunistas franceses dejaron claro en su repudio que “el verdadero problema radica en un sistema de Justicia agotado, tiempos de procesamiento cada vez mayores, grave escasez de jueces, secretarios judiciales e investigadores, y el deterioro de las condiciones laborales de todos los involucrados en el Sistema de Justicia Penal”. Por lo que “fortalecer los recursos del Sistema de Justicia implica garantizar decisiones en plazos razonables, proteger los derechos de los ciudadanos y permitir una supervisión independiente y rigurosa del uso necesario, proporcionado y legítimo de sus armas”.
