El próximo 7 de agosto en Colombia el gobierno del Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro, cumplirá tres años de mandato. Pietro Lora Alarcón, Responsable Internacional de la Unión Patriótica, analiza para Nuestra Propuesta cómo el pueblo colombiano se abrió paso a esta nueva etapa histórica y señala las conquistas obtenidas en estos años , entre las que se encuentra la reciente reforma laboral, como así también los desafíos centrales a enfrentar en unidad.
El triunfo del Pacto fue una conquista popular sin precedentes en el país. Se trata del primer gobierno de izquierda, progresista, de extracción popular, apoyado por sectores de la sociedad martirizados por la violencia desatada desde el Estado durante más 100 años, cansados de la guerra impuesta por las oligarquías y de los fraudes electorales que consolidaron el dominio de partidos nacidos de un puñado de poderosas familias, que se repartieron cargos y el control del poder.
La historia reciente de Colombia y la victoria del gobierno del PH
Desde comienzos del siglo XX, la clase dominante colombiana configuró como forma de organización político-administrativa un régimen político, excluyente. A lo largo de una vida de precariedad republicana, desarrolló a través de segmentos de las fuerzas armadas y de la creación de grupos paramilitares, una estrategia que trató a los líderes y liderezas políticas y del movimiento social y popular como enemigos internos, intentando sofocar las exigencias de democracia, libertades y efectividad de los derechos sociales.
En el origen y la continuidad de esa política de terror está la presencia de los E.E.U.U. Fue así como en 1928, fue notorio el intervencionismo norteamericano en la ejecución de los trabajadores que protagonizaron la huelga de las bananeras; lo hubo también en la década del 60, cuando se ejecutó el Plan Laso (Latin America Security Operation) para perseguir los campesinos organizados para la defensa de sus tierras.
La reacción de las familias en el campo ante la avalancha de violencia desatada por los gobiernos conservador y liberal, fue la organización de un movimiento de resistencia que se extendió en el tiempo por el territorio colombiano, cobro fuerza y se convirtió en las Fuerzas Armadas Revolucionarias -FARC-, un movimiento insurgente que avanzó a la forma de lucha revolucionaria y que no fue apenas un actor militar en la historia nacional, sino fundamentalmente un actor político cuya capacidad para proponer la paz obligó a sucesivos gobiernos a generar escenarios de interlocución para discutir las raíces de la violencia en el país, entre ellas la necesidad de las reforma agraria, la apertura a la democracia con garantías para la actuación de la oposición política, el rechazo al extractivismo depredador del medio ambiente y el cese del paramilitarismo.
Es en los contextos y años en que se agudizó la violencia promovida por la clase dominante desde el Estado, que se efectuó el genocidio contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica, hoy reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia notificada el 30 de enero del 2023), que dejó un saldo de más de 7 mil militantes asesinados y desaparecidos.
Mas recientemente, como un hecho que demuestra la prolongación de esta manera de ejercer el poder, el gobierno de Álvaro Uribe pasó a la historia como el de los “falsos positivos”. Con efecto, entre el 2002 y el 2008, más de 6.400 jóvenes reclutados en las calles y campos del país por miembros de las fuerzas armadas, fueron asesinados y luego presentados como miembros de la insurgencia en otro crimen de lesa humanidad.
Un corte importantísimo en la historia del país es el Acuerdo de Paz del 2016 entre las FARC y el Estado, como resultado de la lucha por la paz y la exigencia de una solución política al conflicto social y armado. Este hito histórico potencializó la lucha social.
Con el Acuerdo, la guerra impuesta por la derecha y el apoyo norteamericano fue derrotada como alternativa a la crisis. Luego se produjeron un conjunto de movilizaciones populares que registraron potencialidades y grados mayores de unidad y organización. Como las manifestaciones estudiantiles y femeninas del 2018 y el 2019, los estallidos sociales del 2020 ante la violencia policial en Bogotá y el paro nacional del 2021. Este último fue reprimido por el gobierno de Iván Duque con extrema agresividad, lo que dejó un saldo de más de 180 víctimas, entre asesinados y desaparecidos en todo el país, especialmente jóvenes que luchaban en las llamadas “primeras líneas” de la protesta.
En ese contexto, el Pacto Histórico irrumpe como una alternativa unitaria de la izquierda, que recoge la insatisfacción popular y plantea el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo del 2016, desconocido por el gobierno de Duque, una propuesta de Paz Integral para todos los sectores que persisten en la guerra, una reorientación del gasto público para efectivar los derechos de la gente, la profundización de una democracia participativa y deliberativa y un país comprometido con la integración latinoamericana y caribeña, con soberanía y justicia social.
El gobierno del Pacto Histórico
El gobierno de Colombia es una coalición democrática, donde convergen las fuerzas que hacen parte del Pacto Histórico con otras que constituyen desprendimientos de sectores de los partidos tradicionales y expresiones del movimiento social, identificados en torno a los puntos del programa nacional de desarrollo “Colombia, Potencial Mundial de la Vida”.
La victoria presidencial tuvo como precedente fundamental la conformación de una inédita bancada en el Congreso, con 47 congresistas en la Cámara de Representantes y el Senado pertenecientes al Pacto. A pesar de este avance, la cifra no constituye una mayoría, lo que obliga al trabajo permanente para que a través de un bloque de alianzas sea posible aprobar las reformas fundamentales en favor del pueblo.
El gobierno, desde sus inicios, se caracterizó por una visión independiente en el escenario internacional. Reabrió relaciones diplomáticas con Venezuela buscando estabilizar la situación en las fronteras, promover la integración y generar un nuevo ambiente regional de paz luego de hostilidades contra el gobierno venezolano agenciadas por los gobiernos anteriores como parte de sus compromisos con los Estados Unidos.
También, en mayo del 2024, reafirmó su convicción de que la solución definitiva al conflicto entre Israel y Palestina pasa necesariamente por la solución de dos Estados, conforme a las líneas fronterizas acordadas por la ONU en la Resolución 242 de 1967. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel ante el genocidio practicado contra el pueblo palestino.
En este año Colombia ingresó en la Ruta de la Seda y en junio ingreso al Banco de los BRICS – NBD-. Aunque Colombia no será aún parte del bloque, tiene la posibilidad de obtener financiamientos substanciales para minimizar la vulnerabilidad ante el gran capital monopolista internacional y promover proyectos estratégicos de desarrollo para solucionar problemas de pobreza, comunicaciones, salud y educación.
Todo este viraje en la política externa, además de propuestas concretas de reformas como las reformas política, tributaria, laboral, pensional y educativa, enviadas al Congreso desde el inicio del mandato, han despertado la reacción encarnizada de la derecha, que contestó con maniobras y acusaciones carentes de credibilidad para intentar judicializar al presidente, miembros de bancada y organizaciones, Su modus operandi consiste en intentar colocar al gobierno a la defensiva, de manera que se imposibilite gobernar.
El gobierno ha soportado desde acusaciones de adicción del presidente Petro hasta planes golpistas que se cocinan desde las entrañas del gran capital. Tales planes nunca fueron especulaciones, ni “delirios” o mentiras de la izquierda, sino una realidad de la cual, como lo confirman las grabaciones presentadas por el periódico El País de España en su edición del 29 de junio, participaron dirigentes conocidos de la derecha colombiana y funcionarios y miembros del partido republicano de los E.E.U.U., organizados por el exministro de relaciones exteriores Álvaro Leyva para un supuesto “gran acuerdo nacional” que debería contar con la participación de grupos armados.
Se trata de la receta ya conocida de buscar apoyos en los Estados Unidos para imponer gobiernos que puedan satisfacer los intereses de los grupos financieros privilegiados del país teniendo como contrapartida la obediencia a los planes estratégicos gringos en la región.
Recientemente el gobierno tuvo éxito en la Corte Constitucional que definió que el presidente no puede ser investigado por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña por el Consejo Nacional Electoral, como lo planteaban sectores de la derecha empeñados en la desestabilización.
En medio de estos ataques, luego de varias batallas al interior del Legislativo, venciendo el saboteo de la derecha, la propuesta de una reforma laboral presentada por la Ex Ministra Gloria Inés Ramírez en el primer año de gobierno, fue aprobada y sancionada el 25 de junio. Así se inicia la materialización de nuevas relaciones obrero-patronales en pro de la dignificación del trabajo y de la recuperación de conquistas eliminadas por el gobierno de Álvaro Uribe, como el pago al 100% de dominicales y festivos; los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, así como los pagos al 100%, sin excepciones y el carácter laboral del contrato de aprendizaje, favoreciendo a 300 mil aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Igualmente, a pesar de los intentos de la derecha de no comparecer a las sesiones extraordinarias, el Congreso aprobó la reforma pensional, que garantiza la renta permanente para los adultos mayores, en otra conquista del gobierno.
Unidad para avanzar
Como se observa, nunca nada ha sido fácil para el gobierno del Pacto Histórico, pero la acción persistente en el Congreso de las fuerzas políticas que componen esta coalición, y especialmente el respaldo popular evidenciado en las movilizaciones de marzo y del 1º de mayo de este año, la unidad de las centrales obreras, la Minga (el movimiento de los indígenas) y las organizaciones sociales, han generado victorias importantes, como la reformas mencionadas, que son verdaderas conquistas populares de recuperación de derechos que el neoliberalismo más salvaje había arrebatado.
La clave para avanzar este proceso de cambios es la unidad de los sectores populares y de las fuerzas democráticas. Por eso, el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el movimiento Colombia Humana y el Polo Democrático Alternativo han decidido iniciar, al lado de otras fuerzas como Progresistas y la Minga, un proceso de fusión de sus organizaciones, radicando en el Consejo Nacional Electoral la solicitud jurídica para la conformación de un nuevo partido-movimiento, denominado Pacto Histórico.
Así, el PH dejaría de ser una coalición electoral para convertirse en una organización política, con tendencias orgánicas y estructuradas en su interior, lo que significa un paso fundamental para continuar abriendo espacios a la paz y a la democracia en el país.
Este proceso de unidad significa forjar las condiciones, lado a lado con todos los sectores organizados y no organizados del pueblo, para participar con una sola candidatura de la izquierda y los sectores populares para las elecciones del 8 de marzo para el Congreso y del 31 de mayo a la Presidencia, en el 2026.
Hay en este momento un debate abierto sobre la posibilidad de avanzar con ritmos más decididos hacia la paz total, una paz integral, con actores armados que aún persisten en mantenerse al margen del ofrecimiento de diálogo para conquistar espacios en territorios, en una apuesta militar, en nuestro juicio, por fuera de la realidad política actual.
Como hay un debate sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente, luego de la jornada electoral del próximo año, que permita profundizar mecanismos constitucionales de efectividad de derechos políticos y sociales.
La unidad es fundamental para no paralizar el proceso transformador que comenzó en el 2022 y que requiere de organización y lucha constante, para la cuales el pueblo ya ha dado muestras de persistencia, lo que genera expectativas importantes y perspectivas sólidas para la construcción de un poder popular más cohesionado, organizado y movilizado.
