Fue hecha por medio de un petitorio que, entre otros, firma la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Se reclama que se garantice la libertad de manifestación y se repudian las amenazas que se vienen profiriendo desde “el aparato del Estado” contra quienes manifiestan junto a los trabajadores jubilados.
“La policía va a reprimir todo atentado contra la República”. Esta leyenda que también se repetía constantemente por los altoparlantes, fue puesta por el gobierno nacional en las pantallas ubicadas en las estaciones de ferroviarias desde donde, en modo orwelliano, anticipó su amenaza de volver a desatar una represión como la de hace siete días para quienes acompañen la protesta de los trabajadores jubilados ante el Congreso Nacional.
Lo cierto es que la Presidencia Milei redobla su apuesta y así quedó expuesto cuando el lunes pasado, en Casa Rosada, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue anfitriona de una reunión en la que se planificó el operativo que ya durante las primeras horas de hoy comenzó a hacerse sentir en una ciudad de Buenos Aires que parece sitiada, con retenes en buena parte de sus accesos y un esquema de cortes de calles con los que personal federal cierra un cerco en alrededor de veinte cuadras a la redonda del Palacio Legislativo.
Por todo eso, de ese encuentro participaron el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
También el asesor presidencial Santiago Caputo y aunque explícitamente la Ley de Inteligencia Nacional establece que ningún órgano u organismo de inteligencia puede involucrarse en tareas represivas “poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal”, ahí estuvieron los jefes de la Side, Sergio Neiffert y Diego Kravetz.
Mientras tanto se hizo público un petitorio dirigido a los gobiernos Nacional y de la Ciudad en el que, junto a representantes de la política y el universo artístico, organismos de Derechos Humanos exigen que se garantice la libertad de manifestación, al tiempo que hacen público su repudio a las amenazas que se vienen profiriendo desde “el aparato del Estado”.
En la extensa lista de firmantes, aparece la Liga Argentina por los Derechos Humanos, pero también Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, así como el Premio Nobel de
La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, el músico Ricardo Mollo y el campeón del mundo con la Selección Nacional de Fútbol, Héctor Enrique.
El petitorio hace hincapié en que desde el gobierno nacional se intenta amedrentar a quienes quieren pronunciarse a favor de los reclamos de los jubilados y se puntualiza que “las manifestaciones que se vienen llevando adelante responden al reclamo por los derechos sociales y económicos reconocidos por la Constitución y que, día a día, son violentados por el gobierno”.
Por lo que después de denunciar que el pasado 12 de marzo las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad que actuaron en la represión desatada en las inmediaciones del Congreso, “violaron en forma flagrante” los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos que fueron suscriptos por el Estado argentino, sostiene que “hacemos responsables de la integridad física y de garantizar las libertades democráticas más elementales de quienes hacen uso de sus legítimos derechos de manifestarse en la vía pública al Presidente Javier Milei, a la ministra Patricia Bullrich”, pero también al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
