Ajustar y reprimir

De acuerdo a los datos relevados por la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica del jubilado ascendió en febrero a 1.200.523 pesos, lo que a todas luces queda demasiado lejos de los 343.086,50 pesos que incluso con el bono percibe el 49 por ciento de los jubilados. El informe de la Defensoría también explica para qué utilizan las personas adultas mayores los magros haberes que reciben cada mes: el veintitrés por ciento es para alimentarse y un porcentaje similar se destina a la compra de medicamentos. Mientras más de la mitad va para eso, el resto se divide en mantenimiento de la vivienda en el caso de que sea propia, el pago del alquiler o la estadía en una pensión. Después no queda nada.

Esto implica una clara licuación de las jubilaciones que explica el 44,5 por ciento del superávit fiscal de enero. Para graficarlo, alcanza con señalar que sobre un total de dos billones de superávit primario registrado durante el primer mes del presente año, las jubilaciones aportaron un recorte de 890 mil millones. De esto va el superávit primario y financiero del que se jacta la Presidencia Milei y que le sirve para seguir seduciendo a su electorado.

Pero esa es sólo una parte de la explicación. La feroz represión que ayer volvió a desatar el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires pretende tener un sentido pedagógico, ya que busca meter miedo por medio de la utilización de una violencia estatal que escapa a cualquier norma jurídica, al tiempo que exhibe con total desparpajo a fuerzas policiales empoderadas y con peligrosos niveles de autogobierno, que actúan más allá de sus jurisdicciones.

La iniciativa represiva la tuvo personal policial que, temprano, cargó contra jubilados que se manifestaban en la vereda, esto es sin siquiera vulnerar el Protocolo Bullrich. Después, como es habitual pero esta vez peor, fue el turno de las hordas policiales y parapoliciales que gasearon, dispararon proyectiles y golpearon con bastones a cualquiera que anduviera por la zona. Las primeras imágenes que quedaron registradas son las de Beatriz Bianco, una jubilada de 87 años que fue cobardemente golpeada por un policía que le propinó un palazo que hizo que cayera sobre el asfalto, a pocos metros del Congreso Nacional. Después lo de siempre, encerronas a personas que se retiraban de la zona y una cacería indiscriminada “para hacer número” que se extendió hasta entrada la noche.

“Vengan zurdos” es lo que con tono tan burlón como pusilánime, profirieron uniformados desde un camión hidrante, en lo que representa sólo un botón de muestra que advierte sobre el profundamente peligroso papel político que adquieren las fuerzas policiales dentro del esquema que gobierna actualmente el país.

Con este telón de fondo, mientras los uniformados perpetraban todo tipo de tropelías, el fiscal federal de turno sobre esa jurisdicción que en ese momento era Eduardo Taiano, brillaba por su ausencia. Y, en modo comisario Fanchiotti, la ministra Patricia Bullrich, recorría los sets de la massmedia del gobierno para justificar el ataque perpetrado contra el fotorreportero Pablo Grillo, porque “es militante kirchnerista”.

Con su habitual desparpajo, Bullrich dijo que Grillo estaba detenido, precisamente en momentos en que era operado en el Hospital Ramos Mejía, donde todavía lucha por su vida, a raíz del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno que recibió en su cabeza mientras estaba trabajando. Entre otras cosas, el disparo le provocó pérdida de parte de su masa encefálica. Las imágenes que quedaron registradas por otros fotorreporteros dan cuenta de lo inescrupuloso y mentiroso del discurso oficial que tiene como principal vocera a Bullrich y a las propaladoras afines al gobierno que, mediante oscuros personajes televisivos, vuelven a difundir pescado podrido para quienes estén dispuestos a consumirlo.

 
El Poder Judicial y la Justicia

Aunque al cierre de esta edición todavía faltan datos que permitan establecer la cantidad de personas que fueron detenidas. Se sabe que la cifra escaló a no menos de 150, de los que durante las primeras horas de hoy jueves, 114 habían sido liberados por orden de la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 15, Karina Andrade, quien en su fallo sostiene que “respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, tras lo que advierte que los adultos mayores son parte de los “sectores más vulnerables de nuestra Nación” por lo que se encuentran “protegidos convencionalmente”.

Entonces, en estas circunstancias, “sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”.

Al respecto, el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), el abogado Gerardo Etcheverry, reflexionó que “por una vez en nuestra historia judicial”, esta resolución de la jueza Andrade, “pone de relieve que la regla tiene que ser la autorización para la realización de las protestas y que sólo excepcionalmente las personas que participe en una protesta pueden ser detenidas por alguna acusación concreta”.

Y añadió que “claramente la jueza se dio cuenta de que acá hubo detenciones al boleo y no quiere que haya personas privadas de su libertad, hasta tanto se  presenten realmente pruebas serias de quién es responsable, si es que hubiera algún hecho concreto para investigar que no haya sido una lisa y llana provocación, como se vio con el caso del patrullero incendiado”.

Así las cosas, después de repudiar “la brutal represión llevada a cabo por cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad”, Etcheverry advirtió que no puede sorprender la actitud de esa fuerza “que no está bajo las órdenes directas de Bullrich, pero tiene como ministro de Seguridad al comisario general retirado Horacio Giménez, que es una de las personas que tendrían que haber ido a juicio por la represión en los talleres protegidos del Hospital Borda” (Ver Un ministerio con la marca de la gorra).

Por lo de aquella vez, recuerda el vicepresidente de la Ladh, Giménez fue imputado penalmente, aunque evitó ir a juicio “por entregar una suma de dinero que la mayoría de las víctimas no aceptó” y pese a que ese sobreseimiento no se encuentra firme, Gobierno de la Ciudad lo nombró como ministro de Seguridad. “Es un hombre con una vocación represiva tal que, por ejemplo, justificó la represión del Borda señalando que varios diputados presentes se acercaban a los policías moviendo en forma amenazante sus credenciales de legislador”.

En cuanto al accionar de las fuerzas federales destacadas ayer en la zona del Congreso, sostuvo que “queda claro por qué se llega a este desastre, cuando se ve que a cargo del Ministerio de Seguridad hay una persona como Bullrich que plantea el todo vale, justifica los asesinatos por la espalda y llama todo el tiempo al personal policial a no cumplir con ninguna norma”.

En este sentido, recordó que la ministra “justificó la supuesta detención del fotógrafo Pablo Grillo, pero en realidad no estaba detenido, sino que lo estaban operando con riesgo de fallecer, porque le dispararon de forma directa un proyectil  de gas lacrimógeno en la cabeza, eso es un disparo de suma gravedad y que muchas veces puede ser mortal”. Por lo que, “como mínimo, estamos ante una tentativa de homicidio”.

En este marco, Etchveverry no se mostró optimista respecto a que se pueda dar con los responsables materiales de este crimen, pero también sobre la posibilidad de que se pueda reprochar judicialmente a sus responsables políticos. “Veremos lo que sucede…pero en su momento no pasó nada con la investigación, cuando le dispararon en la cabeza a un militante comunista ante la embajada de Venezuela ni tampoco con la investigación judicial cuando, más recientemente, le tiraron gases lacrimógenos a una nena en Plaza Congreso”.

Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que “esta inacción del Poder Judicial es fundamental”, ya que “si actuara debidamente, el personal policial cumpliría con las normas constitucionales y no reprimiría de la manera que lo hace porque sabe que la práctica judicial y de los fiscales, lamentablemente, es tender a garantizar la impunidad del personal policial”.

Por eso Etcheverry insistió con que “de ninguna manera puede aceptarse que una persona pueda ser detenida o reprimida por el solo hecho de militar, tampoco que se reprima a quienes están en la vereda y plazas…ni siquiera cumplen sus propios protocolos que ya son contrarios al derecho”. Y lo hacen porque “resulta evidente que quieren evitar el derecho a manifestarse por parte de las personas, pero les resultó mal, porque miles de personas que no pudieron estar en la movilización y otras que sí estuvieron, por la noche volvieron a manifestarse en repudio de lo sucedido”.

Y, asimismo, alertó sobre la reciente entrada en vigencia de la Ley 27.786, norma diseñada a instancias de Bullrich, que endurece las penas para miembros de organizaciones que la arbitrariedad judicial pueda considerar “delictivas”, sayo que tal como adelantó en estos días la ministra de Seguridad, se le puede poner a cualquiera que decida manifestar contra las políticas gubernamentales. “Es de suma gravedad la ley que fue publicada este lunes, llamada Antimafias, que en realidad se puede aplicar contra cualquier organización social o política”, recalcó el vicepresidente de la Ladh y sentenció que “si alguien cree que los jubilados o los miles de personas que se manifestaron ayer son parte de una organización criminal o de una mafia, evidentemente tiene una visión muy distorsionada de lo que son las organizaciones criminales y las mafias…pero de este gobierno puede esperarse cualquier cosa”.