Cientificidio, política de Estado

Desde que asumió Macri venimos denunciando el ajuste brutal que se despliega sobre los organismos de Ciencia y Tecnología. Ajuste que fue agravándose, a pesar de la mayoritaria oposición expresada en las calles, en el Congreso, en movilizaciones, performances y numerosísimas acciones impulsadas por el sector científico. En 2017 dijimos que esta política de destrucción tiene un nombre: cientificidio, retomando otra categoría reflexiva, de denuncia y de lucha –femicidio– propia de un potente movimiento emancipador argentino, latinoamericano y mundial.

Este gobierno pretende asesinar el sistema científico-tecnológico público y de esta forma entregar una porción más de nuestra soberanía y de las potencialidades de desarrollo basado en la producción de conocimiento de/desde/para las grandes mayorías postergadas de nuestra sociedad. El Conicet –el organismo mayor de Ciencia y Tecnología, por lo que concierne a cantidad de trabajadorxs, de centros de investigación diseminados por el país, profundamente ligado a las universidades nacionales y a múltiples organizaciones estatales y populares– tiene su llave de defunción.

A manera de síntesis, nos detendremos en cinco aspectos de balance del cientificidio en 2018.

La degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) a Secretaría (SinCyT) –esta última sigla en realidad significa “Sin Ciencia y Tecnología”–. Es el sinónimo más visible del cientificidio. Esta desjerarquización no implica solo un problema económico sino especialmente simbólico. Indica la distancia entre el discurso pro-ciencia de Alianza Cambiemos y la acción de desguace del sistema de CyT.

El desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT) a través de la subejecución presupuestaria (se les otorgó solo el 40 por ciento de lo estipulado) y el aumento inflacionario, particularmente de las tarifas. Producir ciencia y tecnología en condiciones pre-energía eléctrica es una contradicción inaudita. Lxs trabajadorxs de los CCT están aportando de sus propios salarios para pagar la boleta de luz de los institutos en los que trabajan. La “solución” que planteó el Conicet ha sido que se paguen los gastos con ventas de servicios a terceros. Ya lo discutimos en la década de 1990: no producimos Ciencia ni el Estado financia el sistema de CyT para que se mercantilice un conocimiento adormecido y acrítico. Es responsabilidad del Estado financiar la producción científica, puesto que se trata de un bien social y de un derecho humano.

La falta de disponibilidad presupuestaria para reuniones científicas anunciada a fines de diciembre pasado implica que lxs trabajadorxs del sistema de CyT no podremos organizar congresos, jornadas, seminarios, conferencias financiadxs por Conicet. Esta decisión implica que no podremos planificar una parte esencial de nuestro trabajo y que estaremos aislados de los debates científicos que se articulan tanto en la región como en el mundo. Justo cuando “la Argentina vuelve al Mundo y el Mundo le da la bienvenida”, la Alianza Cambiemos nos priva de los intercambios, las actualizaciones y los debates, componentes centrales de la producción de conocimiento.

El desfinanciamiento de subsidios a los proyectos de investigación: esto implica anular de hecho la posibilidad de seguir produciendo conocimiento. Lxs investigadorxs trabajamos en el seno de equipos de investigación que concursan por subsidios destinados a financiar lo que realizamos. Sin ese dinero no hay producción. Pero no solo no se giran los fondos de los subsidios ya asignados, sino que no se readecuaron a la devaluación. Estas decisiones políticas generan desigualdad, profundizan la meritocracia y el elitismo entre los equipos que consiguen financiamiento externo (de agencias extranjeras o países centrales) y los que no los consiguen. También en nuestro sector se verifica entonces el doble estándar que la Alianza Cambiemos extendió sobre Argentina, entre vidas que valen y vidas desechables. Entre vidas que tienen derechos y vidas que están condenadas a residir en las calles debajo de cartones. Más: los equipos que no consiguen financiamientos internacionales trabajan problemas ligados a temas de educación, salud, vivienda, desarrollo productivo y tecnológico, laboral y un largo etcétera. Problemas propios de nuestra región y nuestros pueblos, que no son de interés para las agencias internacionales.

Lxs trabajadorxs del sistema científico tecnológico hemos obtenido un 25 por ciento de aumento salarial anualizado frente a una inflación que supera por mucho el 40 por ciento. Nuestros salarios son deplorables. Y en el caso específico de lxs administrativxs y lxs becarixs, no alcanzan la canasta básica. Esto se suma a la reducción de cupos en becas e ingresos. Se trata de decisiones políticas que impactan en un éxodo de trabajadorxs: “fuga de cerebros”, expulsadxs del sistema por reducción de cupos (becas e ingresos), aumento de la carga laboral, destrucción de equipos de investigación.

El cientificidio está desplegado desde hace tres años. Lo advertimos en las vísperas de la victoria de la Alianza Cambiemos y se llevó a cabo –con gran resistencia– durante este ciclo político que en 2019 debe ser interrumpido. El nuevo año nos encuentra con una oportunidad histórica: organizarnos (mejor), ser (más) eficaces en la articulación con el resto de lxs agredidxs para detener definitivamente los ataques sistemáticos a la vida del campo popular. Nos convocamos enfáticamente (dejando de lado los sectarismos) a planificar juntxs las acciones de resistencia, respetando nuestras diferencias, para construir una alternativa política unitaria que se proponga un camino emancipador. 2019 no debe ser entendido apenas como un año electoral ni como una disputa coyuntural con el objetivo de tener un gobierno menos malo que el de la Alianza Cambiemos. 2019 significa la disputa por la Historia. Por la Historia emancipada, libre y justa del siglo XXI argentino y latinoamericano. Y nosotrxs nos tenemos que asumir como lxs sujetxs de ese nuevo ciclo vital y humanista.