Comer, cada vez más caro

Para hoy lunes, se espera que quienes dirigen las empresas que tienen posición dominante en la fabricación de productos de consumo masivo, hagan su oferta a la que la Secretaría de Comercio Interior les hizo el miércoles pasado, cuando su flamante titular, Roberto Feletti, anunció el congelamiento hasta el 7 de enero, de alrededor de 1247 productos de los rubros de alimentación, higiene y limpieza, entre otros incluidos en el programa de Precios Cuidados.

Así lo hizo saber el propio Feletti que espera la contraoferta que prometió la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que preside el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El secretario de Comercio Interior dijo que prefiere acordar con el la cámara empresaria, pero que en caso contrario va a aplicar la Ley de Regulación de la Producción y el Consumo sancionada en 2014.

Todo esto en medio de un feroz lobby que desde los conglomerados massmediáticos amenaza con que va a haber desabastecimiento. Pero también con el dato fresco del Indec que señala que, tras cinco meses de morigeración, durante septiembre volvió a subir la inflación promedio con un alza significativa en productos de la canasta básica.

El informe del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a septiembre es lapidario, ya que da cuenta de que la suba fue del 3,5 por ciento respecto al mes anterior y que en el Gran Buenos Aires fue todavía superior. Así el incremento interanual ya es el 52,5, mientras que la variación acumulada para los primeros nueve meses del año asciende al 37,2.

El rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, tuvo una suba promedio del tres por ciento, pero con subas superiores en casos como los de frutas, verduras, huevos, tubérculos, yerba y legumbres. Pero los aumentos más grandes se registraron en Prendas de Vestir y Calzado, donde la suba fue del seis por ciento.

La leche fresca aumentó 8,1 por ciento. A la hora de las explicaciones, se coincide en que en esto incidió la suba de precios internacionales y logísticos internos, pero lo más determinante fue el aumento de soja y maíz que como alimento es un insumo fundamental para la lechería.

Aquí vale recordar que trigo, maíz y soja tienen un peso clave en la formación de precios de cadenas como la de lácteos, carnes bovina, aviar y porcina, así como huevos y todos los derivados de harinas y aceites, entre otros productos (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Zerpa!).

También en este contexto, el ministro Martín Guzmán se reunió con Kristalina Georgieva y, junto con Juan Manzur, celebró una ronda en busca inversores en EE.UU. Poco antes, el jefe de Gabinete, había participado del almuerzo en el que Alberto Fernández fue anfitrión de dueños de empresas que representan buena parte de del poder económico más importante que actúa en el país (Ver Plata quemada).

Tras ese encuentro, los voceros oficiosos de los convidados fueron Javier Madanes Quintanilla y Francisco De Narváez. Los dos se mostraron optimistas y con buena voluntad, pero nada dijeron de por qué, por ejemplo, el precio de los insumos que Aluar abastece al sector pyme de su rubro sigue aumentando o cuál es el motivo por el que las góndolas de Changomás vuelan por las nubes.

Menos optimismo, pero no menos buena voluntad, expresó Funes de Rioja cuando anticipó que hoy lunes va a haber una lista de novecientos productos que –según prometen los empresarios- tendrán precios congelados hasta el 7 de enero.

Lo primera pregunta es por qué no hicieron esta lista antes y la sostuvieron, mientras que la segunda es cuál es el motivo por el que hay que creerles que esta vez van a cumplir.

Es cierto que con la salida de la pandemia se verifica una tendencia inflacionaria que tiene algo que ver con el  aumento de los precios internacionales de materias primas, así como los registrados en la operatoria del comercio exterior y demoras de producción en Asia y Europa, por falta de contenedores y aumento de hasta seis veces la demanda de fletes (Ver Crecer, pero desde el pie). Y que todo esto se traslada a precios porque incide en el costo de insumos, partes y productos importados acabados.

Pero nada de eso explica por qué los actores de la industria alimenticia que actúa en el país, siguen eligiendo ajustar por precios, sobre todo cuando siguieron ganando –y mucho- pese a la pandemia.

Tal es el caso de Arcor, cuyas ventas continúan subiendo en lo que va de 2021 y, durante trimestre inicial de este año, se alzo con una ganancia neta de 3.857 millones de pesos. Tampoco le fue mal a Molinos Ríos de la Plata que, al igual que Arcor, decidió distribuir entre sus accionistas alrededor de 2.400 millones de pesos de ganancias de 2020.

Con este telón de fondo, vale preguntarse otra vez qué motivos tienen esas firmas cartelizadas y con posiciones dominantes, para respetar un acuerdo sensato como el que ahora se les propone, sobre todo cuando quien lo hace es un gobierno que, desde la mirada del universo del capital, quedó debilitado tras las Paso.

Y es bueno preguntárselo porque el universo del capital -y este segmento en particular- poco hicieron durante los meses de pandemia para garantizar precios, al menos, razonables. Todo pese a que disfrutaron de beneficios directos como el Repro II y el ATP, pero también de otros indirectos como el IFE y la Tarjeta Alimentar que significaron subsidios indirectos, fundamentalmente, para la industria alimenticia. Pero asimismo de medidas de protección que dispuso La Rosada, para evitar el ingreso de productos importados que compitan con aquellos de fabricación nacional y para aceitar el acceso a créditos a tasa subsidiada.

Está claro que hay una razón económica, que tiene que ver con la angurria de la clase capitalista por maximizar permanentemente su tasa de rentabilidad, pero también otra política que se vincula a la generación de condiciones para favorecer un shock devaluatorio que beneficiaría a quienes –como estos próceres- tienen una fuerte cartera dolarizada. Pero que también propiciaría la profundización de un esquema tendiente a favorecer más flexibilización laboral. Porque desde que el capitalismo es un sistema-mundo, la economía es siempre política.

Feletti fue claro cuando señaló que lo que busca La Rosada es “sellar un acuerdo para darle consistencia a la política de ingresos del Gobierno Nacional y aumentar el poder de compra de las y los argentinos”, ya que “queremos compatibilizar sus márgenes de ganancia y planes de negocio (de las empresas) con la expansión del consumo por cantidad y no por precios”.

¿Pero puede ser posible este intento en un escenario de preeminencia oligopólica como es el de la producción y comercialización de alimentos, donde 65 empresas y seis cadenas de supermercados concentran algo así como el ochenta por ciento de la facturación?

Es que de esto se habla cuando se habla de formadores de precios y de corporaciones empresariales que, por medio de una estrategia de integración vertical y horizontal, construyen una posición dominante, lo que les permite poner el precio que quieran a aquello que comemos todos los días. Pero también ejercer lobby para evitar que se desacople el precio exterior e interior de los alimentos, para poder subfacturar y evadir, tal como quedó exhibido con el Caso Vicentin.

Pasaron las Paso

Después de las Paso, el Gobierno intensificó su empeño para reconstruir el paradigma fundacional del Frente de Todos (FdeT), esto es la construcción de un pacto social policlasista, tarea en la que se había comenzado a transitar hasta que la pandemia lo trastocó todo.

En este sentido, acordar precios y salarios es un paso clave. Pero también lo es la construcción de herramientas como el Consejo Agroindustrial Argentino y el Consejo Económico y Social, desde donde se quiere crear un espacio capaz de atender una agenda táctica y estratégica que fije normas de convivencia política y económica.

La cosa sigue siendo quién paga la cuenta. Un trabajo de la consultora PxQ, da cuenta de que ahora, el “costo laboral” es un cincuenta por ciento menor al de 2017 ¿quién se habrá quedado con la otra mitad?

Una de las claves la brinda la reciente edición del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, donde la Idea que primó es la ir por la flexibilización laboral. Al respecto se presentó un estudio sobre el estado del empleo en Argentina, que concluye que es preciso avanzar hacia un régimen laboral de emergencia con la aplicación de “mejoras tácticas para el sistema actual y cambios institucionales para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral” y “un nuevo esquema temporal para desvinculaciones”.

¿Qué quiere decir todo esto? Que los empresarios puedan despedir sin causa justa con la garantía de que nadie les podrá hacer juicio por ello, que el costo de las indemnizaciones va a ser mínimo o inexistente y que, además, van a tener que pagar menos en concepto de cargas patronales.

En esto, la vedette fue el concepto de “mochila argentina”, que básicamente consiste en la promesa de bajar indemnizaciones porque eso crearía más puestos de trabajo. La idea es impulsada por Teddy Karagozian, que es el dueño de TN&Platex, una empresa líder del rubro textil que es uno de los que impulsaron el salto de la inflación de septiembre. Como se ve, el único animal que se sigue rascando para afuera, es el perro.

Pero todo esto no es otra cosa que el intento de profundizar un proceso de flexilibilización laboral que ya está en marcha, tal como lo testimonian las modificaciones a los respectivos convenios en los que avanzaron La Bancaria con el caso de los trabajadores del GP Morgan, Smata con la Toyota y, más recientemente, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa (Ver Cosas para leer en un fin de semana largo).

El mito de que el trabajador pasaría a ser un “colaborador”, se construye como una vía de una sola mano hacia el precariado y no responde a otra cosa que a una premisa fundacional del sistema capitalista: la toma ganancia es individual, pero las pérdidas siempre se socializan.

Es que la profundización de la flexibilización de las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, ya es un hecho que atenta contra los derechos laborales, el acceso a la protección social y la capacidad de agremiación, al tiempo que provoca incertidumbre en las personas a la hora de planificar su vida cotidiana y su propio futuro.

Y en este punto es importante señalar que lejos de la mitología liberal, no son fuerzas invisibles las que intervienen a la hora de determinar qué es lo que pasa en el proceso económico, quiénes trabajan y en qué condiciones lo hacen.

Es que la imposición del precariado es un cambio forzado que persigue aniquilar la conciencia de clase, ya que es ahí donde está la punta de hilo de un ovillo del que, si se tira un poco, se puede descubrir una construcción y un desarrollo histórico basados en la solidaridad como mecanismo organizativo de resistencia hacia las injusticias, pero también como práctica de apoyo mutuo y acción colectiva por parte de las clases subalternas ante el ataque de aquellas dominantes.

Esto quiere decir, una dinámica de acción colectiva desde la que se modificó la percepción entre pares y respecto a otras clases antagónicas.

Por eso es que la clase capitalita pone tanto énfasis a la hora de generar condiciones capaces de favorecer la transformación de proletariado en precariado.

Es que en el ADN del Estado Liberal Burgués (ELB) está la misión de garantizar la propiedad privada, ya sea cuando esté administrado por gobiernos de derecha neoliberal o con los que propician el advenimiento de “un capitalismo bueno”.

Y en el momento actual del desarrollo de la crisis capitalista, mecanismos como la concentración y el endeudamiento (Ver Plata quemada y Surfing en el Nyiragongo), fomentan que la renta estatal transmute en capital financiero que garantice la prosecución de la ronda de concentración y apropiación de recursos naturales, intelectuales y simbólicos.

Pero asimismo que se avance en normas que desestimen cualquier tipo de asociación entre integrantes de las clases subalternas. De esto va lo de trabajar para que el proletariado se convierta en precariado, algo que es funcional a un escenario atravesado por la desindustrialización y la deslocalización, robotización y empresas en red, así como la asociación corporativa que por medio de la terciarización favorece la flexibilización.

Va quedando claro que, además de los beneficios coyunturales y tácticos que esto le trae a la clase capitalista, también tiene una finalidad estratégica que es destruir la lucha de clases, conceptualmente y en la práctica.

¿Quién paga la cuenta?

Así las cosas, el empeño de unos y otros, parece estar puesto en la tarea de reconstruir una economía basada en un mercado interno, en el que los trabajadores sean considerados sólo consumidores que dejan lo poco que pueden salvar de la extracción de plusvalor, en los bolsillos de cinco o seis conglomerados empresariales que monopolizan la cadena de producción y comercialización de los productos básicos.

Y va quedando en evidencia que, mientras el bloque de representación política que encabeza el macrismo dice que la receta para pagar deuda es más deuda, el gobierno plantea que hay que decirle nunca más a la deuda que reconoce como ilegal e ilegítima, pero pone como prioritario la celebración de un acuerdo que garantice su pago de forma sustentable (Ver Cosas para leer en un fin de semana largo).

Estos dos casos sintetizan que cuando se fijan precios de la economía, como aquellos que corresponden a los salarios y a los productos de la canasta, pero también cuando se toma deuda externa que se licua entre los trabajadores y beneficia a todos, se está antes un episodio de lucha de clases (Ver La deuda y las deudas).

Pero también que sus características y variantes, lejos están de corresponderse con ese mito que el ideario burgués sintetiza en la palabra “corrupción”. Es que lo llaman corrupción, es apenas un epifenómeno, ya que no es otra cosa que una consecuencia necesaria e insoslayable de la propia dinámica de acumulación que presenta el actual momento de la Segunda Crisis de Larga Duración Capitalista, en el que los ciclos de recomposición buscan responder a la inestabilidad y convulsiones del sistema.

Pero asimismo es una buena pantalla para fidelizar a los sectores subalternos en la lógica que permite la prosecución de la apropiación del plusvalor, durante los breves interregnos en los que se gestionan procesos productivos que favorecen cierta mediación social, entre el capital y el trabajo, para descomprimir el conflicto.

Por eso es que nunca prosperó una investigación judicial o política sobre los reiterados procesos de endeudamiento que se perpetraron durante el último medio siglo. Pero también es por eso, que jamás se propició la construcción de herramientas que permitan garantizar abastecimiento y precios de productos de la canasta básica, así como trabajo y haberes dignos, por afuera del diseño que siempre acaba provocando carestía y destrucción de puestos de trabajo de calidad.

Y esto fue así, incluso, durante los años en los que la economía argentina creció a tasas chinas, cuando poco y nada fue lo que se destinó de la bonanza que prodigó ese período, a los sectores de la economía popular que –pese a todo- hoy construye algo así como ocho millones de puestos de trabajo, y lo hace en condiciones totalmente adversas.

Queda claro entonces que la tarea tiene sus complejidades porque plantea la necesidad de defender la coalición de gobierno, pero sin que eso implique integrarse, para poder tener la autonomía suficiente para aprovechar las hendijas que deja el propio ELB y sortear, en parte, sus limitaciones.

Y entonces poder avanzar en la escala de lo posible, en formas que fomenten la generación de contrapoder y comunidad para gambetear las imposiciones inherentes a las relaciones capitalistas de producción.

Esto es, formas de apoyo mutuo entre los oprimidos, que permitan la construcción de formas de auténtica democracia económica a partir de la cooperación que apunte a que los propios productores sean quienes decidan qué, para qué y cómo se produce.    Esto es que esos productores participen para generar riqueza social, así como en el proceso de distribución y comercialización, desde formas de economía autocentrada, es decir basadas en la cercanía del barrio, la red de barrios y localidades (Ver Se viene la pospandemia ¿y si vamos por otro tipo de normalidad?).

¿Refundar?

Cristina Fernández de Kirchner instó a “refundar un pacto entre el capital y el trabajo, con el Estado participando en esa regulación, para lograr un círculo virtuoso”. Lo hizo el sábado durante el plenario que celebró La Cámpora que contó con la presencia de buena parte del staff del Gobierno nacional que integra ese sector interno del Partido Justicialista.

La idea es coherente con la propia genética del FdeT, pero también con el derrotero que el gobierno profundizó durante los últimos días con los encuentros que tuvo con empresarios y la CGT.

“Hay una gran esperanza con respecto al futuro”, dijo la semana pasada un dirigente sindical flanqueado por Alberto Fernández, Axel Kicillof y el ministro Juan Zabaleta y añadió que “se está viendo la luz al final del túnel”. Lo significativo es que se trata de Luis Barrionuevo, quien se pronunció de esta manera en el acto de firma de un convenio entre el Gobierno con representantes de cámaras empresarias y de sindicatos del sector gastronómico y hotelero.

Es que la intención del Gobierno es pasar lo mejor que se pueda la legislativa de noviembre, para retomar la agenda que el FdeT prometió en campaña y que se vio discontinuada por la pandemia.

Y, en este sentido, el que pica en punta parece ser Sergio Massa, que en estos días volvió a insistir con que el gobierno va a convocar a la oposición, sindicalistas y cámaras empresariales, para intentar acordar diez políticas de Estado, una convocatoria amplia a la que Horacio Rodríguez Larreta le puso algún límite y, quizás, también le fijó precio. Fue durante su participación en el Coloquio de Idea cuando dijo –palabras más, palabras menos- que se propone hacer lo mismo que Massa, pero después de que lo elijan Presidente y sólo con una convocatoria que alcanzaría al “setenta por ciento”.

Pero volviendo a lo del titular de Diputados, la convocatoria es “sin importar el resultado” de los comicios y, así lo aseveró, ya está consensuada por el Presidente, Cristina Fernández y Máximo Kirchner.

Así las cosas y por si alguien tenía dudas, va quedando claro por dónde piensa ir el Gobierno del FdeT, en su relanzamiento pospandemia y poslegislativas. La clave parece estar en la búsqueda de reaseguros para la gobernabilidad y estabilidad de un esquema de representación política que coloca al FdeT en el centro con un contrincante bastante corrido hacia la derecha que, a diferencia de otras veces, ahora ni se preocupa en ocultar su verdadero pelaje.

“Nada de acuerdos, vamos por la rendición”, amenazó Patricia Bulrich en un reciente reportaje que le hizo la revista Seúl. Y aunque no queda claro si la rendición que pide es la del FdeT o también la de Rodríguez Larreta, lo cierto es que una nueva irrupción del bloque de representación que encabeza el PRO en La Rosada, significaría otra ronda de sobreendeudamiento, tal como lo acaba de reconocer María Eugenia Vidal.

Pero, asimismo, una vuelta de rosca hacia una suerte de Estado policial con posiciones más criminógenas y represivas para imponer una brutal devaluación y ajuste, tarifazo y medidas tendientes a modificar en forma regresiva la matriz que rige a la relación entre los universos de trabajo y capital, incluida la reforma jubilatoria.

Es prudente recordar que con el recuerdo fresco de los cuatro años de Gobierno Cambiemos y con estas promesas sobre la mesa, este bloque de representación política tiene una base consolidada que en las tres elecciones pasadas, se mantuvo en el orden del cuarenta por ciento.

Entonces hay suficientes razones morales, éticas y políticas que vuelven indispensables la defensa de la coalición de Gobierno, independientemente de las contradicciones que pueda provocar la mirada que la hegemoniza, que soslaya cuáles son los mecanismos básicos de dominación que motorizan la dinámica social y confía en poder pulirlos a partir de la adopción de una dinámica propositiva.

Moral y éticamente sería inaceptable no hacer todo lo posible para evitar macrismo vuelva al Gobierno en cualquiera de sus variantes. Y políticamente sería una torpeza no comprender qué es lo que demanda este momento histórico que trasciende a la propia coyuntura.

No se trata de aceptar la conciliación de clases ni que sea la administración del aparato estatal burgués la única instancia por la que vale la pena luchar, sino de aprovechar cada espacio que ocupemos como comunistas, para avanzar en formas que propicien la autorregulación de las propias clases subalternas.

Esto es formas de democracia económica, fundamentadas en la cooperación que apunten a que los propios trabajadores sean los productores y los que digan qué producir, para qué y cómo hacerlo que es la única forma de garantizar calidad, precio accesible y abundancia en la mesa de los trabajadores.

Porque es ahí donde está la clave del proceso de autoconstitución popular necesario para enfrentar al momento de la crisis del capitalismo que atraviesa a nuestro país, y del que -esta vez- es poco probable se pueda salir con acuerdos que busquen una nueva organización de la hegemonía social en la conciliación entre fracciones del universo del capital y del trabajo.