Desalojos en Tucumán: sacarles a los pobres para darles a los ricos

En la provincia de Tucumán, como en otras regiones del Noroeste Argentino, la oligarquía zángana vuelve a medrar con la complicidad de un gobierno que sostiene a María Gilda Predicone de Valls,  la abogada defensora del genocida Bussi, como Fiscal del Estado y punta de lanza de sus acciones de despojo “legal”.

Apuntan en primer término, a las comunidades originarias que suelen ser los huesos más duros de roer. Tal vez porque mantuvieron, en medio del imperio del individualismo, las formas colectivas de organización. Y eso es un mal ejemplo para el resto. No olvidemos que la batalla cultural es parte de una guerra que iniciaron hace quinientos años y todavía no termina. El botín ahora va por los saldos: pequeñas chacras, parcelas donde apenas cabe una vivienda familiar, la vera de los ríos y las cumbres donde se encuentran las vertientes del agua, los montes en los que ancestralmente pastan los animales que dan de comer a familias ampliadas. Nada de grandes extensiones, vienen a saquear los restos de un banquete que ya no da para tantos herederos pretendientes. Nunca cejaron en sus pretensiones, lo que cambió fue el papel del Estado, que de proteger los intereses de los muchos, pasó a ser defensor de los muy pocos.  

Al mismo tiempo, para mantener la coherencia y con el pretexto de “ordenar la casa” y desconociendo los más elementales principios del derecho administrativo y constitucional, el gobernador Jaldo ha iniciado una campaña de recuperación de tierras a la vera de rutas, ríos y lagos, desalojando viviendas familiares únicas que están allí desde hace al menos diez, veinte, treinta años. De repente descubrieron que hay leyes que determinan un espacio de banquina mínimo a cada lado de las rutas provinciales y que hay ríos que pueden llegar a crecer y destruir ranchos que están allí desde hace dos décadas. Por eso mejor sacarlas. Eso sí: en pleno invierno, cosa de dejar a sus habitantes sin hogar y al pairo. Permitieron durante años que la gente se deslomara construyendo su casita, para pasarle la topadora cuando lograron terminarla. Y todo ello sin molestarse en ofrecer alguna solución a cambio. 

Todo aquel que se dedica a trabajar, a buscarse la vida como puede, ha vuelto a ser, como en el pasado, un sospechoso. En estas regiones de modalidades feudales, no arrodillarse frente al patrón siempre ha sido delito. Y en nuestra provincia, en la que esas diferencias parecían abolidas, reaparecen las intenciones anacrónicas de vasallaje encubierto.

Mientras se intima a pobladores pobres y puesteros que trasladan sus ovejas y vacas según la estación del año de un lado a otro de los cerros en busca de pastura, hay emprendimientos inmobiliarios a los que sólo puede acceder ese diez por ciento de la población que detenta el 25% de la riqueza de todos. 

Sea con camiones del ejército o camionetas de la policía provincial llena de “cascarudos” innecesarios, se intimida a la población, ya sea para entregar una orden judicial de desalojo como para pedir los papeles de las motos. Todo exagerado y amenazante, desproporcionado y ridículo. A imagen y semejanza del gobierno nacional, encubriendo la entrega y la transferencia de bienes a los sectores privilegiados de la sociedad.

Como Partido Comunista de Tucumán repudiamos las acciones del gobierno provincial para desalojar a los pobladores del Valle de Tafí, de Trancas, Aguilares y Alberdi. Repudiamos la complicidad del poder judicial con estos hechos, ya sea que los lleven a cabo particulares con papeles de dudosa procedencia u organismos del Estado que callaron y otorgaron durante años. Repudiamos la traición de la voluntad popular que ejecutan los diputados provinciales cada vez que votan una ley de Milei en el congreso. Y llamamos a la unidad para la acción con el objetivo de resistir la entrega, la corrupción y la transferencia de riqueza. 

¡Basta de desalojos y represión en Tucumán!
¡Que los traidores rindan cuentas y dejen sus bancas!
¡Al pingo Milei! ¡Y Villarruel también!