Mientras aprieta para que el gobierno nacional vuelva a devaluar, la Mesa de Enlace reclama su lugar en el esquema que la Presidencia Milei pretende coronar con su Pacto de Mayo. Desde el MCL, Rubén Billa, explica en qué mutó un actor clave para comprender el esquema productivo del país.
El gobierno mandó a Luis Caputo a pasar la gorra por el FMI, mientras continúa recalcando que no va a devaluar y sigue aspirando los dólares que por goteo pequeños ahorristas van sacando del colchón. Pero la Presidencia Milei sabe que con eso no le alcanza, por lo que si quiere evitar una nueva devaluación que podría desestabilizar un programa que ya comienza a dar muestras de agotamiento, necesita de la liquidación de divisas que atesoran sojeros que, al menos por ahora, se sienten más que cómodos sentados sobre sus silobolsas.
Cabe recordar que la Mesa de Enlace fue uno de los primeros espacios corporativos que el gobierno recibió, oficialmente, ni bien Javier Milei fue investido como Presidente. Esta gestualidad y coincidencia en los intereses de clase, fue retribuida por el tándem empresarial que desde entonces hizo pública su confianza en la palabra del gobierno que prometió que “las retenciones son temporales”.
A partir de ese momento, esta corporación integrada por Coninagro, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales se focalizó públicamente en fustigar al gobierno bonaerense por la readecuación que la Legislatura provincial hizo sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, algo que no dudan en calificar como “el impuestazo de Kicillof”.
Pese a esto, nadie puede ocultar la pulseada que por estos días aparece entre el gobierno y este sector del universo del capital representado por la Mesa de Enlace que busca una nueva devaluación y, todo esto, cuando ya se está en plena temporada alta de cosecha gruesa y en momentos en que resta menos de un mes para que comience la campaña de trigo en la zona núcleo. Es que para estabilizarse, el plan de Milei precisa de los dólares que debe liquidar el complejo sojero que viene presionando con reclamos que van desde los aranceles importación de insumos hasta, lisa y llanamente, un precio del dólar que “acompañe a la inflación”.
Y entonces, mientras Caputo ya adelantó que se van a bajar los aranceles de importación de algunos productos herbicidas seleccionados, la Mesa de Enlace aprieta, sonríe y solicita ser parte del Pacto del 25 de Mayo con que sueña Milei.
Devaluación y quita de retenciones, son parte de un tire y afloje entre dos actores que coinciden en un modelo que busca garantizar la salida exportadora para el agronegocio a costa, entre otras cosas, del precio de los alimentos que infla la canasta de productos que son clave del consumo popular.
Con este contexto, queda claro que unos y otros decidieron que los grandes perdedores son quienes producen a pequeña y mediana escala, principalmente, lo que se agrupa bajo el concepto de agricultura familiar. Y precisamente, hace dos semanas, se conoció quién es la persona que el ministro de Economía eligió para liquidar el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Se trata de Inés Liendo, una referente del PRO en la provincia de Salta que se sumó a las filas del mileismo en el paquete que incluyó a Patricia Bullrich y Luis Petri. La flamante funcionaria tiene una prosapia que la califica para la tarea que le fue asignada, ya que es nieta del general Horacio Tomás Liendo, quien fue ministro de Trabajo de la dictadura entre 1976 y 1979, así como titular de la cartera de Interior en 1981.
¿Quién es quién?
Queda claro que cuando desde el relato oficial se habla “del campo”, a lo que se alude es a una de las facciones de la clase capitalista que actúa en el país y que sólo persigue como objetivo maximizar su taza de rentabilidad ¿Pero cuál es el recorrido histórico que llevó a que el actual nivel de concentración y acumulación de poder facilite tal escenario?
Algunas reflexiones al respecto son las que aporta desde el Partido Comunista del Chaco, Rubén Billa, que además es abogado, pequeño productor e integrante del Movimiento Campesino Liberación, quien reafirma que es preciso discutir una reforma agraria integral que aborde no sólo la problemática del uso y tenencia de la tierra, “sino el necesario apoyo y promoción especial de la agricultura familiar, el fomento de la colonización del país y el desarrollo del territorio”.
Pero también sostiene que es preciso plantear la necesidad de que se reconozca a la tierra como bien social, “la accesibilidad y permanencia de los jóvenes en la misma, temas de logística, infraestructura, facilitación de procesos de capacitación y tecnologías apropiadas para los productores y condiciones regionales especiales, extensión y por supuesto un permanente acceso a la educación formal e informal”.
En este sentido, Billa puntualiza que durante las últimas décadas “hemos asistido a dos fenómenos trascendentes en Argentina que son el avance de las fronteras agrícolas hacia sectores tradicionalmente ganaderos y la extranjerización de la propiedad rural”. Y sobre esto aporta datos reveladores cuando aclara que “prácticamente unas 17 millones de hectáreas están en manos de capitales foráneos”.
Pero no sólo esto, ya que la expansión de la frontera agrícola y la extranjerización “van logrando la desaparición de los pequeños y medianos productores rurales, quienes transfieren el uso de sus chacras a los pool de siembra y/o venden la propiedad de sus tierras” a lo que se suma que también hay agricultores que se transformaron en ganaderos, “como es el caso de los algodoneros del Chaco que abandonaron la producción tradicional del textil para dedicarse a la cría de ganado vacuno”, una mutación que trae aparejada “una disminución absoluta de la mano de obra que se empleaba en la recolección del algodón y en la desaparición de las desmotadoras que pertenecían a los mismos agricultores, que terminaron despidiendo a miles de obreros industriales”.
Con este telón de fondo Billa es claro al puntualizar que “los nuevos rentistas del campo, agricultores devenidos en rentistas con propiedades de cien a quinientas hectáreas”, aparecen como un nuevo actor que es clave y recuerda que “si bien es cierto que a finales del siglo 19 existió una política de Estado que propiciaba la colonización de las tierras agrícolas mediante la entrega en propiedad a las familias de inmigrantes, lo fundamental de las que eran aptas quedó en manos de las tradicionales familias de terratenientes, que constituyeron un severo freno al desarrollo agrícola del país y, por ende, del capitalismo en plena expansión en el mundo”.
Así las cosas, “los terratenientes siguieron criando vacas y además se transformaron en rentistas, arrendando sus vastos imperios a los chacareros que debían pagar hasta un cincuenta por ciento de lo producido en concepto de alquiler. El ingreso de vacunos de las razas Shorthorn, Angus y Hereford, requería mejores pasturas y para ello estos grandes estancieros exigían a los colonos arrendatarios que trabajaran la tierra durante tres años sembrando lino, trigo pagando siempre el cincuenta por ciento de la producción para luego, en el cuarto año dejaran esas parcelas ya desocupadas, sembradas con alfalfa para alimentar a estas nuevas razas de vacas, que requerían de pasturas más refinadas que las antiguas vacas criollas”.
Y recordó que fue en ese marco en el que “el Grito del Alcorta, que diera nacimiento a la Federación Agraria Argentina, fue protagonizado por los chacareros en franca lucha contra la vieja oligarquía que los expoliaba con contratos leoninos, y lograron la sanción de la ley de arrendamiento rural, que puso frenos a esos excesos”.
También que desde finales del siglo 19 nacieron colonias en las que se establecían familias afincadas en superficies de cien a doscientas hectáreas, lo que provocó un rápido desarrollo agrícola en el país. “Estos agricultores, que en vastas zonas eran tamberos, trabajaban personalmente junto a sus familias y a veces con el concurso de obreros asalariados las tierras de sus pertenencias”, puntualizó y añadió que “‘La revolución verde’ con la incorporación de tecnología de avanzadas, dio nacimiento a los contratistas, primero que se limitaban a la recolección de la producción, luego a las tareas de sembrado y fumigación, limitándose cada vez más el trabajo del chacarero propietario”.
Pero, entonces, apareció la soja y con ella el glifosato y las sembradoras con el sistema siembra directa “que suprimió las tareas de preparación del suelo: ya no se ara, rastrojea, disquea la tierra”, al tiempo que “el glifosato terminó con las malezas y aparecieron las semillas transgénicas que potenciaron la producción y rindes”, mientras que la soja “cuya semilla es barata, que prácticamente no requiere de trabajos de preparación de tierra, generó el nacimiento de los pool de siembra”.
Con este marco “las unidades de explotación de cien a doscientas hectáreas sólo resultaron rentables en la medida que se pudiera lograr la incorporación de tecnología de gran escala”. Entonces, explica Billa, “los tamberos vieron que convenía más sembrar soja que guerrear todos los días ordeñando las vacas”, ya que “no sólo se pasaron a la soja, sino que vieron que les convenía arrendar sus cien o doscientas hectáreas mandando a las lecheras al matadero”, en tanto que siguieron el mismo camino “los antiguos agricultores medios que sacaron sus cuentas y vieron que alquilar sus tierras a razón de 17 quintales de soja por hectárea, pagados por adelantado al precio de pizarra del puerto de Rosario, les daba certidumbre y estabilidad y una jugosa renta que podría rondar 76.500 dólares anuales”. Esto es, “casi lo que gana un CEO de una empresa multinacional”.
Así las cosas, continúa Billa, “los chacareros se fueron con sus familias a los pueblos cercanos y ahora son rentistas, ya no producen, viven de la renta de la tierra y esa es una buena razón por la que estrecharon filas junto a la Sociedad Rural en su lucha contra el proyecto de ley que intentó legitimar la famosa Resolución 125”. Y aunque aclara que “esta no es la historia de todos”, lamenta que “por lo menos sí lo es en el 75 por ciento de los chacareros y tamberos de la pampa húmeda”.
Por eso se explica que en lo que el relato massmediático denominó “el conflicto del campo”, la Federación Agraria que naciera con el Grito de Alcorta “luchando a muerte contra los terratenientes de la Sociedad Rural, termina abrazada con ellos en la Mesa de Enlace y, lo que es peor, trabajando como peones y soldados políticos a las órdenes de la oligarquía latinoamericana más lúcida”. Y esto que explica Billa, también sirve para comprender qué papel es el que esa entidad juega, ahora mismo, en este tablero en el que se dirime cuándo y qué letalidad para el pueblo va a tener la próxima devaluación.
