Pese al boicot de la Copal, la Secretaría de Comercio Interior anunció que mete en el freezer el precio de 1432 productos alimenticios, bebidas y de limpieza e higiene, por noventa días y de forma retroactiva al 1° de octubre ¿De qué hablan los empresarios cuando pronuncian palabras como “viabilidad, competitividad y sustentabilidad”?
Roberto Feletti confirmó que el Gobierno va a congelar el precio de los componentes de una canasta de 1432 productos alimenticios, bebidas y de limpieza e higiene, por noventa días y de forma retroactiva al 1° de octubre.
Lo anunció ayer por medio de la resolución 1050/2021, que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores”.
Lo hizo después de una semana de negociaciones, y a poco de que fracasara una reunión pautada entre el titular de la Secretaría de Comercio Interior con los de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.
Minutos antes de ese encuentro, los empresarios hicieron público un comunicado en el que se señala que “no están garantizadas las condiciones” para llegar a un acuerdo de estabilización de precios. Ahí, la Copal, dijo que Feletti rechazó “el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”.
Así las cosas, si la Copal quiere “clarificar”, podría comenzar a hacerlo explicando por qué, al mismo tiempo que negociaba con la Secretaría de Comercio Interior, en lo que va de octubre y en promedio, en las góndolas, del precio de los alimentos fue aumentado 1,6 por ciento.
El dato lo aporta un relevamiento de la organización Consumidores Libres, que evaluó el incremento registrado los precios de los 21 productos que constituyen la Canasta Básica de Alimentos. Las peores subas son las de azúcar, pan y aceite de girasol que tuvieron 5,2, 4,5 y tres por ciento respectivamente.
También sería interesante que explique por qué, entre las doscientas empresas líderes que integran la Copal se encuentran las que -incluso en pandemia- nunca dejaron de aumentar los precios de sus productos e hicieron trampas para eludir mecanismos como el de Precios Cuidados, echando mano a recursos como reducir el peso neto del producto, conservando el mismo envase. Pero también sacando a la venta el mismo producto, pero relanzado con otro paquete y, por supuesto, un precio superior al que se retiró (Ver El síndrome de Pepitos).
Asimismo, por qué motivo se horroriza cuando el Estado intenta regular sobre sus precios, pero de ninguna manera lo hace cuando ese mismo Estado, regula favoreciendo a las empresas que integran Copal, por medio de herramientas como los ATP, Repro 2 y el acceso a créditos a tasa subsidiada, así como a través de la protección que le brinda a la industria alimenticia cuando restringe del ingreso de productos importados que compitan con aquellos de fabricación nacional.
Ni cuando las subvenciona de forma indirecta, a través de herramientas como el IFE y la Tarjeta Alimentar que hacen que -por medio del consumo directo- todos los argentinos transfiramos riqueza hacia empresas entre las que hay muchas que integran la Copal ¿O acaso estos próceres del empresariado piensan que quienes perciben ingresos por medio de la Tarjeta Alimentar se los gastan en Suiza?
El informe del Indec correspondiente a agosto, da cuenta de que una familia de cuatro integrantes precisó durante ese mes, más de setenta mil pesos para evitar caer en la pobreza.
Al desagregar este dato, se comprende el papel relevante que tienen los productos de la Canasta Básica Total (CBT), cuyos precios fueron aumentados durante septiembre un 3,2 por ciento promedio en relación al mes anterior. Esto significa que durante los últimos doce meses, los aumentaron un cincuenta por ciento, es decir, por encima de la inflación promedio.
El informe señala que de enero a septiembre de este año, la Canasta Básica de Alimentos (CBA), acumuló una suba de 28,5 por ciento, al tiempo que la CBT que incluye artículos de limpieza, entre otras cosas, trepó un 26,1.
Cabe citar que la CBA está compuesta sólo por productos básicos para la de supervivencia y tuvo una variación interanual de 54,5 por ciento, por lo que para no caer en la indigencia, una familia de dos adultos y dos hijos menores de ocho años, necesitó 30.014 pesos.
Con este telón de fondo, los integrantes de Copal, se rasgan las vestiduras porque el Gobierno les propone consesuar un paréntesis a su angurria, apenas eso. Y, paradójicamente, el vocero de la corporación es Funes de Rioja quien, además, integra el Consejo Federal Argentina contra el Hambre que, en los albores de su mandato, convocó el presidente Alberto Fernández.
Remarcación y desestabilización
“Esto atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”, advirtió Funes de Rioja cuando en abril de este año, la Secretaría de Comercio Interior definió las primeras actividades industriales y comerciales que deben brindar información mensual al Sipre.
Y, en idéntica dirección, se pronunció la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina, Amcham, que por medio de un comunicado -esa vez- fustigó la continuación del programa de precios máximos.
Vale recordar que el Sipre es apenas un régimen informativo sobre precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios, que busca transparentar la cadena de comercialización de los productos en el mercado interno.
Es decir que pusieron el grito en el cielo, ya entonces, porque no querían que el Estado metiera su nariz cuando se mandaban manganetas como la del peso neto y el cambio de paquete, pero también por la aplicación de un programa de precios máximos que era bastante lábil.
Pero más allá del acting, nunca dejaron de maximizar su tasa de rentabilidad, tal como lo exhibe lo que declaran los propios conglomerados empresariales ante la Comisión Nacional de Valores.
Entre lo que se supo, es que un sector de los integrantes de la Copal se mostró permeable a aceptar el guante que lanzó la Secretaría de Comercio Interior, pero que el núcleo duro de la intransigencia estuvo en una facción liderada por Molinos Río de la Plata que, el año pasado, distribuyó entre sus accionistas alrededor de 2.400 millones de pesos de ganancias.
Queda claro que es fuerte la incidencia que tienen las harinas en productos como pastas secas y otros que integran la CBA, esto es, lo que comen las personas que fueron empujadas a la peor de las pobrezas, pero también que esa materia prima es un commoditie y que, por lo tanto, su precio está acollarado al que por este producto se pague en mercados internacionales (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Zerpa!).
¿Pero sólo esto puede explicar tanta angurria? ¿Es sensato imaginar que la resistencia militante que la Copal exhibió en su comunicado de ayer, es un episodio aislado de otras manifestaciones que sumadas constituyen un pustch? ¿Van a cumplir con el programa gubernamental o buscarán presionar por medio del desabastecimiento?
Es que desde que el capitalismo es un sistema-mundo la economía no puede ser disociada de la política y, por lo tanto, además de la inmoralidad que representa la constante remarcación de precios, implica un factor de desestabilización que busca favorecer el intento de generar condiciones propicias para la imposición de reformas regresivas, que pretenden modificar la relación entre los universos del trabajo y el capital.
Esto es una reforma laboral que imponga el precariado, así como destruir los sistemas públicos universales y gratuitos de Educación y Salud, y el sistema de jubilaciones (Ver Comer, cada vez más caro).
“Tengo mucha confianza y apelo a la responsabilidad empresaria”, dijo Feletti al anunciar que el programa de precios congelados va a ser monitoreado por medio de un diálogo de la Secretaría a su cargo con gobernadores e intendentes. Pero más allá de la coyuntura, de cara al corto y el mediano plazo, vale preguntarse si el gobierno va a poder meter en caja los precios de la canasta básica, al menos por un tiempo.
Y, por lo tanto, resulta pertinente insistir con que más allá de la estrategia conciliadora que inspira al Gobierno y de los controles que intente hacer, más que nunca se vuelve necesario que se le otorgue a los actores de la economía popular un sitio desde el que pueden aportar soluciones para la coyuntura, pero que también son válidas para el mediano y largo plazo, en este asunto de garantizar algo tan elemental como que todos los argentinos coman (Ver ¡Es por abajo!).
