La Presidencia no deja de destruir instrumentos claves para el desarrollo de Argentina y, en esta línea, avanzó sobre esta institución que constituía una pieza relevante para la construcción de herramientas y estrategias destinadas a mejorar la salud pública.
La incertidumbre y la desazón, atraviesan a la comunidad científica y a buena parte de los pobladores de Puerto Iguazú después de que, por disposición de la Presidencia Milei, se cerrara el Instituto Nacional de Medicina Tropical que dependía del Ministerio de Salud de la Nación sobre el cierre de las facultades especiales otorgaas al ejecutivo por la Ley Bases. Este Instituto constituía una pieza relevante para la construcción de herramientas y estrategias destinadas a mejorar la salud pública, por lo que disponía de equipos profesionales altamente calificados, lo que no fue obstáculo para que sucumbiera a la destrucción a la que está siendo sometido todo el complejo estatal de la ciencia y la tecnología.
Durante una década este instituto enfocó sus esfuerzos a la tarea de consolidar y desarrollar líneas de investigación en ecoepidemiología, vinculadas a enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis, animales ponzoñosos de interés médico, su ecología o lo que se conoce como epidemiología multinivel. Para eso posee laboratorios de biología molecular, proteómica, taxonomía, bioterios desde donde producía información científica de calidad e impacto en la salud pública, formación de recursos humanos y la transferencia de información a organismos de gestión y control, al tiempo que ofrecía programas de capacitación médica en patología regional, estadías de investigación en Medicina Tropical, cursos de actualización y perfeccionamiento en herramientas de biología molecular y bioinformática.
No obstante, nada de esto fue tenido en cuenta para que, utilizando los argumentos de un informe sesgado y malintencionado, el gobierno nacional incluyera al Instituto dentro de la lista de las víctimas directas del mecanismo de desguace del Estado que se vio favorecido por las facultades delegadas que, oportunamente, el Congreso Nacional otorgó al Ejecutivo.
“Para poder hacer ciencia aplicada, antes debés tener ciencia básica y a la ciencia básica siempre la hace el Estado desde sus institutos y universidades”, es lo que advirtió Carlos Ariel López, quien es biólogo y herpetólogo que a partir de febrero de 2013 se desempeñó como investigador en el Instituto de Medicina Tropical, donde se dedicaba al estudio de serpientes, arañas y escorpiones. Pero desde hace poco menos de un mes es uno de los científicos que se ven obligados a buscar un lugar en el que poder continuar con su trabajo.
“La situación es de incertidumbre, por lo pronto ya están desarmando el Instituto y llevándose equipamiento”, refiere López en tono de denuncia y explica que “ahora hay que ver cómo nos podemos enganchar en otros institutos” y señala que en este desbande provocado por el gobierno nacional “el que tenga equipo puede llevarse lo que tenía en su laboratorio, lo que había ganado con becas o cosas que el investigador compró”.
Para completar esta pintura hay que mencionar que los investigadores debieron intentar resolver su situación en tiempo récord. “De palabra, lo que se arregló, es que se va a pasar a depender de institutos que están en Buenos Aires y que algunos pudiéramos quedar en Iguazú, pero en comisión”, advirtió López, quien además es militante de la Corriente Nacional Agustín Tosco (CoNaT) y agregó que esta situación “implica la pérdida del plus por zona desfavorable, lo cual representa algo así como un treinta por ciento de los ingresos”.
Como Puerto Iguazú carece de plazas para albergar a todos los investigadores que se desempeñaban en el Instituto, muchos de ellos deberán volver a Buenos Aires, algo que además implica desarraigo para familias que habían elegido construir sus vidas en la localidad misionera.
Mientras que en el caso de los que puedan quedarse, la Dirección del Instituto “tiene que hablar con esos lugares que nos podrían recibir y ver si les interesa la línea de investigación que veníamos desarrollando”, contó López a Nuestra Propuesta y recordó que “somos alrededor de treinta los que quedamos en Iguazú”. En este contexto recordó que “el Instituto fue diseñado para albergar más de cuatrocientos investigadores de los que, al momento del cierre, había alrededor de cien”.
Así las cosas, lo claro es que lo que se truncó por la insensatez gubernamental, es mucho más que un proyecto. “Veníamos creciendo y produciendo”, recalca López y añade que “somos de investigación estricta, no producimos sueros ni vacunas, producimos conocimiento que es algo que se mide por la cantidad de papers que, por lo general, cada año superaban lo proyectado”. Y fue claro cuando puntualizó que “aunque el gobierno diga que no se cumplieron objetivos, son todas falsedades porque siempre se sobrepasaron las metas anuales”.
Tras lo que hizo hincapié en que “el tema es el cinismo de maltratar a personas que estamos investigando, trabajando y produciendo desde hace mucho. Todos somos profesionales preparados durante diez o doce años para hacer una carrera y un doctorado, con mucha experiencia en cada campo para construir este Instituto que era una referencia en el orden internacional en temas como dengue y animales venenosos, entre otros”.
Por eso, concluyó, “el problema es político”, ya que “parece que no llegamos a entender qué es lo que tenemos adelante, su envergadura, porque este proceso es algo que no vivimos nunca antes, esto es otra cosa, por eso a muchos los sorprende esta dinámica, en la que como dice el presidente, la idea es eliminar el Estado”.
Contra ese objetivo del gobierno neofascista y ultraliberal de Milei, solidarizarse con la lucha de los trabajadores de la ciencia resulta vital.
