Crisis económica ¿y política? El dólar trepó de 31,90 a 34,20 en un par de horas tras el mensaje presidencial de esta mañana. Más allá de los análisis políticos sobre el comportamiento del “mercado” y la falta de confianza o no en el gobierno, lo cierto es que en un par de horas el poder adquisitivo del salario se derrumbó nuevamente ¿Y ahora?
A comienzos de semana, mientras se anunciaba que el gobierno iba a recibir un adelanto de 3 mil millones de dólares por parte del FMI en el marco del crédito acordado hace apenas tres meses, el ministro Dujovne admitió que este año la economía caerá un 1 por ciento. Sin embargo el gobierno tiene con qué festejar: en Wall Street Quintana festejó ¡la caída del salario real!
La jornada de hoy culminó con baile y goleada de “los mercados” contra el país y, en especial, los salarios de los trabajadores. La jornada comenzó bien temprano cuando, en escueto mensaje de menos de dos minutos, Macri anunció que acordó con el FMI adelantar para el 2019 los giros de dinero previstos para el 2020 y así mostrar capacidad de pago y maniobra ante acreedores externos.
La idea original del gobierno era dar un claro mensaje ante “nuevas expresiones de falta de confianza de los mercados”. Y estos respondieron generando una megadevaluación de 2 pesos en un solo día. Las casas de cambio abrieron con un dólar a 31,90 y cerraron entre 34,20 y casi 35, según el caso.
¿Qué pasó en el medio? El gobierno entregó, mediante el Banco Central, más de 300 millones dólares a 32 y poco tiempo después comenzó la escalada ¿Quienes compraron? O mejor dicho ¿a quienes eligió venderle el gobierno antes de la corrida?
Si bien hay quienes hablan de “impericia” e “inoperancia” por parte del gabinete económico, lo cierto es que cada una de estas corridas aceleran la caída del salario real en Argentina y disparan la inflación. Como ya argumentamos en Nuestra Propuesta Diario en decenas de notas y artículos, bajar los salarios es uno de los objetivos estratégicos del gobierno. Y de esta forma lo están consiguiendo.
En limpio, la suba del dólar mayorista fue del 7 por ciento, la más grande desde que se enterró la convertibilidad en 2002. Como si fuera poco, los datos económicos que se vienen divulgando en las últimas semanas confirman la debacle de la economía Argentina. Las consecuencias son difíciles de calcular en volumen pero no en magnitud de cara al futuro, basta con seguir el derrotero de las economías como la griega que “acudieron” al FMI para paliar la crisis. Nada nuevo bajo el sol.
Los compromisos asumidos por el gobierno nacional con los acreedores externos e internos crecen y no hay dólares para afrontarlo. Por eso, pese a que el gabinete había afirmado que no iba a solicitar adelantos del crédito al Fondo, anteayer Dujovne anunció que en septiembre la entidad encabezada por Lagarde adelantará 3 mil millones de dólares para satisfacer las demandas de “los mercados”.
La falta de dólares es lógica y consecuencia de la política económica del gobierno, basada en la desregulación total de las importaciones, el sistema financiero y de los precios claves de la economía. Un claro ejemplo es que en julio el déficit comercial fue de 789 millones de dólares. Argentina acumula 19 meses consecutivos de pérdida y en lo que va del 2018 el rojo en la balanza comercial suma ya 5.867 millones.
Como si fuera poco, la fuga de capitales se acelera y en el primer semestre del año ya se fugó casi la misma cantidad de dólares que el año pasado. En lo que va de la gestión de Cambiemos al frente del país, se fueron al exterior más de 54 mil millones de dólares, el equivalente al préstamo que el gobierno logró con el FMI.
Por eso no es casualidad que, tal como informó el Indec, en junio la actividad económica cayera por segundo mes consecutivo: el desplome fue de un 6,7 por ciento. Pese a que desde el gobierno salieron a explicar que la caída era producto de la sequía que afecta a la actividad agropecuaria, lo cierto es que hay varios índices que dan cuenta de una crisis profunda producto del modelo económico que impone el macrismo.
Las desregulación de las importaciones y del sistema financiero, como así también de tres de los precios más importantes de la economía como lo son el dólar, las tarifas y los combustibles, generaron una bomba de tiempo a punto de estallar.
La magnitud del problema económico es tal que el gobierno recurrió al FMI no sólo para pedir dólares que le permitan afrontar las “necesidades financieras” del modelo sino también para pedir asistencia técnica y política y así llegar lo mejor posible al 2019.
Es preciso recordar que la prestación económica implica una contraprestación política. El gabinete acordó con el Fondo una serie de compromisos para que este vaya liberando, en forma extorsiva, parte de los más de 50 mil millones de dólares que componen el crédito de alto acceso. Entre ellos, el compromiso de que la inflación no superará el 27 por ciento en 2018 y que los dólares no se destinarán a controlar el tipo de cambio, ya que este deberá estar a un valor de “mercado”.
Sin embargo, con un dólar casi en 32 pesos, una tasa de interés del 45 por ciento, una inflación proyectada cuyo piso es del 35 y la fuga de capitales acelerada -en los primeros 7 meses del año ya se fugaron 20 mil millones, apenas 3 mil menos que el año pasado- a esta altura resulta evidente que más temprano que tarde el acuerdo tendrá que ser renegociado, con condiciones aún más leoninas para el país.
En ese contexto, al ministro Dujovne no le quedó más alternativa que reconocer que los cálculos le fallaron nuevamente: lejos del 3,5 por ciento de crecimiento estimado para este año, el titular de Haciendo admitió que éste 2018 la actividad económica caerá un 1 por ciento.
La cuestión política
En la arena política es más difícil afinar el análisis. Las crisis económicas siempre tienen impacto en las marchas, contramarchas, alianzas y rupturas de los bloques sociales en pugna aunque nunca se traducen de la misma manera.
El gobierno viene amenazando con las “consecuencias” económicas que podría tener la causa de los cuadernos del chofer Centeno con la intención de patear la pelota afuera y endilgar los avatares de la “tormenta” a los hechos de corrupción que en teoría los exceden, cuando el gabinete se compone, en su mayoría, por dueños y ceos de las principales empresas que operan en el país, las únicas con capacidad de sobornar a funcionarios, jueces y fiscales. El caso del Grupo Socma y de Iecsa de la familia Macri es el ejemplo más claro y sencillo para graficar la situación.
Más allá del circo mediático, las disputas internas en el bloque de poder comienzan a hacerse visibles. Las declaraciones del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción ante Bonadío, Carlos Wagner, provocó un cimbronazo en el seno mismo del bloque de poder. Más allá de que no aportó prueba alguna, como ninguno de los que figuran en la causa como arrepentidos, el esquema de supuestos sobornos descrito por el empresario involucra, directamente a IECSA, empresa constructora de Macri, en manos de Ángelo Calcaterra hasta que en 2017 la compró Marcelo Mindlin, uno de los dueños de Edenor, y amigo cercano del presidente.
Sin embargo, no hubo ecos respecto a este punto. Es más, en una más de las tantas decisiones arbitrarias e insólitas de Bonadío, se informó que el expediente que tramita en Comodoro Py investigará los casos de coimas, sobornos y sobreprecios entre 2008 y 2015 ¿Antes no? Pues parece que es el período que más compromete a la familia presidencial. El empresario que sí fue expuesto públicamente fue Paolo Rocca, dueño de Techint, la multinacional de origen argentino y la empresa privada más importante del país. Tal fue así que Rocca admitió en un coloquio con empresarios que pagó sobornos, aunque dijo que fue en defensa propia ante supuestas extorsiones. Luego, en privado, ante el Embajador de Rusia en Argentina confesó que tiene sospechas fundadas para pensar que los Macri se quieren quedar con Techint.
Pese a estos avatares, la derecha sabe cómo actuar. Por eso, ayer Macri se mostró con Paolo Rocca, en la concesión que tiene el Grupo Techint en Vaca Muerta. Toda una señal hacia fuera y hacia dentro del establishment.
Más allá de las marchas y contramarchas de una causa diseñada para dañar directamente la figura de Cristina Fernández -justificando así un operativo de persecución política y personal que se transmite casi las 24 horas por cadena nacional-, estos y otros hechos dejan en claro que el gobierno se encuentra en medio de un atolladero político y económico. En el seno mismo del bloque de poder -que el macrismo integra y comanda en la actualidad- comienzan a crecer las críticas y miran de reojo la capacidad del gabinete para capear la crisis que generaron.
Para ser claros: la crisis económica era inevitable ya que es la consecuencia lógica de un proyecto económico-social fundado en la apertura indiscriminada de la economía, el endeudamiento externo masivo, la desregulación financiera, la fuga de capitales y la destrucción del mercado interno.
La crisis social que vive el país estaba en los planes del gobierno, por eso el perfeccionamiento en las habilidades represivas de las fuerzas de seguridad, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y los convenios de “cooperación” internacional con Estados Unidos, Israel y Colombia para “luchar” contra el “terrorismo” y el “narcotráfico”.
Lo que no estaba en los planes es que a menos de tres años de gestión el riesgo de default sea tan concreto como inminente. El lunes Dujovne admitió que pidió un adelanto de 3 mil millones de dólares al Fondo correspondiente al crédito al que accedió el país hace apenas tres meses. Desde la fecha hasta hoy el Banco Central ya perdió 8.484 millones de dólares de sus reservas entre fuga de divisas y venta para dosificar la devaluación que el Banco Central está orquestando.
Por eso funcionarios de primera línea como Mario Quintana, viajaron a Wall Street para brindar detalles precisos sobre la economía a “los mercados”, en un contexto en el que el riesgo país no para de crecer, las acciones de las empresas argentinas caen y los bonos en dólares se valorizan. Allí el vicejefe de Gabinete dijo ante los acreedores internacionales, que “hay mejoras que no se pueden anunciar porque nos perjudicarían en lo político como la caída del salario real”.
La confesión de Quintana es perversa pero no falta a la realidad: desde que Macri llegó a la Rosada el poder adquisitivo del salario en el país se desplomó hasta un 8 por ciento.
Pero el gobierno no sólo la tiene difícil en Wall Street. Con una inflación galopante, paritarias a la baja, tarifazos, destrucción del empleo y aumento de la pobreza, el gobierno enfrenta la crisis sin capacidad de maniobra política. No hay posibilidad de sortear la crisis en el programa económico del gobierno porque está en este el motivo de su gestación. Macri y sus secuaces sólo pueden apelar a la protección mediática de sus aliados y aferrarse en el antikirchnerismo irracional para continuar fidelizando a una porción de la población. Pero como dijo Cristina Fernández cuando se discutían en el Senado los allanamientos ordenados por Bonadío, en tapas de Clarín no se pueden mojar las galletitas.
En este punto básico pero crucial se encuentran las coordenadas que tiene que seguir la oposición de cara al 2019. El desafío que tiene que afrontar el campo popular es el de articular un frente amplio y unitario con un programa que permita, en primer término, volver a llenar las heladeras de los trabajadores. La cuerda se tensó a tal punto que ello solo será posible con un nuevo gobierno popular que siente sus bases en el antiimperialismo y la recuperación de la soberanía política, económica y científica del país. No hay lugar para medias tintas. La historia reciente de América Latina lo demuestra.
