La causa está estancada desde que el juez federal Gustavo Lleral la mandó a archivar en 2018. “La responsable número uno es Patricia Bullrich, que es candidata a presidenta y no hay un juez imparcial que se digne a investigar”, denunció Sergio Maldonado.
“Estamos cada vez más alejados de la verdad”. La frase es contundente y fue dicha ayer por Sergio Maldonado, al referirse a la situación en que se encuentra la investigación de las circunstancias que rodearon a la muerte de su hermano Santiago, quien fue visto con visa por última vez el 1° de agosto de 2017, cuando intentaba escapar del brutal ataque perpetrado por personal de Gendarmería contra los integrantes de la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut.
Lo que dice Sergio Maldonado no tiene nada de antojadizo. La causa está estancada desde que el juez federal Gustavo Lleral la mandó a archivar en 2018, todo pese a que existen varios imputados por el fiscal que interviene, Federico Baquioni. “La responsable número uno es Patricia Bullrich, que es candidata a presidenta y no hay un juez imparcial que se digne a investigar”, denunció en tal sentido.
Concretamente, el fiscal Baquioni pidió la imputación del gendarme Emmanuel Echazú, del comandante Pablo Escola y del quien fuera jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, así como de otros ex funcionarios del gobierno que encabezó Mauricio Macri. Y también requirió se anexe a esta causa, la que se inició contra Noceti por la comisión de varios delitos durante el intento de desalojo de la comunidad mapuche de Cushamen.
Cabe recordar que Noceti era junto con Gerardo Milman la mano derecha y brazo ejecutor de la política represiva desatada por Patricia Bullrich, en su paso por la cartera de Seguridad durante la Presidencia Macri. Y, como tal, fue un actor clave que estuvo presente en el lugar, durante los días previos al ataque que tuvo lugar en Cushamen, por lo que durante 2019, Patricia Bullrich y Noceti fueron imputados por el fiscal federal Franco Picardi por el acto represivo de 2017, pero también a raíz la comisión de actos de hostigamiento y otros delitos como los vinculados a inteligencia ilegal y espionaje.
La obsesión que tiene Bullrich con el pueblo mapuche tiene ribetes patológicos, pero también un anclaje concreto en la defensa de la usurpación de recursos naturales que perpetra la clase capitalista que actúa en los contrafuertes cordilleranos de los que Joe Lewis y el Grupo Benetton son apenas la punta de iceberg.
El mito construido a partir de lo que desde la massmedia dominante se vendió como “la amenaza de la Resistencia Ancestral Mapuche”, aportó considerablemente a la creación de un falso enemigo interno, pero también a la construcción de una carrera política que Patricia Bullrich pretende que acabe con su llegada a La Rosada.
En abril de 2021, la ex ministra de Seguridad estuvo en Bariloche para encabezar el lanzamiento de lo que se presentó como el “Congreso por la Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia”. Ahí, junto a Bullrich se pudo ver a Florencia Arietto, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Pablo Torello: algunos de esta lista siguen con ella, otros están con Horacio Rodríguez Larreta, pero todos persisten con el mismo discurso.
Pero también estaban conocidos personajes del negocio inmobiliario regional que agradecieron el accionar que había tenido Bullrich en su paso por la cartera se Seguridad cuando en defensa de los intereses de esa corporación, en noviembre de 2017, en Villa Mascardi, agentes del Grupo Albatros de Prefectura asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel.
Idea fija
“No voy a tirar un gendarme por la ventana”, es el mensaje que quedó grabado en el sable que Gendarmería le entregó a Bullrich a modo de homenaje, cuando la presidenta del PRO dejó de ser ministra de Seguridad. La elección de la frase no tuvo nada de azarosa, ya que es la misma que utilizó Bullrich cuando, algo más de dos años antes, un periodista le preguntó acerca del papel que tuvo en la represión de Cushamen el comandante Fabián Méndez, que por entonces era jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón.
La defensa de la violencia institucional por parte de fuerzas policiales y armadas, es un componente central del mensaje y el accionar político de Bullrich, que se reflejó como nunca en su paso por la cartera de Seguridad desde donde, entre otras cosas, impulsó lo que se dio en denominar Doctrina Chocobar.
Pero ahora, ya metida en el tramo final de la campaña que puede ponerla como candidata presidencial del bloque de representación que va de la derecha a la ultraderecha, salió abiertamente a seducir el voto de la “familia militar”. Y, para ello, nada mejor que hablar de militares “injustamente presos”, una situación que promete resolver si se la elije como Presidenta.
Durante una visita que hizo recientemente a un grupo de veteranos de Punta Alta, señaló que varios de quienes estuvieron en la Guerra de Malvinas “terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria”. Al respecto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, reflexionó que si el Estado Nacional actuara conforme esta idea de Bullrich, Alfredo Astiz debería estar libre.
Pero también salió al cruce el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, desde donde Ernesto Alonso fue claro al alertar que “hay sectores políticos que reivindican a aquellos que cometieron torturas en Malvinas y también a quienes lo hicieron en los centros clandestinos” y, por eso, resaltó que “entre quienes definen como ‘veteranos’ de la Guerra de Malvinas hay de todo: torturadores, apropiadores y pilotos de los vuelos de la muerte”. Y recalcó: “pasar por Malvinas no implica no tener que rendir cuentas, no puede haber un doble estándar: no se puede ser héroe y represor”.
