La profundización de la articulación entre los diferentes actores del Movimiento y otras organizaciones, aparece entre las prioridades que se fija la flamante coordinación. Una propuesta poriajhú para eludir al Banco Mundial.
Mejorar la coordinación entre los diferentes componentes del MCL y la interacción de este movimiento con otras organizaciones campesinas, son dos de las principales prioridades que se fija la etapa que se abre con la designación de Raúl Toto Galván como titular de este colectivo y de la Comisión Agraria del Partido Comunista.
Recientemente, el Movimiento Campesino Liberación designó como coordinadores nacionales al titular del Movimiento Campesino Poriajhú y a la nutricionista Miryam Gorban quien, asimismo, coordina la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA.
Se trata de dos referentes de las luchas sociales y campesinas vinculadas a la soberanía alimentaria y por una reforma agraria integral, que continuarán el camino trazado por José Luis Livolti quien falleciera en enero de 2021.
Así las cosas, a la hora de evaluar los principales desafíos que se plantea el MCL, Galván relató que entre las urgencias aparece la de “coordinar nuestra fuerza a nivel nacional”, para lo que se propone la convocatoria a la que sería la primera reunión nacional presencial después de más de dos años de pandemia, “para poder hacer una mirada sobre lo que está pasando en la agricultura familiar y planificar hacia delante todo lo que podemos hacer”.
Y, por otro lado, también informó que se va a llevar a cabo un encuentro entre el MCL y el MTL, “para poder coordinar toda la política desarrollada desde nuestro movimiento hacia el territorio y planificar el crecimiento de nuestra propia fuerza en el territorio”.
Otro punto relevante sobre el que se espera avanzar en lo inmediato es el inherente a la profundización de “la articulación nacional con otras organizaciones con las que venimos trabajando conjuntamente en el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, fundamentalmente, con las que estuvieron más cercanas a nuestras posturas en todo este proceso que se dio en la lucha por la Ley de Reparación Histórica”.
Como se recordará, a principios de mes en un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner, se anunció la reglamentación de la Ley 27.118 por la que se declara “de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena” y crea un régimen de reparación histórica para el sector.
“Hay muchas organizaciones que comparten nuestra mirada sobre lo que tiene que ser la política hacia la agricultura familiar”, insistió el coordinador del MCL y puso particular acento sobre esta norma que se presenta como una herramienta que puede ser fundamental en tal sentido.
“Esa es una prioridad, porque inclusive la propia ley tiene mucho para recorrer, ya que todavía no queda clara la letra chica, por lo que se va a dar un debate sobre todo a raíz del origen del financiamiento que tiene este régimen de reparación histórica”, puntualizó Galván.
Es que para implementación de la Ley 27.118, se prevé la utilización de cien millones de dólares provenientes de una línea crediticia otorgada por el Banco Mundial, algo que provoca ruido entre algunas organizaciones, entre ellas el MCL.
“Tenemos una propuesta diferente que vamos a tener que trabajar con otras organizaciones”, señaló y destacó que “este fondo debería financiarse con un presupuesto de recursos genuinos que salgan de las retenciones al agronegocio y así se evitaría quedar comprometidos con el Banco Mundial que sabemos qué hace cuando financia este tipo de programas, tal como pasó cuando financió el Programa Social Agropecuario que acabó fracasando y dejando un gran endeudamiento para nuestro país”.
Por lo que sin dudarlo, resaltó que “si el gobierno toma la decisión política de modificar las retenciones como planteamos, tendría suficientes recursos como para garantizar que esta ley tenga financiamiento genuino y sustentable”.
