El presidente de la Legislatura chocó mientras manejaba una camioneta BMW que el Tribunal Superior de Justicia había puesto bajo custodia del Poder Legislativo. El siniestro dejó como saldo a una mujer muerta. “No fue imprudencia, es abuso de poder”, denunció el Partido Comunista de Córdoba.
“No fue imprudencia, es abuso de poder”, denunció el Partido Comunista de Córdoba ante la trama de corrupción que se fue desnudando a partir del luctuoso accidente que protagonizó el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar Félix González, cuando circulaba en una BMW X1 de color negro que presenta un dominio apócrifo.
Y, en este sentido, exigió la renuncia de González a su banca, “para que la justicia pueda investigar los hechos que lo involucran sin privilegios, entendiendo que la permanencia en su cargo puede entorpecer las diligencias judiciales relacionadas al accidente que lo involucra”, al tiempo que demandó “la urgente intervención del fiscal general de la Provincia, para determinar las irregularidades que pudieran existir en la utilización que las instituciones del Estado hacen de los bienes puestos bajo su tutela por el Tribunal Superior de Justicia”.
La camioneta BMW había sido denunciada como robada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y, el sábado 30 de octubre, cuando era manejada por González en el camino de las Altas Cumbres chocó con un automóvil Renault Sandero, lo que provocó la muerte de su conductora y que dos adolescentes resultaran gravemente heridas.
Vale citar que hace tres años, la BMW robada que manejaba González había sido secuestrada por la Fiscalía de Villa Dolores en el marco de la investigación de un robo y, a partir de ahí, se la puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia que el 13 de noviembre de 2019 la asignó al Poder Legislativo como “depositario judicial”.
De esta manera, como titular de la Cámara, González estaba a cargo de su custodia judicial, aunque le va a resultar difícil explicar qué es lo que hacía manejándola en el camino de Altas Cumbres cuando fue protagonista del hecho por el que se lo imputa por los cargos de homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor y lesiones culposas agravadas.
“Este grave delito de tránsito, pone al descubierto y confirma una trama de poder, manejo discrecional de los bienes del Estado, prebendas y privilegios que gobiernan la provincia hace más de veinte años y tiene como protagonistas a los principales dirigentes del cordobesismo”, denunció el PC provincial.
Tras lo que sostuvo que la responsabilidad del Poder Legislativo de la provincia, “que permite el uso discrecional de bienes puestos bajo su tutela, alcanza tanto a sus máximas autoridades como al conjunto del cuerpo que, por acción u omisión, convalida un esquema de reparto de ‘beneficios’ que socava los fundamentos democráticos de la representación política, vulnera los principios de igualdad y cercena los derechos de acceso a la información pública del que gozamos todos los ciudadanos”.
Pero también el PC apunta la mirada sobre la responsabilidad del Poder Judicial. “Los bienes incautados en función de delitos que están siendo juzgados en los estrados judiciales, son puestos en manos de guardadores (funcionarios públicos) que, a la luz de los acontecimientos, tienen conductas que no los diferencian de aquellos que están siendo juzgados”, recuerda.
Asimismo hace hincapié en que, mientras tanto, “la sociedad cordobesa contempla con estupor que, el mismo Poder Judicial que habilita el uso indebido de bienes judicializados, sea el encargado de esclarecer los hechos que involucran al ‘hombre fuerte’ de otro poder del Estado”.
Y lamenta que “ninguna autoridad ni institución de la provincia fue capaz de poner límites a las prácticas que hoy conocemos del legislador González” y señala que esto incluye al gobernador Juan Schiaretti “que lo cuenta como una de sus espadas fundamentales”, pero también a su vicegobernador Manuel Calvo quien, “al igual que su antecesor Martín Llaryora, ejercen sus cargos a la sombra de quien, en los hechos, conduce la Legislatura”.
