Medicamentos que no llegan, vacunas que faltan, sistema público de salud que se desmantela, obras sociales en crisis, y avances sobre la ley de salud mental. Frente a la necropolítica sanitaria del gobierno, la marcha federal por la salud, pone el cuerpo.
Por Marcela Belardo (*)
Hay una pregunta que el gobierno de Javier Milei responde con cada decisión presupuestaria: ¿quién merece vivir? La Decisión Administrativa 20/2026, firmada en mayo de 2026, ofrece la respuesta más reciente y brutal.
El resultado es lo que podría llamarse necropolítica sanitaria: la muerte como política. El Estado no abandona la salud por descuido. La abandona por elección. Y esa elección tiene consecuencias concretas, medibles, mortales.
El Ministerio de Salud pierde más de 63.000 millones de pesos en esta sola adecuación presupuestaria. El mayor recorte —20.000 millones— cae sobre el programa de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica: la capacidad material del Estado de comprar y entregar remedios. Lo que sigue completa un mapa de devastación: 5.000 millones menos para cáncer, 1.000 millones menos para los programas que acompañan la salud en cada etapa de la vida —primera infancia, adolescencia, vejez—, 900 millones menos para salud sexual y procreación responsable, 800 millones menos para VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, 500 millones menos para enfermedades inmunoprevenibles. El Instituto Malbrán —laboratorio de referencia nacional en diagnóstico y vigilancia epidemiológica— pierde 1.162 millones. El INCUCAI, 831 millones. La Administración Nacional de Establecimientos de Salud, 3.195 millones. El ajuste no roza la periferia del sistema: perfora su médula.
Pero el daño no se detiene en el sistema público. Las obras sociales llevan meses en situación crítica: financiamiento deteriorado, prestadores que caen del padrón, afiliados que no consiguen turnos ni medicación cubierta. El gobierno habla de "libertad de elección" mientras desmonta las condiciones que hacen posible cualquier elección. También el gobierno avanza sobre la Ley de Salud Mental. La reforma que impulsan los libertarios propone volver a una mirada centrada en el diagnóstico médico individual, desechando décadas de construcción colectiva que reconocieron que la salud mental no existe en el vacío: que la atraviesan las condiciones de vida, el trabajo, la vivienda, la violencia, la pobreza. El problema es que esa reforma llega en el peor momento posible. Argentina atraviesa una crisis de salud mental de proporciones alarmantes: entre 2023 y 2025 se notificaron 22.249 intentos de suicidio en el país, casi 24 por día. Un relevamiento de la UBA indica que el 8,7% de la población presenta riesgo de trastorno mental y más del 60% tiene alteraciones del sueño. El consumo problemático de sustancias crece sostenidamente. Las guardias están saturadas, los dispositivos comunitarios son insuficientes y el malestar psicológico golpea con fuerza particular en jóvenes, traccionado por la crisis económica, la pobreza y la precarización.
No se trata solo de ajuste fiscal sino de una reorientación profunda: del derecho universal a la salud hacia el hiperindividualismo y el sálvese quien pueda. El que puede pagar accede. El que no, espera. El que espera demasiado, se agrava. La necropolítica sanitaria no necesita cámaras de gas: le basta con recortar el programa de medicamentos oncológicos y dejar que los tiempos hagan su trabajo.
La direccionalidad del ajuste confirma que no hay error ni descuido. Mientras la salud pública pierde más de 63.000 millones, el Poder Judicial recibe incrementos por más de 115.000 millones. Las áreas de seguridad preservan sus partidas. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —el organismo encargado de ejecutar el achicamiento— se fortalece. El Estado se retira de donde cuida y se refuerza donde controla.
Desde el primer día de la gestión libertaria, el desfinanciamiento fue sistemático y acumulativo: el cierre del programa Remediar, el desguace del Plan Nacional de Inmunizaciones, los topes al PAMI, los recortes en residencias y formación, las deudas millonarias a provincias y prestadores.
Frente a ese proyecto, la respuesta está en la calle. Este miércoles 20 de mayo, la Marcha Federal por la Salud convoca a trabajadores sanitarios, organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y ciudadanía de todo el país. En Buenos Aires, la movilización parte desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo. En Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias, habrá actos simultáneos.
Porque la salud es un derecho que tiene una singularidad que no puede perderse de vista: cuando se lo desmantela, la consecuencia no es la incomodidad ni la injusticia abstracta. La consecuencia es la enfermedad. La consecuencia es la muerte. No hay otro derecho cuya vulneración tenga ese horizonte tan inmediato, tan irreversible, tan concreto. Un tratamiento interrumpido no se recupera con una apelación judicial. Una vacuna que no llegó no se compensa después. Un diagnóstico tardío no retrocede. Ese es el mensaje del 20 de mayo. Ese es el mensaje que el gobierno de Milei no logrará silenciar.
(*) Investigadora del Conicet, Licenciada en Ciencias Políticas y Doctora en Ciencias Sociales, especializada en Epidemiología y Gestión y Políticas de Salud
