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Vie, Abr
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Política

¿Cuántas vacunas se pudieron comprar con los dólares que fugó el Gobierno Cambiemos? Kristalina dijo la justa ¿Y si Pepín rompe el cascarón? ¿Qué tendrá que ver la designación del Procurador con el precio de la carne? Cuidar la coalición y también la identidad, esa es la tarea.

Kristalina Georgieva propuso que el FMI invierta cincuenta mil millones de dólares, para solventar un plan que garantice que el sesenta por ciento de la población de todo el planeta, quede vacunada contra el Covid-19 durante 2022, algo que de acuerdo a su mirada, permitiría avanzar hacia una recuperación económica sostenible a escala mundial.
La propuesta que hizo la titular del Fondo durante la Cumbre Mundial de la Salud del G20, deja tres conceptos muy claros. El primero es que si se busca recuperación y sustentabilidad de la economía, antes es preciso garantizar condiciones sanitarias confiables. Otro es que para solucionar la parte más complicada de la peor pandemia que haya vivido la humanidad, alcanza con cincuenta mil millones de dólares.
La primera parte exhibe lo pedestre de aquel argumento con el que, a partir de la presunta dicotomía entre economía y cuidados, machacaron, cacerolearon, manifestaron, twitearon, amenazaron, ejercieron violencia, llenaron kilómetros de hojas de diarios y también sus bocas -y todavía lo hacen-, actores del bloque que tiene su representación política en JxC. Pero también sus socios de las propaladoras que poseen los principales conglomerados de la massmedia.
Porque sin solución sanitaria, aún desde una mirada capitalista, tarde o temprano se resiente el proceso de producción, circulación y realización del capital. Y esto es algo que corrobora la propuesta que ahora hace la máxima autoridad del FMI.
Pero no sólo esto. Georgieva le pone una cifra a esta solución. Cincuenta mil millones de dólares, es casi la misma cantidad que hace tres años ese mismo organismo le habilitó al Gobierno Cambiemos. Lo hizo transgrediendo disposiciones propias del FMI, a instancias de los directores de EE.UU., que actuaron así a instancias de las indicaciones de Donald Trump para favorecer las aspiraciones reeleccionistas de su amigo de juergas, Mauricio Macri tal como lo explicó Mauricio Claver, quien fue asesor de ese gobierno y ahora es titular del BID.
¿Qué quiere decir todo esto? Entre otras cosas habla de que Macri y sus secuaces se robaron o facilitaron la desaparición de una suma similar a la que alcanzaría para solucionar buena parte de la peor pandemia que registra la historia.
Esto permite poner en escala cuál es la verdadera magnitud de lo que perpetró el Gobierno Cambiemos, empezando por el propio Macri, quien en estos días y con la misma sonrisa que puso cuando durante 2015 dijo que solucionar la inflación era una pavada -entre otras sandeces-, ahora asevera públicamente que si él fuera Presidente, hubiera conseguido más vacunas que las alrededor de trece millones que ya se utilizaron, a las que se espera se sumen seis millones más durante los próximos días.
La propuesta de Georgieva aporta un dato insoslayable para comprender por qué la creciente tensión entre las necesidades macroeconómicas y las que plantea la economía doméstica (Ver De los mercados al mercadito), pero también a la hora de intentar de intentar comprender las razones por las que el tándem que encabeza la expresión política que lidera Macri-Bullrich, profundiza cada vez más su apuesta a la necropolítica (Ver Cosas de la necropolítica).

¿Romperá la omertá?

Así las cosas, los terribles datos que la curva de casos de Covid-19 proporciona durante estos días, al parecer, hizo entrar en razones -aunque sea relativamente- a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que con más formalidad que sustancialidad, aceptó lo que la abrumadora mayoría del universo científico y la razonabilidad recomendaban. Capítulo aparte queda lo de la Corte Suprema, cuyos integrantes deberán responder algún día, por qué cuando pudieron jugar un papel determinante para proteger vidas, no lo hicieron.
Es que esto de la necropolítica no es otra cosa que un emergente necesario de una etapa del desarrollo de la crisis capitalista. Y, aunque con la pandemia encontró un escenario donde se vuelve más visible, antes constituyó una práctica inherente al Gobierno Cambiemos y del fenomenal mecanismo de transferencia regresiva de riqueza que estableció y dejó como resultado, entre otras cosas, la calamitosa deuda con el FMI que en estos días el actual gobierno intenta solucionar.
Y para perpetrarlo recurrió al lafware que se instrumenta por medio de prácticas como el apriete, el hostigamiento y el lichamiento público en connivencia con un componente medular del Poder Judicial.
Un actor clave para todo esto fue Fabián Rodríguez Simón (a) Pepín, quien agotó su segunda cara judicial, cuando ayer el juez de primera instancia en lo penal de Uruguay, Marcelo Malvar, rechazó su segundo pedido de habeas corpus y sostuvo que lo dispuesto por María Servini, que lo declaró en rebeldía y pidió su captura, no es ilegítimo ni arbitrario.
Por medio de argumentos pueriles, Pepín insiste en que es un perseguido político, por lo que pide refugio a Uruguay. Y juega sus últimas cartas a lo que decidan la Comisión de Refugiados o el Poder Judicial de ese país.
Pero también apuesta a la presión política hacia un gobierno reconoce como territorio amigo ¿Estará dispuesto Luis Lacalle Pou a convertir a Uruguay en un aguantadero?
De todos modos el peso de las pruebas que constan en el expediente a cargo de la jueza Sevini, son abrumadoras y Pepín sabe que como se prófugo, cuando comparezca a indagatoria, es muy probable que quede procesado y detenido.
Esa posibilidad mete miedo en Los Abrojos donde saben que Pepín dejó los dedos marcados en muchos lados y la Ley 27.304 permite reducir la pena a personas que participaron de un delito, si es que brindan información que ayude a agarrar a quienes tuvieran más responsabilidad en la comisión de los hechos imputados.
Según se supo, la jueza Servini ya tiene un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que muestra el racimo de llamados que mantuvo con actores del Gobierno Cambiemos y la Corte.
Es en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita, hostigamiento y extorsiones dirigidos a los propietarios del grupo Indalo, para sacarlos del mercado y quedarse con sus empresas. Junto a Rodríguez Simón aparecen en el ojo del huracán Alberto Abad, José Torello y el propio Macri.
Rodríguez Simón pertenece al círculo próximo a Macri a quien acompañó en algunas de las peores cosas que hizo como gobernante y, su para muestra alcanza con un botón, ahí están su papel en la Ucep y como pieza clave de la mesa judicial macrista ¿Hasta dónde llegaría su lealtad si la jueza Servini hinca el cuchillo a hueso? ¿Estaría dispuesto Pepín a romper el cascarón?
Lo que pasa ahora con Rodríguez Simón, ayuda explicar buena parte de por qué, cuanto más cerca de Macri se está, más crece la desesperación por provocar condiciones para que se rompa todo (Ver Romper todo). Y esto incluye favorecer condiciones para que se disemine el Covid-19, tal como ocurrió en Formosa a partir de la irrupción de Patricia Bullrich en esa provincia.
Es que saben que desde que el capitalismo consolidó como una economía-mundo, la política no es otra cosa que una herramienta puesta al servicio de las necesidades de acumulación de la clase capitalista, por lo que los gobernantes de los estados, son meros cuadros intermedios a quienes se les asigna el papel de actuar al servicio de lo que precise el capital.
Y si bien en esto hay tensiones y hasta conflictos entre facciones enfrentadas, nadie es imprescindible, ni siquiera aquellos que desde la propia clase capitalista, ocupan esos roles de gobierno que habitualmente desprecian y que, como tal, llegado el caso son sacrificables.
De ahí la apuesta a romper todo lo que se pueda y a estirar la cosa, confiando en que una elección cambie la correlación política y meta presión a jueces que, tímidamente, comienzan a actuar sobre algunas de las tropelías más evidentes perpetradas por el macrismo.
Y también por eso la defensa corporativa que se hace del procurador interino Eduardo Casal, a quien Macri puso a dedo después de que se cargara a Alejandra Gils Carbó, quien había llegado a la Procuración con el aval de los dos tercios del Congreso. Para sacarla de su cargo, el macrismo echó mano a una maniobra en la que participó el propio Rodríguez Simón y que incluyó la amenaza de encarcelar a las hijas de la procuradora, en caso de que no renunciara.

Proyecto

Así las cosas, el miércoles hubo dictamen del proyecto de ley de Ministerio Público Fiscal que, si prospera, va a permitir que se designe procurador por mayoría simple.
Esta parte de la iniciativa prosperó, tras el fracaso del intento de que el bloque de JxC aceptara la postulación de Daniel Rafecas que hizo el ejecutivo.
Pasaron varios meses y otras postulaciones aparecieron desde adentro del FdeT. En todo momento Rafecas dijo que no iba a aceptar la postulación si salía por una modificación de la ley vigente, algo que reiteró el sábado a poco de que Alberto Fernández avalara públicamente el proyecto.
En medio de este berenjenal, después de meses de negarse a votar el pliego de Rafecas, ahora JxC le dice al oficialismo que lo avala. La maniobra de JxC es clara, ya que se niega a votar una iniciativa que es muy similar a la que, durante 2016, impulsaron los entonces senadores Federico Pinedo, Ángel Rozas y Miguel Ángel Picheto, que desde Diputados avalaban Nicolás Massot y Emilio Monzó, al tiempo que tenía la anuencia de Germán Garavano.
Pero también lo es que el oficialismo vuelve a cometer un error no forzado y que, otra vez, deja expuesto al Presidente a quien en este caso, su propio candidato a la Procuración, le dice públicamente que con el proyecto en curso, él se baja de la postulación.
Mientras tanto la Procuraduría sigue en manos de un interinato que ya lleva cuatro años y es ejercido por un militante macrista que, entre otras cosas, fue denunciado por el súbito incremento que registra su patrimonio desde que lo pusieron como procurador.
Por sus características, el Poder Judicial es puntal para la tarea central del Estado Liberal Burgués (ELB), que no es otra que proteger a la propiedad privada individual de aquellos que no la poseen. Esto es, proteger a la clase capitalista. Probablemente sea por esto que el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina -el del Coloquio Idea- haya salido con los tapones de punta contra el proyecto al que calificó como violatorio de la Constitución, pese a que se debate ahora mismo en el Congreso.
Y en ese esquema, la Procuraduría tiene un papel relevante tal como quedó demostrado hace poco cuando Casal se puso la ropa de Speedy González, para servir en bandeja el dictamen en el que se basó la Corte para darle luz verde a la demanda interpuesta por Horacio Rodríguez Larreta contra el DNU 241.

Fantasmas

Al parecer en esto de proteger a la clase capitalista, el Poder Judicial se priva de muy poco y, en esto, también tiene que ver la actitud del jefe de los fiscales.
En una medida que probablemente sólo sirva para ganar tiempo como para intentar ordenar un poco la cosa, el ejecutivo decidió que se deje de exportar carne bovina durante treinta días (Ver De carne somos).
Incremento de exportaciones a la República Popular China, suba del precio de insumos utilizados para el engorde y los ya sabidos costos logísticos, figuran entre las razones para explicar por qué comer churrasco se vuelve un lujo.
Ahí también está la evasión y subfacturación basada en la declaración de datos falsos acerca de lo que se exporta, lo que deja una diferencia de dinero negro que habitualmente va a parar a cloacas fiscales. Sobre este tipo de maniobras que se incrementaron este año, posaron su mirada la IGJ y la Afip ¿A ningún fiscal se le ocurrió husmear por ahí? Al parecer, eso de la investigación de oficio queda sólo para las películas de Hollywood.
Pero este tipo de maniobras también se ve favorecida por la irrupción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura societaria que permite reducir el tiempo para crear una empresa a 24 horas, por medio de una plataforma de trámites a distancia y con sólo un domicilio temporal.
“Ustedes son los que tienen que meter los goles, nuestro trabajo es que la cancha esté bien y eso significa remover las trabas”, dijo Macri al presentar este mecanismo en septiembre de 2017 y añadió que “hay mucho por hacer, en Aduana y en el Senasa para que no nos traben y que el campo de juego esté lisito y parejo”. Y vaya si lo hizo.
Así, junto a la autorización y el fomento a la actuación de empresas flojas de papeles, habilitadas para exportar, la Presidencia Macri destruyó todo lo que pudo las instancias de regulación y control del sector exportador. El resultado fue la proliferación de empresas fantasma, que se crearon para favorecer la fuga de capitales.
Entonces, cada vez que a usted no le quede otra que estampar melancólicamente la ñata contra la vidriera de la carnicería, acuérdese también de que hay un jefe de fiscales que no se preocupa por sugerir que sus subordinados averigüen por qué aumenta la carne.
Pero mientras tanto existen pocas razones para creer que quienes intervienen en la cadena de valor de este producto, vayan a hacer algo para dejar de subir su precio. Y, en este contexto, el ejecutivo aparece surfeando sobre la ladera del Nyiragongo.
Hace pocos años, desde la Mesa de Enlace bravuconeaban alegando que si los dejaban exportar los cortes premiun, sin cuotas ni regulaciones, podrían regalar los cortes populares. Ahora amenazan con sumar carne de cerdos y granos al lockout, en caso de que el ejecutivo les cuestione su intención de vender en Villa Caraza, el último pedazo de espinazo al mismo precio que lo paga un importador de Shanghái.
Hasta ahora el gobierno intentó generar espacios de encuentro con los actores que intervienen en la cadena de valor que acaba en la góndola y la carnicería. Incluso logró acuerdos mínimos que este tándem profundamente concentrado y cartelizado nunca cumplió.
En este punto es preciso recalcar que en las principales formaciones estatales capitalistas, el Estado regula con firmeza la actividad de sectores estratégicos como lo es el que abastece alimentos para sus poblaciones. Y que probablemente, en esos lugares, estos tipos que las propaladoras massmediáticas exhiben como una suerte de adalides de la libertad, hubieran acabado tocando el banjo con Al Capone.
Pero debe asumirse que La 125 significó una derrota que, por ahora sigue grabada a fuego y, nunca mejor dicho, el que ve la vaca llora. Esto es algo que lee La Rosada, que es el lugar de donde se pudo sacar a Macri con un modelo de coalición en la que coexisten diversas miradas sobre este tema, aunque nadie duda acerca de que el Estado debe intervenir regulando.
Así las cosas, se espera que durante este semana sigan los encuentros entre Matías Kulfas, Paula Español y los representantes de la Mesa de la Carne, cuyo coordinador Dardo Chiesa se mostró optimista cuando señaló que “hay aproximación” entre ambas posturas. La llave que destrabe la situación puede estar en el compromiso del Consorcio ABC de garantizar el aumento de la cuota de toneladas de cortes que habitualmente se consumen en el mercado interno. Esto es algo que antes ya prometieron, pero no cumplieron.
El gobierno dispone de recursos que van desde la intervención en el esquema de comercialización por medio de herramientas como cupos y retenciones, hasta hacerlo con un dispositivo como el que se amagó implementar tras la quiebra de Vicentín, es decir mediante la creación de una empresa testigo que, incluso, pueda agrupar cooperativas.
Este último escenario es el más audaz, al menos desde la mirada de la lógica capitalista, ya que necesariamente implicaría pasar de regulador a jugar abiertamente en este mercado. Y todavía más, si avanzara abriéndolo a la participación de actores de la economía popular (Ver Se viene la pospandemia ¿y si vamos por otro tipo de normalidad?).
Sin dudas esta última es la mejor para quienes creemos que hay que desacralizar a las relaciones que impone el capital y que, esta premisa, sería mucho más eficiente que cualquier receta capitalista.
Pero mientras tanto, debe quedar claro que para que se pueda avanzar en cualquiera de estas alternativas, es preciso consolidar volumen político. Y que la posibilidad de conservar el existente y crecer, depende mucho de la galvanización del FdeT como coalición, porque cuando se levanta una baldosa del otro lado de la calle, aparecen siempre los mismos que continúan consolidando su masa crítica, capacidad de movilización, cierta mística y su escasez de escrúpulos.
Entonces y sin que esto implique asimilaciones que nadie pide, desde nuestro acerbo identitario, debemos aportar a la construcción de esta instancia de unidad que pretende cobijar a una amplia gama de identidades diversas.
Y entendiéndolo a partir de las necesidades y desafíos concretos que presenta la coyuntura, desde lo que es preciso articular desde una mirada táctica y también aquello que hay que construir con una perspectiva estratégica.
Y, asimismo, desde una perspectiva ética, porque como comunistas no podemos mirar hacia otro lado cuando, aquí y ahora, se manifiesta una de las versiones más criminógenas de la actual etapa de desarrollo de la crisis del sistema capitalista.
Es que para que la construcción de un futuro mejor no se vuelva algo abstracto, es preciso imaginarlo, pero también comenzar a construirlo cada día, por eso necesitamos tener al Partido Comunista.
Pero también en el contexto del ELB que a fin de cuentas es donde nos toca vivir, tenemos pequeños espacios para darle carnadura a mucho de aquello que, en principio, puede aparecer como representación abstracta. Y podemos hacerlo a partir del establecimiento de relaciones sociales y dinámicas de lucha popular, capaces de construir herramientas diferentes a las propias del ELB y el capitalismo. Esto es integrar al esquema propio, a aquello que pertenece al antagonismo y lo diverso, desde espacios de autoorganización basada en criterios de democracia económica.
Porque la tercera cosa que deja en claro la propuesta de Georgieva es que, en el actual capítulo que recorre la Segunda Crisis de Larga Duración del sistema capitalista, y aunque resulte paradójico, los malos nos vienen ganando de mano en esto de construir, a su manera, una versión de contrapoder que se lleva puesto a buena parte del ELB.
Es que con esto del neoliberalismo, los tipos armaron una arquitectura financiera que permite que le permite a las corporaciones empresarias, hacerse fácil con dinero fiduiciaro que salta de cloaca fiscal en cloaca fiscal, sin que nadie pueda agarrarlo. Eso sí, ese dinero Fiat se vende caro, sobre todo, a formaciones estatales que así quedan engayoladas de por vida.
Esos mismos actores corporativos, deslocalizan y desmantelan plantas enteras que van de un lado a otro dejando un tendal de trabajadores en la calle y daños medioambientales que, a veces, son irrecuperables.
Y todo esto que define hoy por hoy al universo del capital, pasa sin que estos actores se integren hacia dentro de los Estados nacionales de los que, pese a esto, buscan y encuentran respaldo, amparados por organismos supranacionales hechos a la medida de sus necesidades de carácter económico y judicial.
Por eso es que, tras ganar una elección, una banda de forajidos pudo endeudar al país y a sola firma, por un monto casi idéntico que el que alcanza para sacar al mundo de la pandemia.
Pero también es por eso, que uno de los mejores aportes que podemos hacer a la coalición que integramos, reside en ser coherentes con nuestra mirada estratégica y no perder ese horizonte que debe buscar la construcción de contrapoder y, ahora sí, leninista en serio. Esto es trabajar en cada hendija que deja el sistema, para el despliegue de una línea que acuerde sin integrarse, desde la autodeterminación y la identidad de clase.

 

Grid List

Junto al colectivo que reúne a las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados volvieron a marchar hacia la sede del Ministerio de Salud. “Precisamos una unidad más profunda y que abarque a más sectores de la sociedad que se ven afectados por las políticas gubernamentales” dijo Osvaldo Peula desde el MJL.

Leer más…En la calle para unir las luchas

El juez Adrián González Charvay frenó la eliminación de ese programa y el Ministerio de Capital Humano va a apelar tal decisión. “Vemos que la lucha sirve pero no podemos bajar los brazos”, alertó ante este fallo el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli.

Leer más… Para Volver al Trabajo

A días de su informe en Diputados, nuevas pruebas sobre movimientos en efectivo, operaciones inmobiliarias irregulares y gastos incompatibles con sus ingresos declarados agravan la situación del jefe de Gabinete. El respaldo explícito de Javier Milei expone no solo complicidad política, sino la naturaleza orgánica de un régimen atravesado por prácticas de saqueo y opacidad.

La presentación de Manuel Adorni ante el Congreso, prevista para el próximo miércoles 29, se produce en un contexto político signado por la acumulación de evidencias que comprometen severamente su situación judicial y política. Lejos de tratarse de una instancia institucional rutinaria, el informe de gestión se transforma en un escenario de interpelación directa sobre un entramado de irregularidades que ya no puede ser reducido a meras inconsistencias administrativas, tal como pretende presentarlo el gobierno. La confirmación de que el propio Javier Milei estará presente en el recinto para acompañar al funcionario es la señal explícita de un respaldo político que, en las condiciones actuales, solo puede leerse como una forma de blindaje frente a denuncias que escalan en gravedad.

Entre las últimas revelaciones, adquiere centralidad el testimonio judicial que ubica en el centro de la investigación la existencia de 65 mil dólares no documentados vinculados a refacciones en el inmueble del barrio de Caballito, en la calle Miró. Según la declaración realizada bajo juramento en Comodoro Py, dichas obras habrían sido financiadas mediante un esquema de pago “por fuera” de los canales formales, con un compromiso de cancelación posterior atado a la venta de otra propiedad del funcionario. Este mecanismo no solo sugiere la existencia de ingresos no declarados, sino que revela una operatoria deliberada de opacidad, donde el diferimiento del pago funciona como instrumento para evitar trazabilidad financiera.

La operatoria inmobiliaria bajo investigación refuerza este cuadro. El inmueble en cuestión fue adquirido inicialmente por dos jubiladas por 200 mil dólares y posteriormente transferido a Adorni por 230 mil dólares bajo condiciones altamente irregulares: un anticipo de apenas 30 mil dólares y una financiación del 87 por ciento restante a un año, sin intereses—ni precedentes—. Este esquema, completamente atípico en el mercado, se combina con un precio final inferior al valor estimado de la propiedad, lo que abre interrogantes sobre posibles mecanismos de triangulación, subvaluación o encubrimiento de flujos de dinero no registrados. No se trata, por lo tanto, de una simple transacción inmobiliaria, sino de una pieza más dentro de una arquitectura financiera que apunta a disimular el origen y la magnitud de los recursos movilizados.

A ello se suman las evidencias sobre gastos personales que exceden de manera ostensible los ingresos declarados del funcionario. La confirmación de pagos en efectivo por cerca de 9.000 dólares en hoteles de lujo en Aruba, sumados a los 5.800 dólares abonados en pasajes en clase preferencial, resulta incompatible con un salario mensual que, al momento de dichos gastos, rondaba los tres millones de pesos. El uso de efectivo en este tipo de operaciones no es un dato secundario. Constituye, más allá de la evasión impositiva que va de suyo, en términos de investigación financiera, un indicador clásico de intentos de eludir controles y evitar la generación de registros bancarios que permitan reconstruir el origen de los fondos.

En este contexto, la sesión en Diputados —organizada bajo un esquema de seis horas acordado por Martín Menem— se perfila como un momento de alta tensión política. La oposición ha adelantado que no limitará sus preguntas al caso de enriquecimiento ilícito, sino que buscará articular estas denuncias con el cuadro general de deterioro social: la situación del PAMI, el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad, el aumento del desempleo y el impacto de las tarifas. Sin embargo, es evidente que el eje estructurante de la interpelación girará en torno a la legitimidad misma de un funcionario cuya trayectoria reciente aparece atravesada por prácticas que contradicen abiertamente los principios de transparencia que el propio gobierno declama.

El respaldo de Milei, en este escenario, no puede interpretarse como una mera defensa política de un colaborador cercano. Se trata, más bien, de la expresión de una comunidad de intereses y prácticas que compromete al núcleo mismo del gobierno. Como ya se ha señalado en análisis previos, no estamos ante episodios aislados de corrupción, sino frente a la consolidación de una forma de gestión estatal en la que la frontera entre lo público y lo privado se diluye sistemáticamente. La figura de Adorni no es una anomalía dentro del oficialismo, sino un emergente coherente de su lógica de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el caso adquiere un carácter paradigmático. La combinación de operaciones inmobiliarias opacas, por no decir turbias, uso intensivo de efectivo y niveles de gasto incompatibles con los ingresos formales configura un patrón típico de acumulación parasitaria con dinero proveniente de actividades ilícitas. No se trata solo de la eventual apropiación de recursos públicos, sino de la inserción del aparato estatal dentro de circuitos de valorización que operan al margen —y en muchos casos en contra— de la legalidad vigente. En este sentido, la defensa cerrada del presidente refuerza la hipótesis de que estas prácticas no son desviaciones individuales, sino componentes vertebradores de un proyecto político.

La presencia de Milei en el recinto durante el informe de Adorni, lejos de aportar institucionalidad, tiende a reforzar la percepción de un gobierno que se repliega sobre sí mismo frente a la evidencia acumulada. En lugar de propiciar mecanismos de esclarecimiento, el oficialismo opta por la lógica del cerrojo político, apostando a la disciplina interna y al desgaste de la oposición. Pero esta estrategia tiene límites evidentes: a medida que se profundizan las investigaciones judiciales y se multiplican los indicios de irregularidades, el costo político de sostener este esquema se incrementa.

En última instancia, lo que está en juego en la comparecencia de Adorni no es solo su continuidad en el cargo, sino la viabilidad de un modelo de gobierno que ha hecho de la corrupción y la captura del Estado sus rasgos distintivos. La insistencia en una retórica anti-“casta” contrasta cada vez más con prácticas que reproducen e intensifican las formas más degradadas de la dominación burguesa. En este marco, el caso Adorni funciona como un punto de condensación donde se hacen visibles las contradicciones de un proyecto que, en su despliegue, revela su verdadera naturaleza.

La dirigente de UTE-Ctera, Antonella Bianco, analizó el aumento de situaciones de violencia en escuelas, el rol de los discursos públicos y el avance de respuestas punitivistas. Advirtió sobre la falta de recursos, la crisis social que atraviesa a las juventudes y la necesidad de reconstruir redes entre escuela, familias y comunidad.(*)

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Continúan sucediéndose los cierres y despidos. En este contexto, desde la CoNAT, Rodolfo Leyría, recalcó la importancia de construir “y afianzar la unidad de clase que en el movimiento obrero cordobés heredamos de Agustín Tosco y Atilio López”, ya que resulta preciso “poder dar batalla en todos los frente que sea necesario”.

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Desde su creación en 1995, la Jefatura de Gabinete de Ministros ha sido un bastión exclusivamente masculino, con solo dos figuras repitiendo el cargo, un efímero titular que duró apenas dos días y resultó ser abuelo de otro Jefe de Gabinete, y un caso singular de continuidad entre gestiones presidenciales. Hoy, este puesto está bajo la lupa, con su actual ocupante, Manuel Adorni, enfrentando serias acusaciones de enriquecimiento ilícito que sacuden al Gobierno.

Leer más…Manuel Adorni, de la Reforma del 94 a...

Roberto Clark, médico de larga trayectoria en el sistema público, universal y gratuito de salud, dialogó con Nuestra Propuesta sobre la fuerte caída que registra la tasa de vacunación y la supresión del Plan Remediar. En su  crítica a las políticas nacionales de abandono a los sectores más vulnerados, afirmó que este gobierno “deja en absoluto desamparo a quienes no tienen recursos económicos”. Ahí donde el Estado se retira, llega la Brigada de Salud que integra en la provincia de San Luis.

Leer más…“Al gobierno no le importa la salud...

La sanción favorable del proyecto que modifica regresivamente la Ley de Glaciares se consumó anoche gracias al poder de lobby de las multinacionales mineras que, como aseguró el Partido Comunista, cuentan con representantes no sólo entre el oficialismo y sus aliados reconocidos, sino también entre pseudo opositores que dicen defener intereses “nacionales y populares”. En la manifestación en Plaza Congreso, Claudio Cabrera, coordinador del Movimiento de Jubilados Liberación, recordó que “el agua no se vende” y llamó a seguir defendiendo todos nuestros recursos naturales. Se impulsa, a la vez, una campaña de firmas para denunciar la inconstitucionalidad de esta ley ecocida. 

Leer más…Crónica de una entrega anunciada

Así lo recalcó el coordinador del MTL de Santa Fe, Rubén Sala, tras participar en la jornada de lucha de este martes, que tuvo réplicas en todo el país y fue convocada por el Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y diferentes movimientos sociales.

Leer más…“Exigimos trabajo digno”

Esto es lo que demanda una declaración que condena la avanzada guerrerista del imperialismo y sale al cruce de la intención del presidente Javier Milei de involucrar a Argentina en el conflicto bélico desatado en Asia occidental por Estados Unidos e Israel. Entre otras personalidades  de la política y la cultura suscriben a ella el titular del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Alberto Kreyness; el Secretario Político del PC de la CABA, Ariel Elger; la Secretaria de Relaciones Políticas del PCA, Zaida Chmaruk, el Secretario de Relaciones Internacionales del PCA, Marcelo Rodríguez, Tay Almeida, Atilio Boron, Stella Calloni, Rocco Carbone, Adolfo Pérez Esquivel, Edgardo Esteban, María Eva Koutsovitis y Alexia Massholder. 

Leer más…“No a la guerra”