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Sáb, Abr
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Política

Vidal dice que van por más. “Estos años nos enseñan que la clase trabajadora es una y como tal, debemos pelear como clase y dejar mezquindades para pensar en el colectivo, porque debemos tener capacidad de construir en hechos lo que decimos con las palabras”, señaló Gustavo Muñoz a 36 meses de la asunción del Gobierno Cambiemos.

“Para que se vea lo enorme de este cambio son poco 1095 días”, señaló la gobernadora María Eugenia Vidal, ayer, durante la convención que celebró el Consejo Nacional del PRO en el complejo Parque Norte, con la presencia de funcionarios y legisladores, para hacer balance de la gestión que acaba de cumplir tres años y proyectar la campaña de cara a 2019.

Ahí reafirmó la línea discursiva Cambiemos, cuando anticipó que van por la reelección. “Tenemos mucho camino por recorrer, la única manera es persistiendo”, dijo la gobernadora que –desde lo más profundo de su subconsciente- tres años atrás anticipara que “cambiamos futuro por pasado”, algo que ahora sin ambages ratifica cuando recalca que el “cambio cultural” que pregona el Gobierno Cambiemos, pretende retrotraer al país a algo más de setenta años atrás, es decir, a la Década Infame.

Mientras tanto, casi en coincidencia se conoció el informe de Unicef, que da cuenta de que casi la mitad de los niños de Argentina no puede satisfacer las necesidades básicas que debe garantizar el Estado.

Ante este informe, desde el Foro por los Derechos de la Niñez, fueron duros con las políticas que lleva a cabo el Gobierno Cambiemos y advirtieron que el avance de la pobreza entre la niñez de la provincia de Buenos Aires, “es más grande y más desigual” que en el resto del país, lo que lleva a que más de la mitad de los pibes estén por debajo de la línea de la pobreza.

 

Cifras

 

En este punto vale exhibir algunas de las cifras que dejan los primeros tres años de Gobierno Cambiemos. La inflación que acumuló desde que asumió es de 160 por ciento, tan altísima como injustificable con el argumento de la “pesada herencia”.

Es que durante los tres años anteriores a la llegada de Mauricio Macri a La Rosada, la inflación medida por fuentes afines al actual staff gobernante, acumuló un 43 por ciento menos que la que –hasta ahora- el Gobierno Cambiemos cargó sobre los hombros de los argentinos, especialmente sobre los de los más pobres.

Si para muestra alcanza con un botón, con un aumento del 7,5 por ciento, en octubre, la canasta básica de pobreza volvió a superar a la inflación, con lo que acumuló 54,6 por ciento interanual, esto es, se colocó por encima del promedio.

Y esto no es todo: de acuerdo a  la consultora Focus Market, de enero a noviembre los precios que más aumentaron en las góndolas son las harinas con un 129,9 por ciento, los pañales con 108,8, las pastas secas con 94,8 y el aceite con 71,2. Hay que ser algo más que miserable para perpetrar esos aumentos que castigan a los que menos tienen, mientras bajan el impuesto a la importación de autos de alta gama y champagne.

Pero, como decía el slogan de campaña, nada de esto fue casual. A partir de la decisión de desregular el mercado de cambio y propiciar la timba financiera, el precio del dólar se catapultó -de diciembre de 2015 a la actualidad- un 291 por ciento.

Eso sí, desde que el Central flexibilizó todavía más la compra y venta de moneda extranjera, en menos de un año abrieron 140 casas de cambio, con lo que de 36 compañías dedicadas a esta actividad, se saltó a 176 a las que sólo se les exige una garantía de quinientos mil pesos para empezar a operar.

¿Pero qué pasó con las tarifas? Aquí también hubo desregulación y, conforme se retiraron subsidios a los usuarios, se mantuvo e incrementó los que reciben las empresas entre cuyos ceos se destacan integrantes y amigos del staff gobernante.

La consecuencia de todo esto es de manual: el tarifazo registrado en el caso del gas asciende a 3.808 por ciento, para la electricidad 2.136, transporte público va de 450 a 875 y el servicio de agua 515.

Todo esto en un escenario en el que, en promedio, el salario de los trabajadores registrados del sector privado perdió casi un 25 por ciento respecto de la inflación y la jubilación mínima tuvo una caída real de alrededor del veinte por ciento.

Esto, en medio de destrucción de empleo que presiona sobre el salario, condiciones laborales y convenios favoreciendo fácticamente una reforma laboral regresiva.

Asimismo, se perpetró un brutal ataque a la industria, sobre todo, al sector pyme donde de 560 mil empresas de hasta cien trabajadores que había cuando asumió Macri, ahora quedan 549 mil. Por eso, nadie puede sorprenderse cuando se ve que 107 mil trabajadores industriales quedaron en la calle.

Ni tampoco porque el PBI per cápita en dólares haya caído un 41 por ciento en lo que lleva el Staff Cambiemos en La Rosada.

Así, el Gobierno Cambiemos está perpetrando su “cambio cultural” que lleva a cabo una feroz transferencia regresiva de riqueza, modifica drásticamente la matriz productiva, reprimarizándola para volverla funcional al lugar que el rediseño capitalista tiene reservado para formaciones estatales como Argentina.

Esto es, un sitio donde burguesías locales en el gobierno, administren el Estado acotado a poco más del comando de fuerzas policiales represivas, que garanticen el control social necesario para la libre circulación de capital financiero, el establecimiento de empresas deslocalizadas que paguen salarios subsaharianos y a las que nadie les pregunte qué es eso con lo que están contaminando el medioambiente.

 

¿Quién paga?

  

¿Pero quién paga la festichola que para Vidal recién comienza? En el territorio bonaerense conocen muy bien la respuesta a esta pregunta.

“Este gobierno no tiene cara ni escrúpulos, están hace tres años y lo que han logrado es meter al pueblo más en el hambre y la entrega, sacarle la educación, salud y otros derechos básicos para la supervivencia”, recalca desde la Conat y el MTL de Moreno, Gustavo Muñoz.

Quien también es adjunto de la CTA de esa localidad, hace hincapié en que “acá en el conurbano bonaerense, en Moreno concretamente, hay barrios en los que cuando llueve tenés que caminar sesenta cuadras para poder salir a un acceso que te permita llegar a una sala o a un hospital”.

Tras lo que denuncia que los nosocomios “están totalmente destruidos en la provincia” y que “desde ayer (lunes 10) el hospital de Moreno atiende sólo a las personas que entran en guardia por ambulancia, o sea que el ciudadano de Moreno no puede ir a atenderse a la guardia si no lo hace entrando por ambulancia”.

Por lo que, sin dudarlo, señala que “esto es lo que están haciendo estos muchachos empresarios que decían, cuando estaban de campaña, que iba a desaparecer la pobreza” pero, advierte, “si seguimos así los que vamos a desaparecer somos los pobres porque nos van a matar a todos”.

Todo esto configura lo que el propio Muñoz caracteriza como “una situación angustiante en la que vivimos”, de ahí que insista en que “a estos tipos no les podemos permitir que sigan en el gobierno: si se puede que se vayan antes de la fecha electoral de 2019, pero si no, habrá que buscar el mayor marco de unidad para que se vayan al carajo en ese momento porque, en el pueblo, lo que hemos recibido de ellos es hambre y represión, desocupación y desatención que nos lleva a los sectores más complicados a estar en una situación todavía peor”.

Y como si esto fuera poco, los que se siguen escudando en eso de “la pesada herencia” dejarán una que realmente es terrible.

La deuda pública per cápita en 2015 llegaba a 54 mil pesos, la Presidencia Macri la hizo aumentar 420 por ciento, por lo que usted que está leyendo este artículo ya debe 283 mil pesos y la cifra se incrementa minuto a minuto.

“La deuda la tiene que pagar quien la contrajo y, en este caso, la deuda no la contrajo el pueblo” reclama Muñoz y recuerda que “hablamos de que el pueblo no tiene ni para comer, mal podría pagar una deuda que -está claro- fue contraída como un negociado propio de los que integran el gobierno y sus amigos quienes, si logramos que se vayan en 2019, se irán con los bolsillos llenos, dejando al pueblo sumergido en la miseria”.

Por eso, insistió “nos va a costar mucho más de lo pensado sacar adelante el país que dejen estos tipos, porque la deuda que dejan es terrible, muy difícil de levantar y ya la estamos sufriendo en cosas concretas como la que conté del hospital”.

Y es aquí donde cobra relevancia la reflexión que, desde una perspectiva de clase, se puede hacer sobre estos tres años de Gobierno Cambiemos.

“Estos años de macrismo, Vidal y el FMI, nos tienen que enseñar que la clase trabajadora es una, más allá de diversidad y diferentes propuestas”, remarca Muñoz y sin dudarlo añade: “como somos una, debemos pelear como clase, dejar mezquindades de lado, dejar el yo para pensar en el colectivo, algo sobre lo que es difícil hablar y que es difícil construir”, pero “debemos tener esa capacidad de construir en hechos lo que decimos con las palabras”.

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Junto al colectivo que reúne a las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados volvieron a marchar hacia la sede del Ministerio de Salud. “Precisamos una unidad más profunda y que abarque a más sectores de la sociedad que se ven afectados por las políticas gubernamentales” dijo Osvaldo Peula desde el MJL.

Leer más…En la calle para unir las luchas

El juez Adrián González Charvay frenó la eliminación de ese programa y el Ministerio de Capital Humano va a apelar tal decisión. “Vemos que la lucha sirve pero no podemos bajar los brazos”, alertó ante este fallo el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli.

Leer más… Para Volver al Trabajo

A días de su informe en Diputados, nuevas pruebas sobre movimientos en efectivo, operaciones inmobiliarias irregulares y gastos incompatibles con sus ingresos declarados agravan la situación del jefe de Gabinete. El respaldo explícito de Javier Milei expone no solo complicidad política, sino la naturaleza orgánica de un régimen atravesado por prácticas de saqueo y opacidad.

La presentación de Manuel Adorni ante el Congreso, prevista para el próximo miércoles 29, se produce en un contexto político signado por la acumulación de evidencias que comprometen severamente su situación judicial y política. Lejos de tratarse de una instancia institucional rutinaria, el informe de gestión se transforma en un escenario de interpelación directa sobre un entramado de irregularidades que ya no puede ser reducido a meras inconsistencias administrativas, tal como pretende presentarlo el gobierno. La confirmación de que el propio Javier Milei estará presente en el recinto para acompañar al funcionario es la señal explícita de un respaldo político que, en las condiciones actuales, solo puede leerse como una forma de blindaje frente a denuncias que escalan en gravedad.

Entre las últimas revelaciones, adquiere centralidad el testimonio judicial que ubica en el centro de la investigación la existencia de 65 mil dólares no documentados vinculados a refacciones en el inmueble del barrio de Caballito, en la calle Miró. Según la declaración realizada bajo juramento en Comodoro Py, dichas obras habrían sido financiadas mediante un esquema de pago “por fuera” de los canales formales, con un compromiso de cancelación posterior atado a la venta de otra propiedad del funcionario. Este mecanismo no solo sugiere la existencia de ingresos no declarados, sino que revela una operatoria deliberada de opacidad, donde el diferimiento del pago funciona como instrumento para evitar trazabilidad financiera.

La operatoria inmobiliaria bajo investigación refuerza este cuadro. El inmueble en cuestión fue adquirido inicialmente por dos jubiladas por 200 mil dólares y posteriormente transferido a Adorni por 230 mil dólares bajo condiciones altamente irregulares: un anticipo de apenas 30 mil dólares y una financiación del 87 por ciento restante a un año, sin intereses—ni precedentes—. Este esquema, completamente atípico en el mercado, se combina con un precio final inferior al valor estimado de la propiedad, lo que abre interrogantes sobre posibles mecanismos de triangulación, subvaluación o encubrimiento de flujos de dinero no registrados. No se trata, por lo tanto, de una simple transacción inmobiliaria, sino de una pieza más dentro de una arquitectura financiera que apunta a disimular el origen y la magnitud de los recursos movilizados.

A ello se suman las evidencias sobre gastos personales que exceden de manera ostensible los ingresos declarados del funcionario. La confirmación de pagos en efectivo por cerca de 9.000 dólares en hoteles de lujo en Aruba, sumados a los 5.800 dólares abonados en pasajes en clase preferencial, resulta incompatible con un salario mensual que, al momento de dichos gastos, rondaba los tres millones de pesos. El uso de efectivo en este tipo de operaciones no es un dato secundario. Constituye, más allá de la evasión impositiva que va de suyo, en términos de investigación financiera, un indicador clásico de intentos de eludir controles y evitar la generación de registros bancarios que permitan reconstruir el origen de los fondos.

En este contexto, la sesión en Diputados —organizada bajo un esquema de seis horas acordado por Martín Menem— se perfila como un momento de alta tensión política. La oposición ha adelantado que no limitará sus preguntas al caso de enriquecimiento ilícito, sino que buscará articular estas denuncias con el cuadro general de deterioro social: la situación del PAMI, el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad, el aumento del desempleo y el impacto de las tarifas. Sin embargo, es evidente que el eje estructurante de la interpelación girará en torno a la legitimidad misma de un funcionario cuya trayectoria reciente aparece atravesada por prácticas que contradicen abiertamente los principios de transparencia que el propio gobierno declama.

El respaldo de Milei, en este escenario, no puede interpretarse como una mera defensa política de un colaborador cercano. Se trata, más bien, de la expresión de una comunidad de intereses y prácticas que compromete al núcleo mismo del gobierno. Como ya se ha señalado en análisis previos, no estamos ante episodios aislados de corrupción, sino frente a la consolidación de una forma de gestión estatal en la que la frontera entre lo público y lo privado se diluye sistemáticamente. La figura de Adorni no es una anomalía dentro del oficialismo, sino un emergente coherente de su lógica de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el caso adquiere un carácter paradigmático. La combinación de operaciones inmobiliarias opacas, por no decir turbias, uso intensivo de efectivo y niveles de gasto incompatibles con los ingresos formales configura un patrón típico de acumulación parasitaria con dinero proveniente de actividades ilícitas. No se trata solo de la eventual apropiación de recursos públicos, sino de la inserción del aparato estatal dentro de circuitos de valorización que operan al margen —y en muchos casos en contra— de la legalidad vigente. En este sentido, la defensa cerrada del presidente refuerza la hipótesis de que estas prácticas no son desviaciones individuales, sino componentes vertebradores de un proyecto político.

La presencia de Milei en el recinto durante el informe de Adorni, lejos de aportar institucionalidad, tiende a reforzar la percepción de un gobierno que se repliega sobre sí mismo frente a la evidencia acumulada. En lugar de propiciar mecanismos de esclarecimiento, el oficialismo opta por la lógica del cerrojo político, apostando a la disciplina interna y al desgaste de la oposición. Pero esta estrategia tiene límites evidentes: a medida que se profundizan las investigaciones judiciales y se multiplican los indicios de irregularidades, el costo político de sostener este esquema se incrementa.

En última instancia, lo que está en juego en la comparecencia de Adorni no es solo su continuidad en el cargo, sino la viabilidad de un modelo de gobierno que ha hecho de la corrupción y la captura del Estado sus rasgos distintivos. La insistencia en una retórica anti-“casta” contrasta cada vez más con prácticas que reproducen e intensifican las formas más degradadas de la dominación burguesa. En este marco, el caso Adorni funciona como un punto de condensación donde se hacen visibles las contradicciones de un proyecto que, en su despliegue, revela su verdadera naturaleza.

La dirigente de UTE-Ctera, Antonella Bianco, analizó el aumento de situaciones de violencia en escuelas, el rol de los discursos públicos y el avance de respuestas punitivistas. Advirtió sobre la falta de recursos, la crisis social que atraviesa a las juventudes y la necesidad de reconstruir redes entre escuela, familias y comunidad.(*)

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En los últimos dos años más de ochocientas empresas bajaron sus persianas en la provincia. “Esto es la consecuencia lógica del modelo nacional que implementa Javier Milei, pero también del que en la provincia aplican el radicalismo y sus aliados desde 2001, cuando llegaron al gobierno tras la intervención federal”, puntualizó el Secretario Político del Partido Comunista de Corrientes, Diego Silva.

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La abogada y criminóloga Claudia Cesaroni analizó los recientes episodios de violencia vinculados a escuelas y advirtió sobre los riesgos de la criminalización juvenil. Señaló el acceso a armas, los discursos políticos violentos, el factor miedo y la falta de políticas de acompañamiento como factores clave, y propuso fortalecer los espacios de convivencia antes que profundizar respuestas punitivas.

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Hoy, en todo el país, es otro miércoles de movilización para los trabajadores jubilados y pensionados que vuelven a ganar las calles en momentos en los que se conocen más datos que confirman la gravísima situación que se vive: desde que Milei es presidente crecieron los porcentajes de mortalidad entre las infancias y los adultos mayores.

Leer más… Marchar por la vida

En su visita a Israel, emulando las amenazas de Donald Trump contra el pueblo iraní y el pueblo palestino, Javier Milei afirmó que “hay culturas con las que no podemos convivir” y arremetió otra vez contra el marxismo al calificarlo de “satánico”. En la previa a la celebración por el 78 aniversario de la fundación del Estado de Israel, firmó con el régimen de Benjamín Netanyahu  los “Acuerdos de Isaac” en materia de inteligencia. 

Leer más…Milei fogonea el genocidio

La Federación Juvenil Comunista celebró sus 105 años de vida con un evento político-cultural. Su coordinadora nacional, Guadalupe Viñuela Flores, subrayó ante los desafíos planteados por este contexto adveso “la necesidad de una FJC que este ahí, en cada frente, espalda con espalda con cada trabajador despedido, con los jubilados, con cada estudiante, para librar cada batalla por la liberación nacional y social”.

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Mientras desde los medios de comunicación masiva oficialistas se milita a favor del consumo de la carne de burro, los argentinos comen cada vez menos carne de vaca y los frigoríficos entran en crisis, con el consecuente impacto que esto trae aparejado para miles de trabajadores.

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Con la firma de Javier Milei se envió al Congreso un proyecto de ley que busca reformar integralmente la Ley de Salud Mental. La iniciativa gubernamental fue cuestionada por el psicólogo Pablo Torres, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social e integrante del Consejo Directivo Provincial de Cicop.

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Por DNU el presidente autorizó el ingreso al país de tropas estadounidenses para participar en ejercicios militares, algó que como  aseguró Jorge Kreyness “pone en riesgo la soberanía”. Todo esto representa para el Estado argentino un gasto de 895 millones de pesos, lo que equivale, por ejemplo, a la mitad de los fondos que el Ejecutivo se niega a disponer para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Rogelio de Leonardi, Secretario Político del Partido Comunista de La Rioja, alertó sobre la mirada del gobierno de Ricardo Quintela sobre la explotación minera. “Mientras no se resuelven problemas básicos, se avanza en estos negocios que no garantizan beneficios reales para la población”, aseguró.

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Milei se arrodilló una vez más ante sus jefes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Para el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Marcelo Rodríguez, esta nueva exhibición neocolonial “deja un panorama de la  crisis que atraviesa el gobierno, del desgaste que enfrenta ante el creciente malestar social y demuestra que la única alternativa que propone es seguir firme con la motosierra y el ajuste, causando peores condiciones de vida para los argentinos y favoreciendo el negocio de unos pocos”.

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La semana pasada participaron de una audiencia pública convocada por Diputados después de que el gobierno diera de baja el Volver al Trabajo. Ahí estuvo el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli, quien repudió esa decisión, tal como lo hizo Flavia Guardia desde su banca de concejal en Cañuelas. Mañana tendrá lugar un Congreso de la UTEP. 

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