“Lawfare sin freno”

“La decisión de la Corte contra Cristina marca un nuevo deterioro del estado de derecho”, con esta definición la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) fijó su postura respecto al “Lawfare sin freno”, que deriva de la decisión adoptada el martes por la Corte Suprema, la cual ratificó la pena que dictó en la causa Vialidad el Tribunal Oral Federal 2 y que después fue refrendada por la Cámara de Casación Penal, lo que hizo que quede firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa contra la expresidenta.

“Repudiamos la decisión de los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acaban de negarse a revisar la condena contra la presidenta del más votado partido de la oposición y en dos oportunidades Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, destaca una declaración dada a conocer ayer por la Ladh en la que se recalca que “su condena (en un juicio en el cual el fiscal y uno de los jueces jugaban en el mismo equipo amateur de fútbol) no fue el fruto de un procedimiento acorde a derecho, sino el destino prefijado de un expediente plagado de irregularidades, con violación a garantías tan elementales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley e incluso el principio de congruencia, por el cual ninguna persona puede ser condenada por hechos diferentes de los contenidos en su acusación”.

En este contexto, la Liga advierte que “no se trata de un hecho aislado” sino todo lo contrario, ya que “la persecución a Cristina Fernández se enmarca en una operación continental de recolonización imperial”. Y recuerda que, “desde hace largos años, los gobiernos estadounidenses, como servidores del capital transnacional más concentrado, se han dedicado a controlar los poderes judiciales (y fiscalías) de Nuestra América (por supuesto, no pudieron hacerlo con Cuba, que salió de su esfera de influencia hace más de sesenta años)”. Y añade que “cada vez que algún gobierno se atrevió a desafiar al aparato judicial de dominación, como en Venezuela y más recientemente en México, el imperio y sus lacayos se quejaron argumentando que se estaba destruyendo el Estado de derecho”.

En este sentido, puntualiza que “estos poderes judiciales que se encuentran al servicio directo de los grandes capitales utilizan de forma permanente una política de doble estándar”, ya que “garantizan la impunidad de quienes ejecutan los planes de hambre y destrucción de las fuerzas productivas, como así también la de quienes ordenan reprimir a los pueblos que reclaman por sus derechos o, por ejemplo, de los autores mediatos e instigadores de la tentativa de magnicidio contra la propia Cristina Fernández”. Mientras que, al mismo tiempo, “persiguen a quienes se oponen a sus políticas serviles y buscan excluir a través de la proscripción a las principales figuras políticas que no se les someten: Luiz Inácio Lula de Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador, Daniel Jadue en Chile, la propia Cristina, Amado Boudou y muchos otros en Argentina”. Y hace hincapié en que, “quien más ha sufrido con este Lawfare en nuestro país es Milagro Sala, quien ya lleva más de nueve años en prisión”.

En tanto que, remarca la declaración de la Liga, “a la persecución penal y proscripción se suman campañas gigantescas de difamación y demonización de las personas perseguidas, campañas apoyadas en la intencionada confusión entre la Justicia (un valor que todos consideramos deseable) y el Poder Judicial (un aparato de control social al servicio de los más poderosos, con pruebas tan groseras de esa relación como el escándalo impune de Lago Escondido o las también impunes “visitas” de jueces a Mauricio Macri cuando era Presidente)”.

Porque, denuncia la Ladh, “el objetivo final de estas acciones es garantizar la plena sumisión a las políticas imperiales”, de ahí que “busquen destruir lo que queda del Estado de derecho y reemplazarlo por un Estado de derecha, donde los progresistas e izquierdistas puedan ser perseguidos libremente e incluso expulsados del país, si fueran extranjeros (como en la Ley de Residencia 4.144, sancionada por la oligarquía que tanto añoran)”.

En su pronunciamiento, la Liga también se detiene a reflexionar sobre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Los tres cortesanos que firmaron la denegatoria del recurso contra la condena de Cristina carecen de legitimidad para estar en ese cargo, del que deberían haber sido removidos cuando este año  aceptaron la designación inconstitucional por decreto de otro personaje igualmente repudiable”, denuncia la Liga y recuerda que “dos de ellos, previamente, habían aceptado ser designados ellos mismos por decreto, por lo que en realidad nunca tendrían que haber llegado a integrar ese tribunal”.

Además “en 2021, los tres declararon inconstitucional la ley que regía el Consejo de la Magistratura (lo cual podía estar dentro de sus facultades) y repusieron en vigencia una ley ya derogada (otra acción escandalosa, que debería haber motivado su remoción). Y no debemos olvidar tampoco el fallo “Levinas”, por el cual diversas causas (entre ellas, la del policía Chocobar) pasaron a tratamiento del Tribunal Superior de Justicia de C.A.B.A. (donde la derecha tiene una mayoría de cuatro votos contra sólo uno progresista) y cuyo objeto es, además, destruir el fuero nacional del Trabajo, donde todavía existen jueces que resuelven a favor de los trabajadores”.

Por todo esto, la Liga convocó “al pueblo argentino para que no deje pasar este nuevo avance de la derecha, cuyo objetivo es negar a la clase trabajadora todos los derechos que fue conquistando con sus luchas durante el siglo XX” y en este sentido recalcó que “es hora de salir en unidad a repudiar a este Poder Judicial y a sus jefes, los que empobrecen y hambrean a nuestro pueblo”.