Así caracterizó al informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia en respuesta a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos presentadas durante los meses de mayo y junio en el marco de las masivas movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz. La abogada de la LADH, calificó de “falaz” el informe expuesto e indicó que con él se intenta responsabilizar a quienes protagonizaron los bloqueos por las muertes que hubo”.
“Es un informe falaz en el que se intenta, de alguna manera, responsabilizar a quienes protagonizaron los bloqueos por las muertes que hubo”, advirtió la abogada Andrea Reile, al referirse al informe oficial presentado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia en relación al escenario de represión estatal contra la movilización popular que se profundizó durante mayo y junio, y donde se registraron veintidós personas asesinadas, 88 manifestantes heridos y 573 detenidos.
Reile, que formó parte de la misión observadora de derechos humanos que viajó el mes pasado desde Buenos Aires a Bolivia para inteiorizarse de la gravísima represión estatal y denunciarla internacionalmente pero fue deportada e impedida de llevar a cabo su cometido, recalcó que “la Defensoría debe ser un órgano objetivo en la relación entre gobernantes y gobernados”. No obstante, lamentó que “en este caso eso no sucede”, ya que “desde hace unas semanas ese organismo fue respondiendo a presiones provenientes desde el esquema parlamentario afín al gobierno de Rodrigo Paz y es en este marco en el que sale su informe”.
Andrea Reile forma parte del equipo de abogados de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y fue contundente al señalar lo indigno que representa argumentar que “la responsabilidad por las muertes es de los manifestantes y no del gobierno”. Y reafirmó que “esto también sucedió con las detenciones arbitrarias que se dieron durante 2025”. Con sobrados argumentos y pruebas evidentes, insistió con que “la fidelidad del informe de la Defensoría es altamente cuestionable”.
La abogada de la LADH de Río Negro formó parte de la Misión de Derechos Humanos integrada por miembros de organizaciones políticas, socialea y sindicales de Argentina, entre ellas el PC, que a principios de junio viajó rumbo a La Paz convocada por sus pares bolivianas para interiorizarse acerca de la situación que durante esos días se vivía ahí como consecuencia de la represión estatal reinante en un escenario en el que la Presidencia Paz avanzaba en el dictado del Estado de Excepción y se profundizaba la represión contra las movilizaciones lideradas por la Central Obrera Boliviana y el movimiento campesino.
La Misión pretendía trabajar en el propio escenario de los hechos para confeccionar un informe certero sobre lo que venía sucediendo, pero esto se frustró cuando a poco de desembarcar en el aeropuerto del El Alto, fue interceptada por personal policial que impidió que sus integrantes abandonaran la zona internacional, donde debieron permanecer hasta que se ejecutó la orden de deportación hacia Argentina, algo que contó con la connivencia del gobierno de nuestro país.
Más allá de todo esto, la tarea de quienes integran la Mesa continúa, tal como lo hace el proceso de resistencia popular al modelo socioeconómico que, a instancias de los dictados de Washington, intenta imponer la Presidencia Paz en sintonía con lo que por acá lleva adelante el gobierno neocolonial de Milei. “Hay una cuestión de organización y resistencia que viene desde mucho tiempo antes de esta situación coyuntural que hizo eclosión en mayo”, subrayó Reile y reflexionó que “en esto de poder sostener la resistencia resulta clave el papel que tienen organizaciones como la Túpac Katari en la organización comunitaria para los bloqueos, una táctica que usó hace 250 años Túpac Katari y que constituye un acervo ancestral que es llevado hoy a la protesta social, brindándole herramientas que le son de mucha utilidad”. Esto, indicó, “no vamos a verlo en otros lados donde no tenemos arraigada esa ancestralidad indígena”.
¿Pero cuál es el cuadro de situación actual en Bolivia? “El movimiento social es muy decidido y resistente”, valoró la abogada de la LADH y conaideró que pese a que se abrieron canales de diálogo en un marco en el que el gobierno avanzó en detenciones políticas como la del titular de la COB, Mario Argollo, y su par de la Túpac Katari, Vicente Salazar, “la moneda sigue en el aire,el conflicto no cesó y, por lo tanto, el gobierno filofascista no ganó”.
Después de recordar que en ese escenario en disputa también se inició una causa judicial contra Evo Morales, Andrea Reile alertó que en Bolivia se asiste a “una forma de persecución similar a la que vemos en Argentina, aunque en otra escala, que es la persecución judicial a dirigentes, y que a la criminalización de la protesta social atravesada por detenciones arbitrarias de población en general, le suma el encarcelamiento puntual de dirigentes sociales que tienen una gran capacidad a la hora de convocar a movilizar”.
