En La Rioja la extrema derecha busca voltear al gobierno que preside Ricardo Quintela. La Asociación de Maestros y Profesores se declaró en estado de alerta “ante un por demás complicado escenario político, económico y social”.
La Rioja aparece como uno de los objetivos elegidos por la Presidencia Milei para hacer pedagogía: mientras niega acceso a recursos de la coparticipación federal de impuestos que legítimamente reclama la provincia y que son vitales para sostener a su administración pública, la task force local de La Libertad Avanza, intenta limar a la gestión que encabeza Ricardo Quintela.
Frente a esto, con el auspicio de los abogados Andrés Gil Domínguez y Jorge Yoma, Quintela va a reclamar ante la Corte Suprema el pago de 9.300 millones debidamente actualizados, que son recursos adeudados y retenidos ilegalmente por el gobierno nacional, que corresponden al ejercicio 2023 del Presupuesto General de la Nación, a lo que se suma la demanda del reconocimiento y actualización de 47 mil millones correspondientes a la reconducción del Presupuesto 2024 que, oportunamente, hizo La Rosada. Y, al respecto, cabe aclarar que se trata de dinero que no integra las partidas de Transferencias Discrecionales de la Nación.
Este verdadero agujero en las arcas riojanas, es algo que en primera instancia se traduce en dificultades a la hora de cumplir con los compromisos que tiene la gestión, en principio el pago de salarios. Y con este telón de fondo, crece en La Rioja el pustch que busca que Quintela quede sin margen de gobernabilidad.
El puntapié inicial lo dio un grupo de policías que intentó tomar la Casa de Gobierno el viernes 12, en el contexto de una concentración convocada por demandas salariales. Y, desde entonces, sentado sobre el quince por ciento que obtuvo en las elecciones provinciales y el treinta de Juntos por el Cambio, el menemismo de avanza en la tarea de tensar la situación, ilusionado con una fractura institucional que sea capaz de servir de excusa para una intervención federal.
Uno de los principales referentes liberticidas de La Rioja, Fabricio Gómez, lo dijo sin ningún tipo de pudor cuando al participar en la movilización policial aseveró que estaba en marcha un plan para que la provincia sea intervenida y Martín Menem sea el que quede a cargo. Y precisamente, Martincito, se tomó un tiempo en medio de la rosca legislativa que encabeza por estos días, para convocar “a la ciudadanía a defenderse de las autoridades provinciales”.
En este sentido, el ejecutivo riojano tuvo que salir a aclarar que se va a efectivizar en pesos la recomposición salarial del setenta por ciento que dispuso para el personal policial, a lo que se suma otro treinta pagadero a mediados del mes venidero. Y que lo mismo va a pasar con los ochenta mil acordados para el resto de los empleados públicos, lo que incluye a los docentes, además de los cincuenta mil que cubrirán lo correspondiente a contratos y becas.
Vale recordar que la semana pasada, la Legislatura autorizó al ejecutivo a emitir bonos de cancelación de deuda por un equivalente a 22.500 millones de pesos, medida con la que se busca enfrentar la crítica situación financiera que vive La Rioja y a su vez aportar a sostener la economía local.
Un panorama complicado
Frente a este panorama, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), se declaró en estado de alerta “ante un por demás complicado escenario político, económico y social” y lo hizo tras mantener durante la semana pasada reuniones en las que se analizó el actual escenario que, recalcó, “presenta a una provincia políticamente aislada del gobierno nacional, por decisión del gobierno de Milei”, por lo que “se ve obligada a emitir una moneda de curso legal propia, con el objeto de garantizar su funcionamiento y el pago en tiempo y forma de los salarios públicos”.
Y, en idéntica dirección, el sindicato que preside Rogelio de Leonardi fustigó a la Presidencia Milei “que expresó que no hay plata y busca denodadamente la aprobación de un DNU que cercena los derechos básicos de todo trabajador como lo son la jornada laboral, la estabilidad, las condiciones de despido y desempleo”. Por lo que “nuestra provincia busca opciones para administrar los recursos con los que cuenta”.
Pero asimismo, recordó que ante la afectación de los derechos de los trabajadores de la educación, que suponen las medidas decididas por el ejecutivo nacional, la AMP presentó un recurso de amparo. Y también advirtió que de cara al comienzo del ciclo lectivo, enfrenta la negociación salarial “en un escenario por demás desalentador y peligroso” a raíz del “cambio vertiginoso de las condiciones financieras y sociales que imponen las profundas transformaciones que Milei propone con su DNU”.
Y, ante la inminente definición parlamentaria del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus, la AMP se entrevistó con los diputados nacionales Hilda Soria, Ricardo Herrera y Gabriela Pedrali. “Esta acción, propuesta por el sindicato, busca hacer llegar a los ediles el mandato que, como pueblo y organización sindical en representación de trabajadores, cabe para frenar la aplicación del DNU y Ley Ómnibus impuestos por Milei y que cercena todo lo conquistado hasta ahora”, definió la AMP.
