El Partido Comunista de la Argentina volvió a pronunciarse contra la proscripción del dirigente del PC chileno, a quien el Poder Judicial le impide se candidato a diputado.
El Partido Comunista de la Argentina hizo público su “profundo rechazo a la continuidad de la persecución judicial contra líderes populares en Nuestra América” y recordó que “así como se ha proscripto en Argentina a Cristina Fernández, en Chile, el camarada Daniel Jadue es víctima del lawfare, expresado en la violación de uno de sus derechos políticos más elementales: la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra”.
Lo hizo saliendo al cruce de la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones que inhabilitó su candidatura a diputado, amparándose en lo que el PCA no dudó en calificar como “un proceso judicial claramente manipulado y con motivaciones políticas, basado únicamente en un acto administrativo, sin que se haya iniciado su juicio y, por supuesto, sin que exista condena alguna”.
En tal sentido, por medio de una declaración de su Secretariado nacional, el PCA hizo hincapié en que resulta preciso “defender el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes mediante el voto popular”, por lo que puntualizó que “desde aquí, expresamos toda nuestra solidaridad con el camarada Daniel Jadue y exigimos que se revierta esta decisión, motivada por razones políticas y no legales”.
Como se recordará, el año pasado, Jadue fue procesado y encarcelado a raíz de una denuncia que surgió de una trama en la que aparece como principal querellante la abogada María Paz Guerra, quien es hermana del ex fiscal Manuel Guerra, que ejerció como titular de fiscales en el mismo periodo de tiempo con Andrés Montes, pareja de la fiscal persecutora de Daniel Jadue, Giovanna Herrera Andreucci.
Por ese motivo la fiscal Herrera Andreucci fue denunciada por prevaricato en conjunto con los abogados querellantes de Best Quality y sus dueños, quienes serían parte de una banda delictiva que vende permisos de circulación, licencias de conducir, drogas y armas. Esto fue utilizado por la cuestionada fiscal para “armar” un caso en contra de quien fue alcalde de Recoleta y precandidato presidencial por el Partido Comunista.
La maniobra que involucró a Jadue es un claro caso de lawfare. Se acusó al alcalde comunista de haber cometido delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal. Todo sencillamente porque como titular del ejecutivo municipal de Recoleta, creo una red denominada “Farmacias Populares” que lo que hizo fue vender a precios más accesibles medicamentos y otros productos sanitarios, algo que planteó una competencia que las cadenas comerciales que concentran la actividad farmacéutica nunca le perdonaron.
Asimismo, Jadue se plantó contra el poderoso sector inmobiliario cuando implementó un sistema de viviendas populares que permite el acceso a la casa propia a menor precio del que infla la corporación que domina ese sector, así como una línea de políticas que apoyan a las personas que tienen alquilar un sitio para habitar. Por políticas públicas como estas, que benefician fundamentalmente a los sectores populares, es que la clase capitalista no lo perdona y por eso Jadue continúa en prisión domiciliaria, en el marco de proceso de hostigamiento que ahora tiene un nuevo capítulo con esta inhibición que se le hace para presentarse como candidato a diputado.
