Este domingo se realizan en Colombia elecciones decisivas para afianzar y profundizar el rumbo progresista que viene impulsando desde hace cuatro años el gobierno de Gustavo Petro. Para la presidencia, el Pacto Histórico ya tiene un candidato, se trata de Iván Cepeda Castro, que hoy lidera todas las encuestas de votación pero que no participará de las consultas, ”lo que permitiría ir acumulando apoyos para conformar un espectro de fuerzas mucho mayor en favor de los cambios” indica Pietro Lora Alarcón, integrante de la Comisión Internacional de la Unión Patriótica en este artículo para NP. Para el Senado la lista es encabezada por Carolina Corcho, y en ella se destacan otras dos mujeres, “luchadoras populares de gran calado en el pueblo”, Aida Avella, presidenta de la UP y María Eugenia Londoño, miembro del Partido Comunista Colombiano.
Este domingo 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas en Colombia, que comprenden la votación para la Cámara y el Senado del Congreso. El pueblo elegirá 187 representantes y 108 senadores. Y también, este mismo día, se realizarán varias consultas para definir candidatos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
La unidad del pueblo, una característica de la coyuntura, para enfrentar a la derecha
En esta coyuntura electoral hay elementos peculiares, que revelan la intensidad de las contradicciones de clase que atraviesa la sociedad colombiana. Especialmente, es fácil percibir el interés de los sectores dominantes, grandes empresarios y corporaciones, apoyados por los monopolios de la comunicación, por continuar ejerciendo sus prácticas de poder, manipulación y aumentar sus ganancias, sobreexplotando a los trabajadores y el conjunto del pueblo, obstaculizando el proceso de reformas emprendidas por el “Gobierno del Cambio” de Gustavo Petro.
Pero también, por otro lado, se torna evidente el grado de unidad, de organización y de lucha popular en torno a un proyecto de transformaciones, de búsqueda de paz y soberanía, de redistribución de la riqueza. Ha crecido una subjetividad palpable, en favor de los cambios, movilizada de manera casi permanente.
Es esa la movilización que ha permitido resistir al conjunto de mecanismos impulsados por la derecha para impedir el fortalecimiento del Pacto Histórico. Este nuevo partido, en el 2022 era apenas una coalición, pero que hoy, como organización política unitaria, constituye el núcleo que aglutina a las más diversas fuerzas del especto de la izquierda y del movimiento social colombiano, incluidos el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, la Colombia Humana y sectores del movimiento social organizado.
Esta unidad, que trascendió de lo reivindicativo-económico a lo político -electoral, construida con el diálogo y la persistencia, es la fuerza que genera tanto miedo a la derecha, que la obliga a debatirse agresivamente y, en este contexto, a intentar sabotear y, como se ha venido denunciando, a realizar acciones preparatorias que avizoran intentos posibles de corromper el resultado electoral en el caso de que le sea desfavorable. Por eso se ha llamado al “cuidado del voto”, a la fiscalización popular permanente en este proceso.
La fuerza en el legislativo es fundamental para avanzar
Para el Pacto Histórico, ganar la mayoría en el Congreso, conquistando una presencia significativa al lado de otras fuerzas que manifiestan disposición y ánimo de avanzar en acuerdos concretos, en el debate de los proyectos legislativos necesarios para las reformas estructurales que reclama el pueblo, es fundamental.
En el 2002, en una lista cerrada y paritaria, conformada por hombres y mujeres alternadamente en su composición, el Pacto obtuvo 26 curules en la Cámara y 20 en el Senado, siendo la lista más votada en el país.
Sin embargo, no hay que olvidar que desde un comienzo del gobierno de Gustavo Petro, las fuerzas conservadoras y reaccionarias del Centro Democrático, además de otros sectores que igualmente navegan en las aguas de la corrupción, vinculados a intereses excusos, así como aquellos que juegan a dos bandas y a votar, no por la seriedad y naturaleza de los proyectos comprometidos con el interés popular, sino que trabajan para el mejor postor, han puesto toda suerte de talanqueras para que no se implementen las reformas.
La derecha se opuso a la reforma a la salud, porque desea que este importante servicio público y auténtico derecho social continúe en manos de las grandes corporaciones que viven de recursos transferidos por el propio Estado, en un negocio millonario. Se opuso al aumento del salario mínimo, con el argumento de que el decreto promulgado por el gobierno que lo eleva a un 23,78%, para garantizar comida en la mesa de millones de familias, fue determinado sobre la base del concepto de “salario vital”, que fue construido por la OIT y no está en la legislación nacional, y que por tanto no es vinculante.
Claramente, la finalidad de la derecha es que el gobierno no interfiera en el botín de recursos que se vienen repartiendo hace años y para eso, o se niegan a efectivar lo que garantiza la constitución, como cuando promueven toda suerte de barreras contra la jurisdicción agraria, que podría solucionar conflictos en el campo y permitir algo de transparencia en este sector, o van al poder judicial, como pasó con la reforma laboral o de las jubilaciones, proyectos aprobados luego de una lucha insistente en el Congreso.
El juego de los reaccionarios es generar incertidumbre, desinformar, y que los proyectos de reformas estructurales no se consoliden, tergiversando las propuestas, buscando interpretaciones jurídicas distantes del interés plasmado en la Constitución de conquistar el bienestar popular, impidiendo que ingresen de inmediato en el día a día del pueblo con la máxima efectividad.
Ahora bien. Es claro que la derecha juega su papel. La izquierda y el pueblo no esperan nada diferente, y por eso es que la pelea es franca y abierta, a pulso y sin concesiones que puedan entorpecer el camino del cambio, con movilización territorial y acción política y jurídica permanente.
Lógicamente, aunque en la coyuntura inmediata aún no existen manifestaciones abiertas, no se descarta el “factor Trump”, que constituye una esperanza permanente de la derecha, para que sea realizado el hostigamiento ya conocido en otros países de la región y desde los EEUU sus voceros se pronuncien agresivamente contra el Pacto, e incluso insistan en sus amenazas al presidente.
La jornada del 8 de marzo y las elecciones presidenciales
El Pacto Histórico, los sectores democráticos y populares, se presentan a esta contienda electoral del 8 de marzo con listas cerradas y cremalleras, alternando hombres y mujeres. El voto por el logo del Pacto es el voto por la lista.
Para el Senado la lista es encabezada por Carolina Corcho, y en ella se destacan otras dos mujeres, luchadoras populares de gran calado en el pueblo, Aida Avella, presidenta de la UP y María Eugenia Londoño, miembro del PCC y cuya historia se enmarca en el combativo sector de los educadores y de las educadoras del país.
Para la Cámara, en los territorios la lista es variada, pero cuenta con hombres y mujeres de la talla de Gabriel Bezerra, Alirio Uribe, María Fernanda Carrascal, Daniela Vega y destacados lideres y liderezas regionales y locales. Como candidata de la gran colombianidad en el exterior a la curul internacional en la Cámara, Heidy Margarita Beleño, residente en Venezuela, encarna la lucha migrante, de las víctimas y de las mujeres del Pacto.
Para la presidencia, el Pacto Histórico ya tiene un candidato, se trata de Iván Cepeda Castro, que hoy lidera todas las encuestas de votación. Pero Iván Cepeda no participará de las consultas, lo que permitiría ir acumulando apoyos para conformar un espectro de fuerzas mucho mayor en favor de los cambios en Colombia, porque simplemente el Consejo Nacional Electoral -CNE-, órgano político, conformado por representantes de los partidos y mayoritariamente con presencia de la derecha, decidió que no podría participar bajo el pretexto de que ya lo hizo en una consulta interna en el Pacto.
El argumento, además de débil, es profundamente antidemocrático, porque cercena la posibilidad de ir construyendo diálogos y avanzando propositivamente hacía un proyecto de vida distinto para la comunidad colombiana.
Aunque el CNE, finalmente, después de mantener al país y a la militancia del Pacto en vilo en un periodo en que es esencial decidir con presteza y eficiencia para poder viabilizar la inscripción de las candidaturas del Pacto, decidió, - reiteramos, ¡por fin! – el 3 de marzo, que el partido Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, se fusiona legalmente con el Pacto Histórico. Esto ha sido el resultado también de una exigencia popular y una batalla jurídica de largo aliento.
Amenazas y cuestiones técnicas
El contexto de esta elección tiene factores nacionales e internacionales, pero también aspectos técnicos, que no dejan de ser resultado de las opciones políticas que a lo largo del tiempo ha tomado la derecha para favorecer sus privilegios.
La MOE – Misión de Observación Electoral – que monitora el proceso, expresa que hay 170 municipios en el país donde coinciden la violencia y la posibilidad del fraude en la votación. Mientras tanto, persiste una campaña de estigmatización política contra el candidato a la presidencia Iván Cepeda, formulando acusaciones que pretenden asociarlo, de manera irresponsable y peligrosa, con el conflicto armado interno, tergiversando la verdad.
En realidad, Iván Cepeda es hijo de Manuel Cepeda Vargas, dirigente y senador del Partido Comunista Colombiano asesinado en agosto de 1994. Es decir, Iván es una víctima del conflicto. Pero en Colombia, la estigmatización es una de las armas a las cuales más recurre la derecha para justificar los ataques violentos y las mayores agresiones a la vida y las libertades de la izquierda y de los sectores comprometidos con el pueblo.
Por otro lado, hay aspectos técnicos importantes que la comunidad internacional ya conoce, pero en los cuales se debe insistir: el propio presidente Gustavo Petro ha alertado sobre la dependencia excesiva del software que computa la votación y que manejan empresas privadas; igualmente, de la ausencia de un sistema de control republicano, o sea, de vigilancia y fiscalización de todo el proceso.
Esto es significativo. Recordemos que en las elecciones del 2022 varias mesas no registraban votos en favor del Pacto Histórico y luego, en la verificación y el reconteo, se comprobaron, en medio de una dura refriega, los votos por el Pacto, lo que permitió recuperar por lo menos 2 curules en el Senado.
Como constatan analistas internacionales y registra entre otros el periodista colombiano Gabriel Pérez, lo que se observa es la captura a lo largo del tiempo y de forma progresiva de las elecciones, por una mezcla de coerción armada, clientelismo local y tercerización del funcionamiento del sistema que computa la voluntad popular.
Todo esto hace parte de la antidemocracia y la corrupción que han caracterizado el funcionamiento electoral y que ha sido desafiado y combatido por el gobierno del cambio.
Históricamente al pueblo le han arrebatado el derecho a elegir con libertad. Para nadie es un secreto el asesinato de candidatos de la izquierda, lideres y liderezas populares durante décadas, y que incluso la Unión Patriótica y el Partido Comunista han sufrido un auténtico genocidio, con más de 6 mil militantes asesinados década atrás.
Es ese el panorama que Colombia tiene que cambiar definitivamente. El país ha comenzado a transformarse y en el día de la mujer, este 8 de marzo, el Pacto Histórico continúa apostando en la vida, la alegría, la soberanía y los derechos de la gente. Es una batalla por la paz y el futuro de esperanza que tanto se merece el pueblo colombiano.
